El Seprona pone coto a la contaminación por mercurio de la industria del cloro en Huelva

La Guardia Civil ha logrado destapar la contaminación continuada de la atmósfera y el subsuelo en Huelva por parte de una empresa dedicada a la fabricación de cloro y lejía, y que pese a que una directriz del Parlamento Europeo lo prohíbe, empleaba mercurio, una sustancia considerada cancerígena. La operación policial se ha saldado con 21 personas investigadas que están siendo investigadas por delito medioambiental.

Según indicaron desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la investigación comenzó en el 2017 a raíz de la información anónima recibida acerca de las supuestas irregularidades que se estarían produciendo en la actividad de una empresa dedicada al sector cloroalcalino en un complejo industrial onubense, y que se remontarían al menos una década atrás. Dichas irregularidades, indican las fuentes, no solo podrían tener efectos contaminantes en las aguas subterráneas debido a los vertidos y emisiones de mercurio utilizados en el proceso productivo, como las asociaciones ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones, sino que también podrían estar poniendo en riesgo la salud de los trabajadores ante posibles exposiciones a dichas sustancias contaminantes.

El sistema más contaminante

Ante los indicios presentados, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid decidió abrir diligencias. La información que maneja el Seprona pone el acento en el cloro y la sosa caústica fabricada por esta compañía, y que se obtienen a través de distintos tipos de electrolisis. Las empresas bajo sospecha estuvieron empleando el sistema más contaminante de los posibles: celdas de mercurio en las que el metal se somete a elevadas temperaturas, lo que provoca su volatización. Una situación altamente contaminante para la atmósfera, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas si no se cuenta con los mecanismos de extracción y tratamiento adecuados, matizan las fuentes. 

Debido a esa práctica se habrían producido “efectos medioambientales adversos provocados por supuestas fugas de mercurio y otros contaminantes, así como a causa de deficiencias en la producción, en la gestión de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera de gases contaminantes” en una provincia con una situación especialmente delicada ante la cercanía de espacios protegidos por su riqueza medioambiental como el parque natural de Doñana. Así, según el estudio documental realizado por el Seprona, unido a la prolija documentación e informes aportados por distintas administraciones como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se observaron diversas discrepancias en los datos analizados, por lo que se sospecha que pudieron manipular los análisis de riesgo para minimizar el efecto tóxico. Los agentes decidieron realizar un muestreo de suelos y aguas en distintos puntos de las instalaciones de la planta en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Toxicología, en los que se hallaron sustancias contaminantes compatibles con la actividad de la empresa que “superaban ampliamente los parámetros establecidos”.

Las muestras arrojaron una concentración suficiente para determinar la existencia de “riesgos no admisibles para la salud humana y los ecosistemas”, según la Guardia Civil. Además, confirmaron la existencia de contaminación en suelos y aguas subterráneas causada por sustancias peligrosas producidas por la actividad industrial anterior de la planta cloroalcalina. Es más, el Seprona señala que se detectaron concentraciones de estas sustancias muy por encima de los valores de referencia legalmente establecidos “que habrían estado acumulándose en terrenos ocupados por el complejo industrial y en las aguas subterráneas”. Entre los contaminantes detectados se encuentran el mercurio y determinados compuestos organoclorados, que presentan una toxicidad elevada y están clasificados como sustancias peligrosas y cancerígenas según la normativa vigente.

La tecnología con mercurio para la producción de cloro fue prohibida en el 2017 y anteriormente ya fue sustituida por otros más respetuosos con el medio ambiente contaminantes a través de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea. Una normativa, recuerda el Instituto Armado, que pretende garantizar y mejorar el comportamiento ambiental de estos procesos productivos para reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de sistemas de prevención y control de la contaminación. Asimismo, se trata de proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con agentes químicos.