Activistas digitales reclaman un marco legal contra las 'fake news'

¿Cómo actuar de manera efectiva contra las llamadas ‘fake news’ (noticias falsas) sin mermar la libertad de expresión? La plataforma de activistas sobre derechos digitales y renovación democrática<strong> Xnet</strong> ha elaborado un informe que aboga por actualizar y ampliar los protocolos de verificación de noticias falsas o falseadas. Entre otras medidas, apuestan por reformar la normativa para incorporar obligaciones de transparencia y verificación durante las campañas electorales y fuera de ellas.

El informe ‘#Fakeyou: Fake News y desinformación: monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión’, realizado por Xnet en colaboración con el posgrado<strong> Tecnopolítica y Derechos en la Era digital </strong>de la BSM-Universitat Pompeu Fabra, es muy crítico con “el relato” y la línea normativa marcada recientemente por Europa. En opinión de Simona Levi, coordinadora del estudio, la respuesta a la problemática de la desinformación es “tecnofóbica y liberticida”. Lo primero, porque solo tiene en cuenta, dicen, los medios ‘online’ y dejan fuera del foco otros grandes productores de noticias como son los medios de comunicación tradicionales. "La desinformación ya existía antes de internet”, subraya Levi. Lo segundo, porque para poner freno a la generación de este tipo de contenido se ataca a libertades fundamentales, principalmente de la ciudadanía, como la libertad de expresión.

Poder de alcance

Uno de los mitos que desmiente el informe es que un individuo desde un ordenador conectado a internet sea capaz de inocular noticias falsas en el resto de la sociedad, cuando paradójicamente es la ciudadanía la que sufre realmente estas informaciones. “La viralización es siempre fruto de una inversión en recursos que las personas individuales no tenemos”, precisa Levi. Por este motivo, los expertos de Xnet consideran necesario seguir la estrategia ‘follow the money’ (seguir el dinero, en inglés). Es decir, poner el foco en el lucro y controlar de cerca a los “grandes productores”, los que realmente tienen un poder de alcance de difusión considerable: medios de comunicación pero también gobiernos, partidos políticos y corporaciones. Estos actores, detalla el informe, deben ser añadidos a la definición de sujetos implicados en la desinformación como “informadores influyentes”.

Los responsables del estudio consideran que debería penalizarse la falta de aplicación de protocolos de verificación en los considerados informadores influyentes y negocios relacionados con la comunicación, incluidos los mensajes lanzados por los partidos políticos durante las campañas electorales, de manera que hacer viral una información falsa no resulte un negocio viable.

Bulos durante la campaña

Levi considera que se está utilizando las ‘fakes news’,  un término que se popularizó en el 2016 durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, estrechamente ligado al conocido como ‘estilo Trump’, para “proteger un status quo conservador que queremos modificar”. La proliferación de estos bulos intencionados son ya habituales cada vez que los ciudadanos son llamados a las urnas.

En las 150 páginas del informe, el equipo liderado por Xnet demuestra como los partidos políticos y gobiernos pueden invertir enormes cantidades de dinero en la que llaman “industria de la desinformación masiva”. Entre otros ejemplos, los investigadores señalan “los 130 ‘trending topics’ creados de manera artificial” a favor de la candidatura del mexicano Enrique Peña Nieto y las imágenes falsas –como demostró la Agencia Lupa-  que circularon por las redes para favorecer al brasileño Jair Bolsonaro, ahora presidente de Brasil.

Catalunya, referente

El documento incluye recomendaciones legislativas que podría adoptar Catalunya para velar por “la verificación y veracidad informativas” y convertirse así en un “ejemplo pionero”. Xnet ha contado con la colaboración -no económica, precisa Xnet- de la Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya. "Catalunya puede ser pionera en un ámbito del que se habla mucho pero que está a oscuras", afirmó el director de la oficina de Drets Civils, Adam Majó, durante la presentación del informe, el pasado lunes 3 de junio.  

El objetivo es que las conclusiones del estudio puedan ser plasmadas en políticas reales. Por este motivo, Xnet organizará mesas de trabajo con medios de comunación, asociaciones de periodistas, plataformas de verificación, plataformas 'online' y partidos y legisladores tanto nacionales como internacionales para consensuar unos protocolos que podrían estar listos en el 2020. La intención final es, aseguran, "conseguir normativas que no ataquen libertades fundamentales ni la misma estructura de una internet libre y neutral".