La Generalitat reduce la prestación a una mujer con un 94% de discapacidad

Carmen tiene 65 años. Padece artrosis y tiene una discapacidad del 84%, reconocida por la Generalitat. “No me tomo la medicación porque si me duermo, no me entero de lo que le pasa a Macarena", explica. "Un día convulsionó y entró en coma”. Macarena es su hija. Tiene 28 años y una parálisis cerebral espástica desde que era un bebé. No puede moverse, hablar ni ver con claridad. En su caso, la discapacidad reconocida es del 94%. “Nosotros somos sus brazos”, explica la madre. Joan, el padre, tiene 74 años y ya ha padecido un ictus. No es de muchas palabras. “La procesión se lleva por dentro”, dice.

Carmen se ha desvivido por su hija. La tuvo con 36 años y desde entonces solo vive para cuidarla. Joan ha sido quien traído el dinero a casa. Vendía en mercados ambulantes, sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Ahora, ambos sobreviven con una pensión no contributiva y un complemento de hijo a cargo. Si lo sumamos, apenas llegan a los mil euros al mes. “Suerte teníamos de la dependencia”, sentencia.

Para los imprevistos

Hace diez años la Generalitat catalogó Macarena con el grado dos de dependiente, el que se conoce como severo. Y les ofreció la paga de Cuidador No Profesional, unos 400 euros al mes. “Nos va muy bien para comprar los medicamentos que no nos entran por la Seguridad Social y para pagar  imprevistos”, explica Carmen. Por ejemplo los laxantes, unas gotas para los ojos o pastillas para dormir que compran en Andorra. “El médico nos las recomendó, son más fuertes”, aclara la madre.

Pero el año pasado Joan se cortó un dedo del pie. Carmen fue a los Servicios Sociales de Sants para pedir ayuda. “Yo sola no puedo mover a Macarena”. Y allí empezó un calvario. Le revisaron las ayudas, tuvo que notificar todo el dinero que gasta, factura a factura. “En diciembre me dijeron que tenía que renunciar a la dependencia”. Según ella, con amenazas y risas incluidas de las trabajadoras sociales mientras los gritos, muecas y autolesiones de su hija por el agobio ponían aún más tensión al momento.

Carmen nunca firmó. Este marzo les llegó una carta de la Generalitat. Han revisado el Programa Individual d'Atenció (PIA) de su hija. Como Macarena va a un centro ocupacional ocho horas cada día, las ayudas que recibían de cuidado en el hogar pasan de 400 a 36 euros mensuales.

Un servicio que es una condena

La medida es legal, los centros ocupacionales computan como centro de día y se consideran un “servicio análogo”. Pero a esta familia la han condenado. “Cómo vamos a sobrevivir?”, se pregunta esta madre. Cada día, junto a su esposo y una especie de montacargas con ruedas, sube y baja a Macarena por los empinados escalones que separan su casa de la calle. La familia vive en un pequeño piso, con una sola habitación, y de apenas 40 metros cuadrados. “Aún lo estamos pagando”, explica la madre. Cuando ha habido imprevistos han pedido dinero prestado a amigos y familiares. “Lo vamos devolviendo cuando podemos”. Por ejemplo cuando tuvieron que pagar 2.930 euros para una operación de ortodoncia en el Hospital Sant Rafael.

La situación es tal que cuando Macarena sale de la visita rutinaria en el Vall d’Hebrón, la familia opta por volver andando hasta su casa, en Hostafrancs. “Es todo bajada, y así nos ahorramos el taxi”. No tienen coche, y su hija se agobia en el transporte público.

Ellos ya son mayores, pero se ven con fuerzas de seguir siendo las manos y brazos de su hija. ¿Qué pasará con el paso del tiempo? “Esta pregunta nos la hacemos cada día”, dice Carmen. No tienen ahorros para dejarle, ni tampoco pueden pagar un asistente que haga sus tareas. De momento, ya han recurrido a la vía administrativa, aunque la respuesta del Govern se ampara en la ley de dependencia.

Un gabinete de abogados está dispuesto a llevar el caso a la justicia. Ya hay un precedente. En el 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio la razón a los padres de David, un chico con discapacidad psíquica. “Los talleres ocupacionales no pueden considerarse compatibles con el cuidado familiar”, dijo entonces el tribunal.