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Batalla judicial fratricida entre obispos por 111 obras de arte

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Natàlia Farré

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Obispo contra obispo. Tal cual. Los dirigentes de la Iglesia tienen sus rencillas, como toda criatura de Dios, por supuesto. Pero los superiores eclesiásticos suelen dirimir sus diferencias en casa, que por algo se rigen por el derecho canónico. Y aquí llega lo inhabitual del caso: el prelado de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ha demandado por la vía civil al de Lleida, Salvador Giménez.

En juego: patrimonio artístico. El origen de la batalla judicial fratricida: una separación. Vamos, algo así como ‘el devuélveme el rosario de mi madre’ tras una ruptura matrimonial pero en clave diocesana. El rosario en cuestión son 111 obras de arte tasadas en casi 8 millones de euros provenientes de las parroquias aragonesas que en su día formaron parte del obispado de Lleida y que por obra y gracia del decreto ‘Ilerdensis et Barbastrensis de finum mutatione’ de 1995 pasaron a la tutela de Barbastro. Las parroquias marcharon pero las obras de arte atesoradas en el Museu Diocesà, hoy Museu de Lleida, se quedaron. En Aragón dicen que están depósito y deben volver; en Catalunya argumentan que el obispo Josep Meseguer las compró, a finales del XIX y principios del XX, siguiendo las directrices de León XIII y su idea de preservar y conservar el arte.

36 tomos, 25.000 folios y 1.037 documentos

De ahí que ambos obispos reclamen su propiedad y de ahí que este jueves haya empezado el juicio en el juzgado de Primera Instancia de Barbastro. Tres mitrados en la sala, los dos en ejercicio y el emérito de la diócesis oscense, Alfonso Milián. Y un detalle como mínimo curioso: la parte demandante no ha visto nunca las obras que reclama. Así lo ha asegurado el prelado que ostentó la mitra de Barbastro entre el 2004 y el 2015, que ha cerrado su intervención exclamando: “111 obras para una Catalunya que tiene tantísimas”. No sin antes adjetivar a su homólogo de “buenísima persona y un santo”, además de tildarlo de “hermano”. Lo dicho, lucha fratricida pero manteniendo las formas como manda la Iglesia. Y con una causa que suma 36 tomos, 25.000 folios y 1.037 documentos.

Nada ha dicho sobre el conocimiento de las piezas Pérez, pero fuentes del Museu de Lleida aseguran no haberlo visto nunca en las salas. Sí ha visitado en ocasiones a su homólogo en la capital del Segrià y uno de esos encuentros ha tenido protagonismo durante la vista oral: el que tuvo lugar hace dos años, el 18 de mayo del 2017. Fue un acto de conciliación a petición de Pérez en el que participaron los dos obispos, el director del Museu de Lleida (Josep Giralt) y el entonces director general de Patrimonio Jusèp Boya. Pero de conciliación no tuvo nada desde el momento en que el prelado oscense empezó la reunión con una “declaración de principios”, la “propiedad de las obras no era negociable”. Eran de Barbastro. Y si esto no se aceptaba, habría demanda, Y la ha habido.

Sentnecia canónica

En eso estamos, con la diócesis de Barbastro defendiendo a capa y espada la sentencia canónica del 2007 (favorable a sus intereses y que la justicia civil ya dijo en su momento que no era aplicable) y procurando demostrar que no hubo compra-venta por parte de Meseguer porque ni los párrocos podían disponer de los bienes (eran solo guardianes) y de haberlo hecho deberían haber pedido permiso a la Santa Sede y no se hizo. Y con el obispado de Lleida intentando hacer valer todos los documentos que la doctora Carmen Berlabé en arte aportó en su tesis doctoral y que en el juicio canónico no se aceptaron por llegar tarde. Estos demuestran que de las 111 piezas en litigio, 83 llegaron al museo por donación con compensación económica, permuta o compra-venta. O sea, la diócesis de Lleida ostenta su propiedad. Las 28 restantes hace tiempo que Lleida ha comunicado que llegaron en depósito y no discute que pertenecen a Aragón. El quid de la cuestión está en eso: en si las piezas llegaron compradas por Meseguer o vía depósito, lo primero indicaría la propiedad ilerdense; los segundo, no.  Y quien ostente la propiedad, tiene la custodia.  

Así las cosas, la vista ha empezado con la declaración de Giménez y un ataque en toda regla de la defensa por su cambio de criterio. El obispo, como algunos de sus antecesores, empezó su prelatura obedeciendo a Roma y acatando la sentencia del Vaticano pero sin poder devolver las obras custodiadas al estar en manos del  consorcio del museo del que él solo ostenta un 5%. Su cambio de criterio, ahora defiende su propiedad, lo ha justificado: “llevo años estudiando la documentación”, “queremos y podemos presentar la documentación [que no pudo ver el Vaticano]” y “cuando oigo hablar de monseñor Meseguer como un ladrón y expoliador me ofende”.  No en vano, Meseguer se limitó a comprar, a veces superando o igualando ofertas de anticuarios, objetos que estaban en desuso y en mal estado en las parroquias para llevarlos al museo y conservarlos. De no haberlo hecho, hoy no habría juicio porque no habría nada por lo que litigar. Y esto es lo que Berlabé ha intentado demostrar.

Siglos de historia común

Al tiempo que los peritos por la parte de Aragón han intentado rebatir los argumentos asegurando que los estudios de Barlabé son “imprecisos”, según el profesor de historia del arte Antonio Naval, que no ha dudado en contestar a la pregunta de si había visto las actas notariales que realizó el obispo de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta, en el 2004, con toda la documentación de Mesaguer con un despreciativo: “No, y no me interesan”. También ha reconocido que Aragón no ha reclamado las 28 piezas que el obispado de Lleida admite como aragonesas por no tener tanto valor “estético, histórico, singular y antiguo” como las otras 83.

Mañana habrá las conclusiones de los abogados y el juicio quedará visto para sentencia. El de los 111 bienes de la Franja, como se conoce el litigio, es una de las muchas disputas entre Catalunya y Aragón (con los Gobiernos de ambas comunidades implicados en las causas ya sea como demandantes o demandados) por las obras de arte que quedaron atrapadas cuando se segregaron las parroquias aragonesas del obispado de Lleida tras ocho siglos de historia común. El de Sijena, aún en los tribunales, es el más conocido de ellos por la polémica que generó la entrada de la Guardia Civil al Museu de Lleida. Poco después, con el 155 en marcha y la autonomía suspendida, en febrero del 18, el obispado de Barbastro presentó la demanda civil que ahora se discute.