La Generalitat ficha a Deloitte para poner orden en la renta garantizada

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha propuesto la implementación de la renta garantizada a una consultoría, Deloitte Consulting SLU. En un informe, que se incluye dentro de este concurso público, el Govern justifica la medida en que la Generalitat no tiene medios para cumplir con la ley que regula esta prestación. La 'conselleria' aclara que se trata de una Oficina Técnica de Apoyo para la implementación de la renta, que hasta ahora realizaba el CTTI, y que ya trabajaba con esta misma empresa. Insisten en que el servicio no está defnitivamente adjudicado, a falta del último trámite, y que "no tendrá ninguna relación en el derecho de las personas que perciban esta prestación".

"La Administración no dispone de los medios humanos y técnicos especializados que den respuesta a las necesidades que requiere el servicio de apoyo a la gestión de los procesos vinculados a la prestación". Así empieza el informe de tres párrafos que firma el actual director general de Economía Social de la Generalitat, Josep Vidal, que hasta ahora ha gestionado la renta garantizada. El mismo director, prosigue, "para hacer cumplir con los procedimientos administrativos en los plazos legales", dice, "se hace indispensable contratar una empresa". 

Y la empresa elegida es Deloitte Consulting SLU, una consultoría que, dicen fuentes de la 'conselleria', ya trabaja con el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) de la Generalitat, que era quien, hasta ahora, gestionaba la Oficina Técnica de la Renta Garantizada. Esta empresa ha tenido que declarar en el juicio de la salida en borsa de Bankia por un delito de estafa a los inversores que les atribuye la acusación popular. 

El concurso se publicó el cinco de febrero. Esta empresa se presentó poco antes de las 10 de la mañana del tres de marzo. Más tarde, el día 4, lo hizo otra, Everis Spain SLU. Pero finalmente fue rechazada por enviar la documentación 18 segundos más tarde de lo que estaba establecido. El Govern ha calculado que los costes del servicio anual, sin IVA, se sitúa en los 587.808 euros. Deloitte se ha ofrecido a hacerlo por 499.636 cada año. El contrato, para dos años, tiene un valor estimado de 1,1 millones de euros. 

Ahora falta solo un trámite, que Deloitte acepte. El Govern ya la ha propuesto como adjudicataria. Si la auditora da el 'sí', va a tener que incorporar a seis trabajadores de la compañía dentro de la misma 'conselleria'. En concreto, en la calle Sepúlveda, 148-150, donde se encuentran las oficinas del departamento de Treball. Se lo pide el mismo Govern, que considera que si este equipo se situara en la sede de su empresa afectaría negativamente a su trabajo. "El contacto con el departamento debe ser contínuo".

Servicio habitual

"Las oficinas técnicas son habituales cuando se implantan proyectos en la administración", aclaran desde la Conselleria de Treball i Afers Socials. Lo definen como "un coste de estructura" que permite la gestión de muchos programas públicos. Aseguran que este servicio no tiene ninguna relación con el número de personas que tienen que cobrar la renta, ni el presupuesto que se va a destinar a ello. "Es un derecho subjetivo", explican. 

Estas mismas fuentes avisan de que el concurso es para dos años y medio. En concreto, el apoyo de esta empresa es variado. Deberá resolver incidencias informáticas, plantear mejoras tecnológicas... pero también coordinar y planificar los comités que se dedican al seguimiento de la prestación. A su vez, será la responsable de analizar la implementación de la renta, hacer planes piloto territoriales, planes de contingencia, detectar necesidades o elaborar informes sobre la gestión de la renta siguiendo las directrices de la jefa del servicio y la subdirectora.

Críticas de falta de personal

En múltiples ocasiones el tercer sector, sindicatos y especialmente la comisión promotora de la ley de la renta garantizada, han atacado a la 'conselleria' que dirige Chakir El Homrani por no estar gestionando correctamente esta prestación, especialmente por la saturación del servicio y la falta de personal. Además, las personas sin hogar, las mujeres maltratadas, los jovenes extutelados o las personas que viven en pisos hacinados son algunos de los colectivos que se han quedado excluidos. 

"No hay información, manipulan y esconden los datos", se queja el portavoz de la comisión promotora de la ley que regula esta prestación, Diosdado Toledano. que habla de una "brutal opacidad" y que acusa al actual 'conseller' de "denegar este derecho deliberadamente". Casi 4.000 personas han presentado un recurso de alzada contra la administración tras quedar excluidos de la ayuda, en su opinión por razones mal fundamentadas.