ayuda social
La mitad de las rentas garantizadas han sido denegadas por el trabajo inestable
Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
Elisenda Colell
La renta garantizada, la ayuda social catalana para que las personas en edad de trabajar y sin ingresos lleguen a final de mes, sostiene 30.000 hogares donde viven 75.000 personas. El Govern admite que no son todas las familias en situación de pobreza que hay en Catalunya, que según los últimos datos disponibles del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), se cifró en el 20% de la población. De hecho, si se compara con la antigua PIRMI, la ayuda ha crecido en poco más de 2.000 hogares. Más de la mitad de peticiones (58%) son denegadas porque ya consta un empleo, aunque precario. Son los datos que ha dado a conocer este miércoles la Conselleria d'Afers Socials, después de celebrar la primera reunión oficial con entidades del tercer sector, patronal, sindicatos y entidades municipalistas.
Las denegaciones de la renta garantizada siguen ganando a las aprobaciones, pero las cifras han mejorado respecto al pasado septiembre. Entonces, según la 'conselleria', las peticiones aceptadas no llegaban al 10%. El 75%, la mayoría, eran tumbadas. En estos últimos ocho meses no han logrado dar la vuelta al calcetín pero las solicitudes aceptadas suponen ya el 29% del total, y las denegadas el 58%. En números absolutos, las aceptadas casi se triplican, llegando a las 9.829, y las rechazadas casi se han reducido a la mitad, pasan de 35.200 a 19.800.
Los trabajadores pobres
Según ha explicado el 'conseller' de Afers Socials, Chakir el Homrani, el problema está en que la mayoría de las personas que se quedan fuera es porque o bien tienen trabajos precarios o los han tenido. El 41% ha ingresado al menos 600 euros en los últimos seis meses, y casi el 20% tiene un empleo, ya sea a jornada completa o parcial. Víctimas de violencia machista, jóvenes extutelados, personas sin hogar o familias que cobran ayudas para el alquiler también se han quedado fuera. Para resolver estas incidencias, El Homrani se ha comprometido a aprobar el reglamento de la ley a principios del 2020, después de que pase todos los trámites correspondientes.
Este decreto facilitará la incorporación a la renta de las personas que, mientras cobran la ayuda social, tienen contratos intermitentes, y las familias numerosas con contratos a tiempo parcial, como ya avanzó este diario. Pero el 'conseller' ha querido dejar claro que no van a complementar todas las rentas del trabajo. "Estaríamos normalizando el trabajo precario, y esto no puede ser", ha asegurado. Y ha instado a Pedro Sánchez a que derogue la reforma laboral que permite estos modelos de contratación.
Pensiones "indignas"
A parte de ayudar a los adultos sin ingresos, la renta garantizada complementa pensiones estatales para permitir que, al menos, todas las personas superen los 600 euros al mes. Ya son 47.568 pensionistas los que se benefician de estas ayudas, que de mediana, se cuentan con 120 euros al mes. "El Estado debe replantear estas prestaciones que son indignas", ha lamentado El Homrani.
Agilitzar los trámites
Sobre la propuesta de contratar la empresa Deloitte, El Homrani ha asegurado que lo que quieren lograr con esta empresa es que implementen un nuevo programa informático que agilice los trámites. "Igual que pasa con el paro, cualquier persona pueda salir del SOC con la solicitud aprobada y cobrando ya aquel mes", ha explicado. En estos momentos hay 1.500 familias que están en espera de recibir una respuesta, de media aguardan dos meses y medio. La mitad de lo que hacían en el 2017.
El tercer sector pide rapidez
La Taula d'Entitats del Tercer Sector celebra el encuentro de este miércoles. "Hemos mostrado nuestra preocupación con las incidencias detectadas pero confiamos que con este espacio de diálogo logremos mejorar que la renta llegue a más personas y no tenga el alcance que tiene hoy", ha explicado el representante de la taula, Martí Batllori. El sector social, además, pide "rapidez" y "agilidad" al Govern para tramitar el reglamento, ya que, según Batllori, "vamos con retraso" ante una prestación que es "muy importante.
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