El Govern niega que busque externalizar más servicios públicos

El Govern y, en concreto, ERC han negado este martes que la <strong>ley de contratos de servicios a las personas</strong> (conocida como 'ley Aragonès' en alusión al 'vicepresident' y 'conseller' de Economia i Hisenda, Pere Aragonès) vaya a suponer una mayor externalización y/o privatización, como han denunciado el sindicato Metges de Catalunya (MC), la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) y partidos políticos como Catalunya En Comú-Podem o la CUP, entre otros. "Es mentira que se incite o fomente la externalización", han explicado ante los medios de comunicación.

"Lo que la ley busca es dar herramientas a las administraciones catalanas para contraer servicios y que se cumplan las cláusulas -por ejemplo de medio ambiente o de personas con discapacidad- del contrato", han asegurado fuentes de ERC y del Govern. Según ellas, es una norma que "mejora" la ejecución de los contratos y ofrece un "paraguas" al conjunto de los servicios a las personas en el que el precio "solo" representará el 40% del peso total de la oferta. El 60% estará sometido a "criterios cualitativos". "Lo que queremos es blindar las cláusulas sociales que han sido tan reivindicadas", han sostenido.

Según el Govern, esta norma, que calcula estará lista en septiembre u octubre de este año, "está pensada en términos de calidad" y "prevé" un sistema basado en el grado de satisfacción de los usuarios. Las fuentes han explicado que es una norma que ya existe en otros países como Suecia, Francia o Bélgica. Además, según ERC algunos miembros de su partido están recibiendo "presiones" de "'lobbies' empresariales" para que esta ley (para los republicanos, de marcado carácter social) no salga adelante.

El artículo 3

En teoría, el artículo 3 de la ley, que hace referencia al ámbito de aplicación subjetivo, garantiza que no se aumentará la cartera de servicios externalizados. "Es una ley subsidiaria que se aplicará cuando los servicios no se contraten de otra formas", aseguran estas fuentes. 

La Fapac, sin embargo, niega la mayor. "Es falso. El artículo 3 básicamente dice que deja a la voluntad del Govern la capacidad de decidir si hace gestión directa de los servicios o utiliza figuras contractuales, pero en ningún caso pone límites a la externalización de servicios", denuncia la directora de la federación, Lidón Gasull, en declaraciones a EL PERIÓDICO. 

Por su parte, la directora de la Confederació del Tercer Sector, Laia Grabulosa, asegura que el artículo 3 demuestra que existen "otras opciones" en materia de externalización de servicios públicos. A su entender, no significa que siempre tengan que ser prestados por la Administración, ni que se puedan externalizar más servicios. "Viene a decir que hay otras vías para evitar la mercantilización de las empresas privadas y que hagan negocio con los servicios sociales". La idea de la Confederació, que agrupa todas las entidades que prestan servicios públicos, es que Catalunya apruebe una ley propia en materia de concertación social. "Queremos lograr que los servicios sociales estén reguladas con conciertos con el mundo social y sin ánimo de lucro", asegura. Solo lo podrán blindar, pues, con esta ley.