La Policía analiza el móvil de la expareja de la mujer que se suicidó tras difundirse un vídeo sexual
El hombre entregó su dispositivo a los agentes que le interrogaron
Concentración de trabajadores de Iveco tras el suicidio de su compañera / periodico
Por qué confiar en El Periódico La Policía Nacional está analizando el móvil de la expareja de la mujer de 32 años que se suicidó el día 25 tras la difusión de un vídeo sexual y que fue puesto en libertad sin cargos después de declarar de forma voluntaria este jueves.
Fuentes próximas a la investigación han asegurado a Efe que el hombre entregó su teléfono móvil a la Policía y respondió a las preguntas de los agentes, sin que estos encontraran ningún indicio de criminalidad para imputarle delito, por lo que quedó en libertad y por el momento no se ha tomado medida alguna contra él.
Ahora, los agentes encargados del caso analizan de forma exhaustiva su móvil y no descartan tomar declaración a otros trabajadores de la planta de Iveco, en Alcalá de Henares (Madrid), donde la mujer trabajaba, han indicado a Efe las fuentes.
En Mejorada del Campo
Su expareja se presentó este jueves a las cuatro de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero fue puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso.
La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo sexual grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, el mismo que se encargó del levantamiento del cadáver, abrió este jueves una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Desde hace un mes
Fuentes de la investigación han confirmado a Efe de que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente, en tanto que apuntan que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde "dentro de la propia empresa".
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.
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