La 'ciudad refugio' entra en colapso

Se llaman Jorge y Lisbeth y vinieron el pasado lunes a Barcelona huyendo de la "escalada de violencia" y "la falta de alimentos y medicamentos" que hay en su país, Venezuela, con sus hijos de dos y cuatro añitos. Desde el viernes, el servicio de emergencias sociales de Barcelona es quien les da un techo mientas esperan que el Estado les entreviste y les acoja. Como ellos hay 170 personas, la mayoría familias, cada día en esta situación en la capital catalana soportando la terrible angustia de verse en la calle. El ayuntamiento dice estar “desbordado” mientras el Gobierno central asegura que no son, aún, de su competencia.

Esta pareja se vendió el coche y con lo que obtuvieron pagaron el viaje hacia Barcelona con sus dos hijos, pasando por París. "Los tres primeros días pagamos hostales, pero ahora nos quedan solo 75 euros y no tenemos dónde ir", explica el padre a este diario. 

El pasado martes pidieron asilo en la oficina de Extranjería del Gobierno central. Primero les dijeron que hasta el 24 de octubre no tienen la primera entrevista. Será entonces cuando sean oficialmente reconocidos como solicitantes de asilo y puedan acceder al programa estatal de ayuda al refugiado que les brinda alojamiento y les ayudará a encontrar trabajo. Después, por su extrema vulnerabilidad, han logrado adelantar la cita al 4 de junio por el servicio municipal. Quince días sin tener un techo seguro.

Cuando se quedaron sin dinero, el jueves, fueron al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de Barcelona. La Cruz Roja se hizo cargo de ellos. Pero la mañana siguiente, no había plazas para ellos y no fue hasta las nueve de la noche del viernes cuando lograron que el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) les encontró un techo para el fin de semana. La Cruz Roja lo confirma: “Tenemos l.300 plazas llenas, lamentablemente no tenemos capacidad de acogida, hasta en casos como estos”.

El lunes la familia ha vuelto al SAIER. “Hasta la valoración no os podemos dar nada”; es la respuesta en la recepción. Misma explicación en otra sede de este servicio. Llamaron a las puertas de Cáritas y la Cruz Roja, que les recomiendan ir de nuevo a este servicio. Por la tarde, y tras poner una demanda en el Síndic de Greuges, logran la llamada municipal. “Tenéis pensión hasta el 4 de junio en Calella”. Y los padres respiran.

En todo este proceso les acompañan dos oenegés, el Espacio del Inmigrante y Emergència Frontera Sud. Mariana Araujo es jurista de la segunda entidad. “Los requisitos de vulnerabilidad son opacos, el trato es lamentable, y esta familia no se puede quedar en la calle: las administraciones no se pueden desentender”, lamenta esta activista.

Récord de llegadas

Es el ayuntamiento, de forma totalmente urgente, el que les encuentra una solución. El mismo recurso que se usa tras un desahucio o una explosión de un inmueble. “Estamos saturados y colapsados”, afirma el responsable de Barcelona Ciutat Refugi, Ignasi Calbó. Cada día alojan 170 refugiados, todos ellos familias, que están en espera en Extranjería. Los menores refugiados que han llegado al SAIER se han duplicado. Si el año pasado fueron 550, de enero a abril ya han ascendido al millar.

Las 4.000 plazas para vivienda de emergencia municipal, donde también se cuentan los albergues a personas sin hogar, están llenas. Y son 4.270 refugiados los que han pisado Barcelona en estos primeros cuatro meses. El ayuntamiento está pagando pensiones, pero la ocupación hotelera lo pone difícil. “Hemos tenido que priorizar a las familias, pero seguro que hay gente en pisos ocupados, casas de amigos o en la calle mientras esperan la cita con Extranjería”, asegura Calbó. Y responsabiliza al Estado de “desentenderse” de unas personas que “son su responsabilidad”. El ayuntamiento ya ha invertido 1,5 millones este año en viviendas de emergencias para refugiados. El año pasado fueron 2,2 millones.

"No son de nuestra competencia"

La delegación del Gobierno en Catalunya sostiene que no son de su responsabilidad. “Hasta que no hacen la entrevista no entran en el plan estatal”, explican fuentes del organismo, que insisten que las personas que se encuentran en “el limbo”, en espera, es el ayuntamiento quien las debe acoger. Dan cuatro citas a la semana para casos de "extrema vulnerabilidad" al ayuntamiento, pero esta semana "no se han usado", lamentan. Aseguran que de mediana conceden las entrevistas a  47 días, aunque reconocen que deberían estar a menos de 30.  

Barcelona asegura estar “en solitario” ante este drama. Achaca la situación actual a la falta de personal y recursos del Gobierno para asumir la correcta acogida, y acusa a la Generalitat de “lavarse las manos” porque no es de su competencia. “Somos los únicos que tenemos ventanilla”, asegura Calbó. Y pone como ejemplo que la aportación de la Generalitat este año respecto al anterior es la misma, aunque la recepción de personas “ha crecido brutalmente”. “Nos dijeron que abrirían tres centros para refugiados y aún estamos esperando”, se queja Calbó.

Proyectos de la Generalitat en espera

La Generalitat se defiende. “Solo falta que el ayuntamiento nos dé las licencias”, recrimina Oriol Amorós, responsable de Migraciones del Gobierno catalán, que asegura que siempre han “estado predispuestos” a ayudar al ayuntamiento barcelonés. Amorós también recuerda que este año ellos han acogido a miles de menores migrantes también en solitario, y que la aportación del Govern a Barcelona para políticas sociales de 2016 a 2019 creció un 60%, el doble que la media catalana.

Amorós también insiste en que debería ser el Estado quien asumiera la atención de estas personas y culpa del caos a las políticas del PP. “La plantilla de asilo y refugio perdió el 70% de sus efectivos por mala planificación, ahora hay un caos brutal”, asegura el secretario.

Jorge, Lisbeth, Elías y la pequeña Jennifer ya tienen un techo para 15 días. Pero hoy, mañana y pasado las familias no van a dejar de huir de la guerra para ver crecer a sus hijos en paz. Miles de personas gritaron “volem acollir” en febrero del 2017 en Barcelona. Jorge y su familia solo se han encontrado con la espera y la angustia de haber estado a punto de verse en la calle con sus hijos.

Pobres contra pobres

Refugiados y desahuciados se encuentran en los servicios sociales luchando por un techo de la administración

A las 11 de la mañana el Servei d’Atenció a Inmigrants Emigrants i Refugiats de Barcelona, en la calle de la Font Honrada, se agolpan unas veinte personas. Casi la mitad son niños.

“¿Alguien tiene cita?” pregunta la trabajadora social. Solo una chica levanta la mano. El resto, vienen a la desesperación. Una madre sola afgana, con su hija en brazos se levanta. No entiende nada de español pero asume que le están llamando. Han encontrado una plaza para ella, es refugiada. Coge una maleta y se van.

Jorge y Lisbeth, con sus dos hijos de 2 y 4 años se sientan en la sala de espera. El mayor, Elías, juega en una sala para que los niños aguardan, junto a una niña de procedente del este, y otro magrebí. Mientras Lisbeth aprovecha para dar el pecho a la pequeña, a su lado, un niño juega con el móvil de su madre. Lleva una mascarilla.

Su madre, Maria Cristina Núñez, explica que acaba de superar un tratamiento oncológico con solo 13 años. Salió de Venezuela, con permiso del gobierno de Maduro, para que se le curara la enfermedad. Acabado el tratamiento en Sant Joan de Déu, su país les quiere de vuelta. “Los médicos le tienen que hacer seguimiento, tiene que seguir un plan de medicación y allí los medicamentos cuestan más que un sueldo”, asegura la madre. Acaba de pedir asilo. El problema es que no tiene fecha aún para la primera entrevista, y se niega a verse en la calle con sus dos hijos. El pequeño, de nueve años, se sienta en silencio esperando a que algún trabajador social les llame por el nombre y les diga dónde van a vivir.

En medio del pasillo hay dos maletas y un anorak de color rosa muy pequeñito. Una trabajadora del espacio pregunta de quién es. Aparece Nassir, un hombre marroquí que lleva seis años en Catalunya. “Retírelas, por favor, que no podemos pasar”. Él las mueve unos metros, al lado de su esposa, que sostiene su hija agarrada en el pecho.

Nassir y su familia vivían en una pequeña habitación de casa de un amigo, pero ayer les echaron. Ambos están en el paro. No están empadronados en Barcelona, no tienen contrato de alquiler, y vienen al SAIER a pedir ayuda como siempre han hecho. La niña llora. Nassir aguanta. “No tengo donde ir, solo quiero un techo para mi hija”, asegura. Los padres se abrazan, y se vuelven a sentar.

Una mujer latina sale indignada del equipamiento municipal. Le acompañan sus hijos preadolescentes. “He venido a empadronarme”, dice. No lo ha logrado. Los tres viven en una habitación en el Carmel, sin contrato de alquiler. Antes, estuvo en Santa Eulalia. Se le humedecen los ojos. “Mis hijos llevan más de un mes sin poder ir a la escuela, no sé qué hacer, estoy desesperada”.

La sala se sigue llenando. Y muchos solo piden una cosa, un techo. Miradas de recelo, de solidaridad, palabras amables, susurros y resoplos. Todos, en el fondo, compiten por que la administración les dé una ayuda, antes que al de su lado.