Tres sindicatos de Mossos se querellan contra Buch por su negativa a negociar

La guerra sindical que se libra en los Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra ha desconectado a buena parte de los agentes que se movilizaron durante el pasado otoño, cuando, entre otras protestas, 5.000 agentes salieron a la calle para exigir respuestas al Govern. Pero la división no está facilitando necesariamente las cosas al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, a quien se le han multiplicado los rivales porque ahora cada sindicato juega un partido distinto. Y su decisión de esperar a que resuelvan sus diferencias para convocar el Consell de la Policia –el órgano en el que se resuelven los conflictos laborales– no ha gustado a ninguno. 

Este jueves al mediodía el SPC, el SME y el CAT –agrupados en la Trisindical– han presentado una querella contra Buch por su negativa a convocar el Consell. Por su parte, Uspac ha registrado también este jueves por la mañana en el Parlament una carta al presidente Quim Torra para pedir el cese de Buch. En la misiva, el sindicato asegura que el equipo de Buch ha demostrado "una incompetencia absoluta no únicamente para gobernar la Conselleria, sino también para solucionar los problemas". Y ayer miércoles finalizó un encierro en la 'conselleria' de 30 horas -había comenzado el martes al mediodía en la comisaria del Eixample- del sindicato Sap-Fepol y del colectivo MosS.O.S. 

La carta 

Buch envió el lunes una carta a los sindicatos informándoles de que no iba a negociar ningún acuerdo hasta que finalizara la investigación de un juzgado de Tarragona abierta para dirimir si existió fraude o no por parte de los delegados de Sap-Fepol que recogieron el voto por correo en las elecciones del pasado 11 de marzo. El 'conseller' razonó que mientras no pueda contabilizarse el voto por carta, actualmente bloqueado por el juez tarraconense, no debe convocar el Consell dado que sin este (unos 4.600 votos) se desconoce el resultado real de las elecciones y, en consecuencia, cuántas sillas debe tener cada sindicato en el nuevo órgano. Y el anterior a los comicios de marzo, sostiene Buch, ya no está legimitado para aprobar ninguna decisión. La carta de Buch al menos parece haber puesto de acuerdo en algo a los sindicatos: todos creen que el 'conseller' se ha agarrado interesadamente a este litigio y que su deber es negociar con ellos. 

Los más beligerantes han sido los tres que conforman la Trisindical, que con su querella piden la intervención de un juez para que se convoque el Consell. Consideran que, al no hacerlo desde hace cuatro meses, el doble de lo que preve su reglamento, incurre en los delitos de prevaricación y contra la libertad sindical. 

David José, del SPC, ha aclarado que la intención real es que Buch los cite, por lo que retirarían la querella, interpuesta este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el abogado José María Fuster-Fabra, si antes de que sea admitida a trámite reciben su llamada. Mònica Saltor, del CAT, ha lamentado la "falta de liderazgo político" de Buch y ha advertido de que no se conformarán con una reunión informal con "buenas palabras y ninguna acción". Desde el SME, Ramon López ha instado a convocar el Consell de la misma forma que se prorrogan presupuestos cuando no hay acuerdo parlamentario. 

Los agentes, al límite

La trifulca sindical, y el enrocamiento de Buch, han desmotivado a los agentes que hace meses estaban dispuestos a manifestarse. Lo cual no significa que el malestar dentro del cuerpo haya disminuido, todo lo contrario, a pesar de que la promesa de dos nuevas promociones –de 750 mossos cada una– sí ha calmado en parte la indignación colectiva por la acuciante falta de efectivos. Solo la ha sedado en parte porque los policías futuribles ni bastarán para cubrir el problema congénito de tamaño que sufre la plantilla, aseveran los sindicatos, ni estos están todavía en la calle. Demasiado a menudo, afirman, la realidad es que los mossos deben lidiar con situaciones complejas sin apoyo y que la respuesta policial que dan al ciudadano no es la que quisieran darle, sobre todo en Barcelona. Además, se quejan –y este es ahora el principal caballo de batalla de los sindicatos–, las retribuciones salariales, en comparación con las que perciben los Bombers de la Generalitat, son insuficientes. 

La decisión de mantener el dispositivo Toga, aunque eliminándolo mientras los juzgados están abiertos al público, no ha ayudado tampoco a serenar los ánimos. Por las tardes, y por las noches, por orden judicial los Mossos deben ubicar una patrulla de dos agentes en cada sede de justicia o fiscalía. Una obligación que afecta al ciudadano "más de lo que sospecha", avisa Saltor, porque implica empeñar a esta tarea buena parte de las pocas patrullas disponibles que quedan por todo el territorio catalán. La consecuencia evidente es que muchos servicios, algunos tan graves como avisos por violencias domésticas o peleas multitudinarias, se quedan sin atender o deben lidiar con ellas las policías locales.