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Propuesta de la Airef

Entidades y sindicatos recelan de la posible reforma del copago farmacéutico: "Hay alternativas"

Aumentar la progresividad por abajo, atacar directamente el exceso de medicación o eliminar directamente el copago son algunas de las contrapropuestas sociales al informe de la Airef

PROTESTA DE PENSIONISTAS POR EL COPAGO SANITARIO

PROTESTA DE PENSIONISTAS POR EL COPAGO SANITARIO / lfo

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Gabriel Ubieto

Barcelona
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Los agentes sociales han recibido con una mezcla de rechazo y suspicacia la última propuesta lanzada desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para reformar el sistema de copago farmacéutico en España. La mayoría de ellas está directamente en contra de lo que bautizan como "repago" y las promesas de aumentar la progresividad de cara a los trabajadores temen que las tengan que pagar los pensionistas.

La principal recomendación de la Airef pasa por equiparar las cuotas que pagan las personas en edad de trabajar y los ya jubilados. El otro puntal de la reforma es transformar el actual sistema de tres tramos de renta, que asignan un porcentaje específico a pagar según los ingresos, en uno de seis, lo que pretende introducir una mayor progresividad.  

Actualmente, en el tramo más bajo que contempla ingresos de hasta 18.000 euros anuales, los jubilados pagan el 10% de sus medicamentos, con un máximo de 8,23 euros al mes, y la población activa hasta el 40%, sin tope. El espíritu que manifiesta la Airef en su informe es el de mejorar la equidad para con los primeros, sin detrimento de los segundos, aunque la secretaria estatal de políticas sindicales de la UGT, Maria del Carmen Barrera, desconfía de que una potencial reforma pudiera acabar descargando el ahorro de los trabajadores sobre los pensionistas.

El primer matiz que le ven desde la Marea Blanca de Catalunya es que en alguno de los escenarios que plantea la Airef se asume el primer tramo de ingresos a partir de los 18.000 euros anuales. En este baremo se concentran según los propios datos del informe el 70% de la población. Apostar por tramos por debajo es un punto que consideran clave. "Los más perjudicados por el sistema de copago son las rentas más bajas, aunque el copago, o más bien repago, ya es en sí un repelente", apunta uno de los portavoces del colectivo Toni Barbarà.  

Cabe recordar que en España la pensión media es de 13.860 euros anuales, según el Ministerio de Trabajo, y el salario más frecuente, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial correspondiente al 2016, es de 16.497,4 euros anuales. Unos datos en los que el secretaroi de trabajo y economía de de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera, se apoya para señalar que en el 2017, según las cifras del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, el 3% de los españoles interrumpieron su tratamiento médico por no poder pagar los medicamentos.  Lo que se traduciría en casi 1,4 millones de personas.

Sí a la 'subasta'

Desde la Marea de Pensionistas consideran que las propuestas de la Airef no resuelven muchos de los gastos en salud que corren únicamente del bolsillo de los jubilados españoles. "En el 2012 la Seguridad Social dejó de financiar completamente hasta 417 fármacos, algunos de uso diario para muchos mayores como las pomadas", recuerda uno de los portavoces del movimiento Domiciano Sandoval. La medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que Pedro Sánchez no ha revertido, dejó fuera productos como el antiácido Almax, de uso habitual para personas que consumen diferentes medicamentos de manera recurrente, o pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis como Fastum o Calmatel.  

Una de las recomendaciones de la Airef que sí compran desde los sindicatos y asociaciones es generalizar algo que ya ahorra recursos en Andalucía: la subasta de fármacos. Esta consiste en que la Administración fija una cuantía de medicamentos y un precio de salida, por el que los laboratorios pujan para poder producir el lote, rebajando dicho precio. Un mecanismo introducido por la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en su etapa en la comunidad andaluza y que ha supuestos, según datos del Gobierno andaluz, un ahorro entre el 2012 y el 2017 de 568 millones de euros. La Airef cifra las posibilidades para el conjunto de España en 500 millones anuales.