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REDUCCIÓN DEL GASTO

Médicos y sociedad civil promueven una iniciativa legislativa para abaratar los medicamentos

Los altos precios, en ocasiones muy superiores a los costes, están provocando un gran un incremento del gasto sanitario

La ley refuerza la capacidad de la administración en la fijación de costes e impulsa la transparencia y el i+d público

Patricia Martín

Representantes de las organizaciones que han presentado la iniciativa legislativa popular ’Medicamentos a un precio justo’.

Representantes de las organizaciones que han presentado la iniciativa legislativa popular ’Medicamentos a un precio justo’.

Con la intención de que la sociedad y los partidos políticos sean conscientes, debatan y hagan propuestas tendentes a rebajar el “desorbitado” importe de algunos fármacos, que está disparando el gasto farmacéutico, 17 organizaciones que defienden la sanidad pública, con apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC), presentaron este martes en el Congreso una iniciativa legislativa popular llamada ‘Medicamentos a un precio justo’. Si la Mesa de la Cámara baja la admite a trámite, los promotores tendrán nueve meses para recoger las 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso, como sucedió en la legislatura pasada con la iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La iniciativa parte de la base de que el “aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación o fabricación” está provocando un “importante” incremento del gasto farmacéutico que “pone en peligro la sostenibilidad del sistema”, según explica la exposición de motivos. El año pasado, se incrementó, de hecho, un 3% la inversión del Sistema Nacional de Salud en recetas y un 4,5% la cantidad destinada a la farmacia hospitalaria, por primera vez, por encima del PIB.

Esta situación se puso de manifiesto cuando Sanidad comenzó a costear los nuevos fármacos contra la hepatitis C, que según una investigación realizada por el Senado estadounidense tienen un coste de 300 euros por tratamiento y en España la administración está pagando más de 20.000 euros, según aproximaciones realizadas por plataformas como Civio -adherida a la iniciativa-, dado que la instituciones no hacen público los precios unitarios de los medicamentos. “Esto supone un gasto de 2.000 millones, teniendo en cuenta a las 100.000 personas que necesitan tratamiento, cuando en realidad deberíamos haber gastado 30 millones. Un sobre coste similar en un centro de salud sería un delito de malversación”, explicó en la presentación de la ILP Fernando Lamata, de la asociación por un acceso justo al medicamento (AAJM).

Los tratamientos contra el cáncer

En los fármacos oncológicos se estima que por cada dólar invertido por la industria, el retorno es de 14 dólares, lo que conlleva que algunos tratamientos cuesten más de 300.000 euros, como las innovadoras terapias CAR-T, recientemente incluidas en la cartera de servicios. En este caso, uno de los grupos investigadores de Estados Unidos estimó un coste de 20.000 euros por paciente, con lo que de nuevo “hay un lucro excesivo” por parte de las farmacéuticas, en palabras de Damián Caballero, de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

Ante esta situación, la ILP propone un conjunto de medidas, entre las que se encuentra la de reforzar la capacidad de la administración para fijar el precio en base a los costes de fabricación e investigación, “debidamente acreditados”, más un margen de beneficio que “se equiparará a la media del sector industrial”. Asimismo, impone que los precios sean de conocimiento público y se dote de transparencia a un sistema “opaco”, de forma que se hagan públicas las actas de las reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, en las que se negocia con la industria.

Por otro lado, la iniciativa fomenta la investigación pública de nuevos fármacos, creando una red de ensayos clínicos no comerciales del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, garantiza que los estudios para el desarrollo de nuevos preparados que hayan recibido financiación pública, como los desarrollados por las universidades, tengan un “retorno proporcional” de la investigación realizada, de forma que todo el beneficio no vaya a parar a las farmacéuticas a través de las patentes. Un estudio de Salud por Derecho, otra de las promotoras, indica que el Estado invierte mucho más que la industria en investigación biomédica, un 62%, pero luego no obtiene ningún beneficio directo de ese gasto a la hora de comprar los medicamentos que comercializan las empresas, pese a ser, además, el principal comprador de fármacos.

Un intento de “abrir el melón”

Las organizaciones promotoras son conscientes de que la ILP no abarca todos los motivos que generan el incremento del gasto farmacéutico y que una sola ley no es capaz de “cambiar las reglas del juego”, para lo cual haría falta “voluntad política del Gobierno” a la hora de negociar con la industria. Pero tienen claro que es un “primer paso” para “revertir la situación” y que la administración y no las farmacéuticas sean las “protagonistas” en la fijación de precios. Y, a partir de su admisión a trámite, se pondrán en contacto con los grupos políticos para que, vía enmiendas, introduzcan más elementos que en la ILP no se han podido insertar por limitaciones de espacio.