Los 'comuns' exigen "paralizar" la 'ley Aragonès'

El grupo parlamentario Catalunya En Comú Podem (CatECP) ha exigido este viernes la "paralización" de la ley de contratos de servicios a las personas, también bautizada como 'ley Aragonès' (en alusión a Pere Aragonès, 'vicepresident' y 'conseller' de Economia i Hisenda). Para los 'comuns', esta norma (que todavía se encuentra en fase de alegaciones parlamentarias) "puede abrir la puerta a la privatización de más servicios". "Los servicios públicos deben protegerse y esto se hace con la gestión directa", ha dicho en rueda de prensa la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach.

"Esta ley no la hemos compartido en ningún momento. Es necesario parar la vía neoliberal de los últimos años", ha señalado por su parte Marta Ribas, portavoz adjunta de los 'comuns'. La misma ha explicado que su grupo parlamentario ha presentado diferentes alegaciones a la ley. "Queremos garantizar que la norma deje claro que los servicios a las personas prioritariamente deberían gestionarse de forma directa", ha dicho, si bien ha valorado positivamente aspectos de la ley como el hecho de que reduce el peso del precio en la adjudicación de contratos. Pero, aun así, ha subrayado: "Creemos que se está yendo por caminos que pueden ser peligrosos".

Para los 'comuns' esta ley está "mal hecha" porque "no deja claro qué servicios a las personas deben estar gestionados de manera directa" ni cuáles no. De hecho, la norma contempla que se puedan externalizar desde servicios de atención primaria, hasta el segundo ciclo de la educación infantil (de 3 a 6 años). "Esta ley de contratos ha de paralizar su tramitación y exigimos al Govern que haga la que tenía que haber hecho primero: la de convenios o vías no contractuales", ha insistido Ribas, si bien ha reconocido que en Catalunya también hace falta una ley de contratos que "blinde mejor los derechos laborales" de los trabajadores.

La portavoz adjunta de los 'comuns' ha dejado claro que una ley es siempre "una herramienta", mientras que la "amenaza" no es la norma, sino la "voluntad política" que puede ser utilizada en un sentido o en otro. "Con la 'ley Aragonès' hay servicios [públicos] amenazados", han destacado tanto Albiach como Ribas.

Otros grupos políticos

No solo los 'comuns', sino también otros grupos políticos han mostrado su rechazo a la 'ley Aragonès'. Para el PSC-Units Per Avançar, esta norma es "necesaria" pero está "mal hecha" y por eso "no cumple con los objetivos que marca la directiva". Los socialistas creen que la ley "no respeta algunos de los artículos de la ley básica estatal" y tampoco "garantiza el principio de transparencia ni de igualdad de trato, así como de imparcialidad" tal y como establece la directiva. Por todo esto el PSC ha presentado más de 70 alegaciones para "mejorar" el texto. 

La CUP también ha sido crítica al respecto, aunque no ha presentado aún ninguna alegación a la ley. Para la diputada Maria Sirvent, "se trata de un proyecto que conforma un ataque muy grave hacia los servicios públicos" ya que, en su opinión, provocará la "privatización" de los que no lo estaban y la "consolidación" de privatizaciones ya existentes que han provocado una "grave degradación" de la calidad de los servicios públicos afectados.

El PP también ha presentado alegaciones, y hasta JxCat y la propia ERC (lo han hecho conjuntamente), que se ha dado cuenta de que técnicamente había errores en la ley.