VIOLENCIA MACHISTA

Vox descarta reprender a Serrano tras reiterar sus críticas a la sentencia de 'la Manada'

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Julia Camacho

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Las indignantes palabras del presidente de Vox Andalucía, Francisco Serrano, contra la sentencia de 'la Manada' no tendrán eco interno en la formación, que no solo le ha desautorizado sino que además se ha apartado de esa crítica. La formación entiende que se trata de un comentario “personal que no tiene nada que ver con la línea de Vox”, por lo que “no se contempla” tomar medidas contra el juez, según confirmó el portavoz parlamentario del partido en Andalucía, Alejandro Hernández. No obstante, esa desautorización no hace sino acentuar el declive de Serrano, que fue apartado como portavoz y que ve como día tras día es el propio Hernández quien asume las riendas.

Serrano ha vivido un fin de semana intenso tras sus palabras en redes sociales el pasado sábado, en las que cuestionaba la sentencia del Tribunal Supremo para condenar a los integrantes de 'la Manada' al entender que “es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista” y estaba “cargada de mediáticos y políticos”.

En Facebook fue aún más lejos, y se explayó acerca de que “un gatillazo podría terminar con el impotente en prisión”. “Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres (…) la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente la prostitución”, concluyó en un post que fue borrado horas después.

En un comunicado posterior mantuvo que sus críticas se referían a cuestiones jurídicas relativas al principio de inmediación en la apreciación de la prueba, apelando a su derecho a la libertad de expresión.

Pero esa matización no contribuyó a calmar la indignación entre el resto de formaciones políticas, principalmente PSOE y Adelante Andalucía, PSOE y Adelante Andalucíae incluso desde su formación insistieron a lo largo del fin de semana en desmarcarse de Serrano. Así, subrayaron que la línea oficial del partido era la de “máximo respeto por las resoluciones de los Juzgados y Tribunales”, como ya dijeron cuando se conoció la primera sentencia, contradiciendo completamente la teoría de Serrano.

El portavoz parlamentario de Vox no quiso entrar este lunes en si debe haber una valoración formal del perjuicio causado a Vox por las opiniones personales de Francisco Serrano, apuntando a que la “notable” proyección pública y mediática del juez pudo “magnificado” sus palabras.

Y puso el acento en que, sin embargo, la repercusión haya sido diferente en el caso de Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos y quien también afirmó que la sentencia obedece a la presión del movimiento feminista, explicó. Hernández apuntó además que la libertad de expresión no puede suponer “un menoscabo del ejercicio de funciones” de los jueces.

También los socios de Vox en Andalucía, PP y Cs, rechazaron tibiamente sus manifestaciones este lunes, dos días después. Los populares defendieron que “hay que respetar las decisiones judiciales profundamente y hay que respetar también a las víctimas”, mientras que desde la formación de Albert Rivera se apelaba al papel público del juez Serrano para medir sus palabras. Un argumento similar al esgrimido por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para quien Serrano “tiene que pensar si encaja en una responsabilidad pública” después de unas palabras que son “una falta de respeto y a la dignidad de las mujeres”.

El episodio de 'la Manada', en cualquier caso, ha servido para confirmar el declive de Serrano como líder de la formación en la región. De ser el diputado estrella, el más conocido y candidato a la Junta de Andalucía, durante los últimos seis meses ha sido relegado como portavoz de la formación, asumiendo simplemente la presidencia. Un cargo con menor represión, ya que pleno tras pleno es Hernández quien asume la labor de interpelar al presidente autonómico, quien firma las iniciativas y propuestas o incluso quien está presente en las negociaciones que afecten a la formación, desde la negociación de los presupuestos a la renovación de los órganos de extracción parlamentaria.