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POLÉMICA DECISIÓN

La Generalitat ficha a Deloitte para poner orden en la renta garantizada

El director general de Economia Social admite en un informe no tener los medios que requiere el servicio

"Es habitual en proyectos de la administración", explican desde la 'conselleria', que lo limita a una oficina de apoyo técnico

Elisenda Colell

Concentración en apoyo de la renta garantizada, en mayo del 2018. 

Concentración en apoyo de la renta garantizada, en mayo del 2018.  / DANNY CAMINAL

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha propuesto la implementación de la renta garantizada a una consultoría, Deloitte Consulting SLU. En un informe, que se incluye dentro de este concurso público, el Govern justifica la medida en que la Generalitat no tiene medios para cumplir con la ley que regula esta prestación. La 'conselleria' aclara que se trata de una Oficina Técnica de Apoyo para la implementación de la renta, que hasta ahora realizaba el CTTI, y que ya trabajaba con esta misma empresa. Insisten en que el servicio no está defnitivamente adjudicado, a falta del último trámite, y que "no tendrá ninguna relación en el derecho de las personas que perciban esta prestación".

"La Administración no dispone de los medios humanos y técnicos especializados que den respuesta a las necesidades que requiere el servicio de apoyo a la gestión de los procesos vinculados a la prestación". Así empieza el informe de tres párrafos que firma el actual director general de Economía Social de la Generalitat, Josep Vidal, que hasta ahora ha gestionado la renta garantizada. El mismo director, prosigue, "para hacer cumplir con los procedimientos administrativos en los plazos legales", dice, "se hace indispensable contratar una empresa". 

Documento

Infiorme de Insuficienca de Medios Propios de la Administración, firmado por el director general, Josep Vidal.

Informe de Insuficiencia de Medios

Y la empresa elegida es Deloitte Consulting SLU, una consultoría que, dicen fuentes de la 'conselleria', ya trabaja con el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) de la Generalitat, que era quien, hasta ahora, gestionaba la Oficina Técnica de la Renta Garantizada. Esta empresa ha tenido que declarar en el juicio de la salida en borsa de Bankia por un delito de estafa a los inversores que les atribuye la acusación popular. 

El concurso se publicó el cinco de febrero. Esta empresa se presentó poco antes de las 10 de la mañana del tres de marzo. Más tarde, el día 4, lo hizo otra, Everis Spain SLU. Pero finalmente fue rechazada por enviar la documentación 18 segundos más tarde de lo que estaba establecido. El Govern ha calculado que los costes del servicio anual, sin IVA, se sitúa en los 587.808 euros. Deloitte se ha ofrecido a hacerlo por 499.636 cada año. El contrato, para dos años, tiene un valor estimado de 1,1 millones de euros. 

Ahora falta solo un trámite, que Deloitte acepte. El Govern ya la ha propuesto como adjudicataria. Si la auditora da el 'sí', va a tener que incorporar a seis trabajadores de la compañía dentro de la misma 'conselleria'. En concreto, en la calle Sepúlveda, 148-150, donde se encuentran las oficinas del departamento de Treball. Se lo pide el mismo Govern, que considera que si este equipo se situara en la sede de su empresa afectaría negativamente a su trabajo. "El contacto con el departamento debe ser contínuo".

Servicio habitual

"Las oficinas técnicas son habituales cuando se implantan proyectos en la administración", aclaran desde la Conselleria de Treball i Afers Socials. Lo definen como "un coste de estructura" que permite la gestión de muchos programas públicos. Aseguran que este servicio no tiene ninguna relación con el número de personas que tienen que cobrar la renta, ni el presupuesto que se va a destinar a ello. "Es un derecho subjetivo", explican. 

Estas mismas fuentes avisan de que el concurso es para dos años y medio. En concreto, el apoyo de esta empresa es variado. Deberá resolver incidencias informáticas, plantear mejoras tecnológicas... pero también coordinar y planificar los comités que se dedican al seguimiento de la prestación. A su vez, será la responsable de analizar la implementación de la renta, hacer planes piloto territoriales, planes de contingencia, detectar necesidades o elaborar informes sobre la gestión de la renta siguiendo las directrices de la jefa del servicio y la subdirectora.

Críticas de falta de personal

En múltiples ocasiones el tercer sector, sindicatos y especialmente la comisión promotora de la ley de la renta garantizada, han atacado a la 'conselleria' que dirige Chakir El Homrani por no estar gestionando correctamente esta prestación, especialmente por la saturación del servicio y la falta de personal. Además, las personas sin hogar, las mujeres maltratadas, los jovenes extutelados o las personas que viven en pisos hacinados son algunos de los colectivos que se han quedado excluidos. 

"No hay información, manipulan y esconden los datos", se queja el portavoz de la comisión promotora de la ley que regula esta prestación, Diosdado Toledano. que habla de una "brutal opacidad" y que acusa al actual 'conseller' de "denegar este derecho deliberadamente". Casi 4.000 personas han presentado un recurso de alzada contra la administración tras quedar excluidos de la ayuda, en su opinión por razones mal fundamentadas.

Una larguísima lista de espera

Un año después de la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, en septiembre del 2018, el Govern solo había aprobado el 7,3% de los expedientes nuevos. Eran 5.043 aceptados de un total de 69.000 solicitudes. El 'conseller' dijo entonces en rueda de prensa que la "anormalidad democrática causada por el 155" había hecho imposible avanzar al ritmo deseado.  De septiembre a enero se valoraron 11.000 solicitudes para cobrar esta renta y el porcentaje de las aceptadas aumentó, siempre según el Govern, hasta el 21%.

Según El Homrani, la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno generó un parón de 10.000 expedientes, pero la intención era iniciar el nuevo año con el contador a cero y con un periodo máximo de respuesta de tres meses y medio. En el primer año, concretó el ‘conseller’ a modo de contexto, hubo cerca de medio millón de solicitudes de información sobre la prestación. En números más o menos redondos, del total de 69.000 expedientes, en septiembre se habían valorado unos 49.000. De ellos, se habían aprobado 5.043, se denegaron 36.000 y 5.350 personas habían desistido. Seguían pendientes cerca de 19.000, de los que 10.000 provenían, según el Govern, de los meses de aplicación del artículo 155. 

En un informe hecho público en febrero, el Síndic de Greuges lamentaba la "deficiente" gestión de la renta tras haber recibido más de 600 quejas sobre esta ayuda social a lo largo del año anterior. Mientras, el tercer sector insiste en que el trámite sigue contando con una "excesiva" burocracia que dificulta el acceso a esta ayuda por parte de las personas más vulnerables.