Justícia estudia aprobar por decreto urgente la limitación del precio del alquiler

La Conselleria de Justicia estudia acelerar la reforma que permitiría limitar las subidas de los alquileres en Catalunya, independientemente de lo que se haga en el resto de España. La idea en la que se trabaja sería la de aprobar en "las próximas semanas" un decreto ley que facultaría al departamento de vivienda de la Generalitat a establecer estos precios máximos, "ya sea directamente o dando a los ayuntamientos la capacidad para hacerlo", según han explicado a este diario la ‘consellera’ republicana Ester Capella.

Justicia trabaja desde hace ya meses en una reforma del Código Civil catalán que introduciría cambios de calado en la regulación de los arrendamientos urbanos llegando hasta donde no quiso ir el Gobierno con el decreto aprobado el pasado marzo.  La reforma no solo permitiría a la Generalitat regular los precios de los alquileres sino también alargar su duración, con contratos de entre 6 y 10 años, así como reducir los importes de las fianzas y establecer nuevas garantías para inquilinos y arrendatarios.

La moción

La idea inicial era tramitar la reforma antes de que acabe el año, pero  la aprobación el pasado jueves en el Parlament de Catalunya de una moción al respecto ha llevado a la ‘consellera’ de Esquerra Republicana a plantearse el acelerón en la parte que se refiere a los precios. La Cámara catalana ha instado al Govern a "impulsar urgentemente la aprobación de las medidas legislativas pertinentes, en el marco del derecho civil de Catalunya" que permitan "dotar a los ayuntamientos" de los "instrumentos necesarios para limitar el incremento de los precios del alquiler de viviendas en zonas de fuerte demanda acreditada".

La moción despejaría, a ojos de Justícia, las reticencias mostradas en el pasado por el ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, del  PDECat, opuesto a establecer topes en los precios en otra de las discrepancias entre exconvergentes y republicandos que dividen al Ejecutivo catalán. "La moción aprobada en el Parlament es muy clara y la han votado los dos grupos que integran el Consell Executiu, además de la CUP y En Comú Podem", advierte la ‘consellera’ republicana.

"Es urgente estabilizar el mercado de la vivienda, erradicando la tentanción permanente de especular. La vivienda es un derecho y sus propietarios no pueden sustraerse a la función social que desempeñan. Los precios en los últimos cinco años se ha disparado un 40% en algunas áreas, mientras que los salarios apenas han crecido", ha destacado Capella.

Fotos y videos

La redacción del anteproyecto de la reforma de los arrendamientos está ya muy avanzada. Además del alargamiento de los contratos, incluirá la obligatoriedad de documentar el estado de los pisos con vídeos o fotografías para evitar litigios innecesarios sobre los posibles desperfectos ocasionados y asegurar que lo que se va a alquilar reune las condiciones para ser habitado. "En varios países ya se está llevando cabo. Se trata de aprovechar las nuevas tecnologías para lograr que no se alquilen según que cosas como está ocurriendo actualmente", advierte Capella.

En los contratos de alquiler también deberá constar la superficie habitable, los accesorios como calefacción o aire acondicionado y, si se trata de un piso amueblado, un inventario completo.     

Más allá de la disensiones internas del Govern, la peor amenaza para las dos reformas, la de los precios via decreto ley y la más completa vía anteproyecto de ley, es la probable impugnación del Gobierno central. Justícia argumenta que el Código Civil es una competencia propia reconocida por el Estatut, aunque hasta ahora no se había desarrollado el apartado de contratos de alquiler.

Probable suspensión

Fuentes jurídicas dan por hecho el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) al ser la regulación de los  contratos de alquiler de "clara competencia estatal". La impugnación tendría efectos suspensivos inmediatos con lo que las posibilidades de que la reforma catalana entre en vigor serían mínimas, según las mencionadas fuentes, que atribuyen los planes de la Generalitat a la "búsqueda de titulares" en campaña electoral.

Respecto a estas dudas, Capella sostiene que "el derecho civil es competencia nuestra y no podemos renunciar ella, sobre todo en un tema tan importante como la protección del derecho a la vivienda". "Espero que el futuro Gobierno del Estado actue con lealtad", rubrica.