primera decisión del sucesor de Carmena

Atascos, polución y protestas el primer día sin multas de Madrid Central

Activistas de Greenpeace, en la calle de Alcalá.

Activistas de Greenpeace, en la calle de Alcalá. / periodico

Manuel Vilaseró

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El primer día de Madrid Central sin multas se ha saldado con más contaminación, protestas y colapsos de tráfico. Al efecto llamada de una prohibición que no entraña ninguna sanción han acudido miles de conductores  atrapados en atascos de esos que decía añorar la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por vez primera desde que entró en vigor la medida, han podido verse a los coches más contaminantes que carecen de la etiqueta ambiental de la DGT circulando impunemente por zonas vetadas al tráfico incluso por los anteriores alcaldes del PP, Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón, y que habían sido absorbidas por la zona de bajas emisiones creada por la alcaldesa Carmena.

La batalla se ha iniciado casi de madrugada. En los principales accesos del área restringida se han apostado piquetes de la Plataforma en Defensa de Madrid Central que intentaban convencer a los conductores de vehículos sucios. Era en vano. Los que habían decidido aprovechar la patente de corso acordada por tripartito de la derecha no estaban dispuestos a darse la vuelta.

La acción

Greenpeace optó por una acción más contundente. Una veintena de activistas se encadenaron a un paso de Cibeles, cortando el acceso por la calle Alcalá, y recibiendo el ánimo de algunos viandantes y ciclistas. Ahí han permanecido durante una hora. Esperaban a que el nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, recibiera a representantes de la Plataforma pero antes de que este respondiera la policía los ha desalojado. La oenegé ha recordado que la mddia ha reducido la contaminación "a su nivel más bajo en 10 años".

Desde el vecino Palacio de Cibeles, el alcalde ha respondido a la oenegé ecologista con argumentos de cuñado. "Hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer estas acciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí encadenados".

La irritación de los taxistas

Los más irritados contra la decisión eran los taxistas. Acostumbrados a cruzar la zona con relativa facilidad ha quedado atrapados de nuevo en las caravanas de vehículos. Jesús contaba como han tenido que volver a competir con turismos y furgonetas que "hacía meses que no veíamos por aquí".

La percepción de este taxista se vio confirmada por la cifras. La circulación por la M-30 aumentó a primera hora casi un 6% respecto a la misma fecha del año anterior. Y a más más coches y más contaminantes, más polución. Aunque no pueden sacarse conclusiones defintivas de los datos de unas pocas horas, es significativo que la única estación de medición de la calidad del aire en el interior de Madrid Central, el de la plaza del Carmen, registrara un subidón de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2).

Críticas del New York Times

De la polémica se ha hecho eco hasta el New York Times que en su edición del domingo reprochaba a Madrid haberse convertido "en la primera gran ciudad europea en revertir la prohibición de los vehículos de alta emisión y en permitir el acceso sin restricciones a una zona que fue acotada hace menos de un año". "Los gobiernos locales de toda Europa han pasado más de una década poniendo en marcha leyes que restringen el acceso de vehículos a las zonas centrales de muchas ciudades en un esfuerzo por mejorar la calidad del aire tanto para vecinos como para turistas. Pero, a partir del lunes, Madrid avanzará en dirección contraria", destaca el rotativo estadounidense.

La batalla seguirá. No puede darse por perdida para los defensorres de la primera zona de bajas emisiones de España. Formalmente lo que se ha iniciado este lunes es una moratoria en la imposición de multas que durará tres meses, mientras el PP, Cs y Vox se ponen de acuerdo sobre como revertir o reformar Madrid Central bajo el escrutinio de la Comisión Europea, la OMS y los tribunales que deberán examinar los recursos judiciales anunciados por varias organizaciones ecologistas y el PSOE.