CONFLICTO

Educadores de una entidad denuncian coacciones y desatención a los 'menas' que acogen

La Cooperativa Eduvic acusa los trabajadores de mentir y no colaborar con el comité de empresa

Un menor mira por la ventana en un centro dependiente de la Generalitat.

Un menor mira por la ventana en un centro dependiente de la Generalitat. / RICARD CUGAT

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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Educadores que pagan habitaciones de hotel para poder trabajar, menores de 14 años sin escolarizar y una instalaciones que no están preparadas. Estas son algunas de las reivindicaciones que un grupo de empleados de la Cooperativa Eduvic han planteado este jueves en rueda de prensa. “La Generalitat sabe que estamos desatendiendo a los niños, solo esperan que todo estalle”, ha sentenciado uno de los empleados, Conrad Ruiz. La empresa asegura que estos trabajadores falsean la realidad. Solo admiten haber tenido que alojar a los jóvenes en hoteles, albergues y casas de colonias por la dificultad que supone el rechazo social hacia estos menores

En el último año, la Cooperativa Eduvic, que gestiona una decena de centros del sistema de protección de la Generalitat, ha pasado de 170 a 450 trabajadores, según confirma la propia empresa. El motivo, la apertura de varios centros de emergencia y acogida para los menores migrantes sin referentes familiares en Catalunya. Según estos trabajadores, el comité de empresa se deshizo, y los trabajadores aseguran haber estado sometidos a una “presión brutal”. Tras varias asambleas, unos 60 empleados decidieron crear la plataforma ‘Eduvic en Lluita’, para canalizar sus demandas y críticas frente a la “nefasta atención social” que reciben los menores. La empresa asegura que el comité sigue exiendo, aunque ha perdido dos personas, y achaca que este colectivo nunca ha querido participar del comité ni trasladadarles a ellos sus inquietudes.

Jóvenes "desatendidos" 

Según los cálculos de los empleados, han sido 13 jóvenes los que, en las últimas semanas, han sido desalojados de los centros de protección por haber cumplido la mayoría de edad. “No tienen familia, no tienen amigos ni tienen recursos aquí, se van a la calle”, ha dentenciado Ruiz, que asegura que hay quien ha optado por alojar los chicos en su casa de forma provisional. Àngela Nicolotti, miembro de la junta de la entidad, asegura que esta situación se ha dado en solo una o dos ocasiones a lo largo del año pasado. "Estos datos no son ciertos, aunque cuando nos ha sucedido ha sido muy duro y alargamos su estancia más tiempo de lo debido", explica.

No es el único problema que viven los menores según los trabajadores. “Hay niños de 13, 14 o 15 años que no están escolarizados”, ha explicado. Niolotti lo niega. "Los que no están yendo a clase están aprendiendo catalán para poder entrar en la escuela y enterarse de la docencia", sentencia. Otra crítica de los trabajadores es que los niños con problemas mentales o adicciones no están siendo correctamente atendidos por los psicólogos, que van "saturados". La entidad asegura que los casos más graves han sido trasladados a equipamientos adaptados, y el resto reciben atención psicológica y educativa individual.

Centros sin acondicionar

Ruiz también ha criticado las “nefastas infraestructuras” en las que tienen que trabajar. Como ya ha contado este diario, hay hoteles, hostales o casas de colonias que prestan este servicio. Han puesto el ejemplo de un centro que aloja a menores en un hotel de Calella. La entidad admite estar usando dos hoteles provisionales donde se los menors conviven con turistas, además de albergues y casas de colonias en uso exclusivo a más largo plazo. "Tenemos graves problemas para encontrar alojamientos, cuando los propietarios saben que son para menores migrantes dicen que no nos lo alquilan", asegura esta representante empresarial. Y pone de ejemplo el lugar donde debían instalarse menores en Rubí y que ha sido paralizado.

El otro está en Calella. “Estos trabajadores han sido desplazados de centro hasta en cuatro ocasiones en menos de un año”, ha explicado el trabajador. “Algunos de ellos están pagando de su bolsillo una habitación del hotel para dormir porqué no tienen tiempo para regresar a su casa y volver al día siguente”, además de criticar no tener ni dietas para el transporte.  Añaden que tienen que convivir con humedades y mal estado de las instalaciones “En el centro de Masnou hace pocos días cayó el techo de una habitación”, ha asegurado. La empresa niega que ningún trabajador haya tomado esta medida y dice haber facilitado opciones de taxi para los trabajadores para volver a casa, aunque por un "problema con los proveedores" no lo han podido mantener.

Quejas laborales

Pero más allá del espacio y la atención recibida, los educadores e integradores sociales lamentan las condiciones laborales en las que trabajan. “Cuando un compañero recibe una agresión, Eduvic nos deja solos”, ha dicho Ruiz. No solo eso, aseguran que la empresa no les permite ir a la mutua a hacer el parte para evitar que el incidente conste en las esadísticas de la Dirección General de Atención a la Infancia. "Esto es falso, lo único que les hemos dicho es que tienen que ir al momento porque algunos iban hasta cuatro días después de la agresión", sentencia la portavoz empresarial, que asegura que la dirección de la cooperativa ha estado siempre dispuesta a acmpañar a hacer la pertinente denuncia.

Los empleados lamentan que han estado varios meses cobrando con restricciones, debido a los impagos del ‘Govern’ a las entidades sociales. Aseguran que los contratos son precarios: “algunos están cobrando en negro porque no han sido dados de alta en la seguridad social, el resto estamos con contratos de obra y servicio aunque llevemos casi un año”. La empresa lo niega, aunque reconoce que no pudo hacer contratos durante una semana de agosto, cuando ampliaron los centros y recursos humanos no daba abasto. Un problema resuelto explican, con la contraración de dos personas más. Los trabajadores insisten que si un trabajador no acepta ser trasladado lejos de su domicilio, la empresa les obliga a ir al paro de forma voluntaria. “Esto no es legal”, ha asegurado este empleado. Desde la cooperativa explican que lo único que pueden ofrecer es constar en la borsa de educadores para volver a ser contratados en cuanto haya ocasión.

Dicen que el Govern lo sabe

Todas estas críticas laborales, dicen los empleados, las han hecho llegar al Síndic de Greuges, a los gestores de su empresa y a la misma Generalitat. “La DGAIA tiene miles de informes contando esta situación, son conscientes de todo lo que está pasando y les da igual, no quieren cambiarlo”, ha afirmado. “Esto es maltrato institucional, racismo, una aberración y dejadez de funciones insoportable”. La empresa replica que los tarabajdores solo se han puesto en contacto con ellos a través de twitter.

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La Generalitat niega los hechos

El Govern niega que haya ningún niño desatendido, tal y como aseguran los empleados de la empresa. "Desmentimos rotundamente que haya niños sin escolarizar en . los centros de larga estancia", dicen fuentes de Afers Socials. Sí admiten estar usando hoteles y algbergues para alojar los menores. Una situación que tildan de "provisional" y que emmarcan en una "emergencia humanitaria". Además, aseguran que los menores con necesidades epecíficas son deribados a otros centros, y defien que hacen "todo lo posible para para resolver problemas e incidencias". 

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