La Audiencia de Barcelona no ve "riesgo" y deja en libertad a Joaquim Benítez por los abusos en los Maristas

El exprofesor de gimnasia del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona Joaquim Benítez seguirá el libertad. La Audiencia de Barcelona ha rechazado este martes su ingreso inmediato en la cárcel, a pesar de haber sido condenado  a 21 años y nueve meses de reclusión  por abusar sexualmente de cuatro alumnos durante el 2006 y el 2009. El tribunal sostiene que no hay razones "objetivas" para acordar su encarcelamiento y recuerda que la sentencia todavía no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La defensa ha anunciado que lo hará. El plazo vence el próximo lunes.

"Mientras Benítez se pasea por las calles, sus víctimas intentan recuperarse de sus atrocidades", ha asegurado a EL PERIÓDICO Manuel Barbero, el padre de uno de los afectados e impulsor de las denuncias del 'caso Maristas'. "Ha sido un jarro de agua fría. Como persona de a pie y padre de un chaval que lleva varios años encerrado y sufriendo, no lo entiendo", ha insistido. Los abogados de las víctimas recurrirán la negativa de los jueces a encarcelar al exprofesor. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a esa crítica: "No entiendo la desigualdad de trato, que con algunos se sea tan servero y que con un violador confeso se le deje en la calle. No lo entiendo, me escandaliza, me parece una vergüenza".

La Generalitat también pide prisión para Benítez por los abusos en los Maristas: el juez decidirá este martes

Los magistrados de la Sección 21 de la Audiencia han decidido, por lo tanto, mantener la libertad provisional para Benítez, con las medidas cautelares dictadas por el juez instructor en febrero del 2016: comparecencias semanales, retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y no realizar actividades con menores, así como orden de alejamiento hacia las víctimas

El tribunal argumenta en su auto que “no se aprecian razones objetivas que justifiquen, desde el punto de vista de la excepcionalidad de la prisión provisional y de las circunstancias del caso concreto, una modificación de la situación personal del procesado, en tanto no gane firmeza la sentencia dictada". A su entender, las medidas vigentes y acordadas en febrero del 2016 por el juez instructor "se han mostrado eficaces hasta la fecha, y no se aportan elementos actuales que modifiquen el pronóstico de riesgo". En este sentido, recalcan que el exdocente siempre ha comparecido en los juzgados "cuantas veces han sido llamado".

Los jueces recuerdan que "la adopción de la prisión que se solicita en este momento procesal es una medida de naturaleza cautelar, pues la sentencia condenatoria, si bien ha puesto fin al proceso en primera instancia, no es todavía firme en tanto que no ha precluído el plazo para la interposición de recurso de apelación ordinario". Por ello, mantienen que "aun estando penado, no cabe amparar la medida de prisión que se solicita en el hecho de la condena ni mucho menos convertirla en una ejecución provisional de la misma, por ser ello contrario al derecho a la libertad garantizado por la Constitución". 

La resolución deniega también el argumento de la posible reiteración delictiva y lo justifica indicando que los abusos denunciados ocurrieron "hace más de 10 años", lo que no permite "por sí" hacer una "proyección de futuro" sino se apoya en algún dato actual, tales como el contacto con "sujetos susceptibles de convertirse en víctima" y otras denuncias. En la vista para decidir la prisión "no se ha puesto de manifiesto ningún hecho en este sentido", recalca el tribunal que, además, detalla que las víctimas "ya no son menores de edad".  

Fuga y reincidencia

La Fiscalía de Barcelona, los abogados de las víctimas y las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, solicitaron este lunes que el pederasta confeso ingresara en prisión por el riesgo de fuga. El fiscal precisó que existe un gran riesgo de que el exprofesor de los Marista reincida porque "actúa por impulsos", así como de que eluda la acción de la Justicia debido a la elevada condena.

Las acusaciones particulares alegaron que el riesgo de fuga es especialmente alto porque existen "reclamaciones de otras víctimas" pendientes de que se inicien los trámites judiciales y que el condenado carece de "arraigo social" u "obligaciones". También aludieron a la posibilidad de que Benítez intentara suicidarse.

Al terminar la comparecencia prevista en la ley para debatir la prisión provisional, el tribunal concedió la última palabra a Benítez, quien señaló que no entendía "la prisa que tienen ahora para que entre en prisión" y que había vivido seis meses a dos kilómetros de la frontera y no se marchó.