Las criticas de un juez a Infància llegan al Parlament

La sentencia de un juez de L’Hospitalet que recriminaba a la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat y otros organismos públicos la retirada a una madre de la custodia de su hija, a la vez que instaba a la fiscalía a que averiguara lo sucedido, ha provocado que la diputada Marta Ribas, del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, pregunte al Ejecutivo catalán si la entidad de protección de los menores ha abierto una investigación interna para determinar las “responsabilidades ante las negligencias” probadas en la resolución judicial. El togado reprochó que se apartara a una niña de su madre a raíz de una simple denuncia anónima e informes técnicos sin datos objetivos, basados “en creencias y suposiciones”, como que la actual pareja de la mujer es de etnia gitana.

“Es una sentencia durísima por los detalles que aporta de descalificación del procedimiento empleado por el sistema de protección a la infancia para valorar, justificar y realizar la retirada de  la custodia de una menor”, asegura  Marta Ribas. “Es un nuevo caso preocupante sobre prácticas poco claras y poco rigurosas de los servicios de protección a la infancia. Estoy segura que este tipo de casos son minoritarios, pero es evidente que existen y nos preocupa que no tenemos ninguna evidencia que el propio sistema de protección actúe para evitar que se repita”, recalca la diputada. A su entender, "se ha convertido en un sistema muy intervencionista y poco activo en la prevención y eso es perjudicial para las familias, para el propio sistema y, especialmente, para los menores objeto de protección”. De ahí que reitere la necesidad de revisar “todo el sistema” por el “bien de todos”.

La DGAIA ha solicitado al juzgado una copia de la sentencia y el Ejecutivo catalán ha decidido que la Abogacía de la Generalitat comparezca en el proceso y ejerza "las acciones oportunas" en relación a esta resolución y a "las afirmaciones que se hacen", según fuentes de la Conselleria de Treball, Afers Social y Families. Según las mismas fuentes, la resolución hace referencia a órganos de valoración que o bien depende de la administración local o de la Conselleria de Justicia y, por lo tanto, "no son trabajadores de la DGAIA". La fiscalía, por su parte, todavía no ha tomado ninguna decisión.

La comision de la reforma

El pasado 27 de febrero, el Parlament aprobó una moción presentada por Marta Ribas en la que se daba el visto bueno a la creación en el primer trimestre del 2019 de un grupo de trabajo para la “revisión global de sistema de protección de la infancia”, en la cual participe personal de la DGAIA, representantes sindicales y entidades y profesionales del sector. Por el momento, este grupo no se ha creado.

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Families informó a principios de este mes a la cámara catalana que actualmente se está llevando a cabo un “proceso de reflexión interno sobre la reforma del sistema de protección” y, próximamente, “se programará” la convocatoria del grupo de trabajo. Asimismo, avanzó las líneas de trabajo, que van desde el aspecto técnico (organización, recursos, métodos) hasta el mecanismos de coordinación de todos los departamentos implicados en la protección de la infancia.

A raíz de la pregunta escrita de Marta Ribas, el Gobierno catalán deberá responder también al caso que suscitó la sentencia del juez de l’Hospitalet y que revocó las medidas de protección acordada por la Generalitat y otorgó la custodia de la menor al padre (la tenía los abuelos paternos) por residir en la localidad donde la ya adolescente va al colegio. A la madre, le conde un amplio régimen de visitas.