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pederastia en las escuelas

El Govern reabrirá el 'caso Maristas' para revisar la responsabilidad de la orden

El expediente anunciado por el 'conseller' d'Educació se activará después de conocer la sentencia del juicio contra el pederasta Joaquim Benítez

Josep Bargalló también busca la manera de reparar a todas las víctimas de abusos sexuales, con denuncia prescrita o sin ella, en colegios catalanes

Guillem Sànchez

Benítez entra en el Palacio de Justicia.

Benítez entra en el Palacio de Justicia. / ALBERT BERTRAN

La Conselleria d’Educació reabrirá el 'caso Maristas'para revisar el papel de la Fundació Champagnat -dueña de los colegios maristas catalanes- en los abusos sexuales que sufrieron los alumnos escolarizados en centros de la orden religiosa. "No solo los casos no prescritos", advierte en declaraciones a EL PERIÓDICO el 'conseller' Josep Bargalló, sino "todos los que se conozcan". Esto significa que el departamento, entre otros indicios, tendrá en cuenta las 47 denuncias policiales que se han presentado en los Mossos d’Esquadra entre febrero del 2016 y la actualidad contra 17 docentes (11 hermanos religiosos, cinco profesores seglares y un monitor de comedor) de los colegios de Sants-Les Corts y la Inmaculada (Barcelona), Champagnat (Badalona) y Valldemia (Mataró) por hechos acaecidos entre 1962 y el 2018.

La apertura de este expediente a la orden marista no se producirá antes de la sentencia del tribunal de la Audiencia de Barcelona que ha juzgado al profesor de Sants-Les Corts Joaquim Benítez, el único pederasta que ha tenido que responder ante la justicia, aunque solo por cuatro de las 17 denuncias que pesan contra él. El resto de profesores han capeado el temporal del 'caso Maristas' blindados por la prescripción de sus delitos, la misma que también ha impedido que un juez analice la responsabilidad de la orden religiosa, que encubrió abusos sexuales durante décadas silenciando a las víctimas que osaban pedir ayuda o trasladando a los pederastas de colegio.

"Tenemos que esperar a conocer la sentencia de Benítez para averiguar si dice algo sobre los Maristas o para averiguar si a la 'conselleria' le toca pagar algún tipo de indemnización", razona Bargalló. Pero tras el fallo judicial, que presumiblemente no entrará a valorar la responsabilidad de la orden ni tampoco la de la Generalitat, Educació se compromete a abrir un expediente y que sus inspectores reanalicen el 'caso Maristas'.

En función de las conclusiones del expediente, se decidirá o no si la Fundación Champagnat debe ser sancionada. Bargalló no descarta que la eventual sanción incluya la suspensión del concierto económico a los Maristas. El 'conseller', sobre esta última cuestión, no oculta la dificultad de garantizar el derecho a la escolarización de todos los alumnos en Catalunya si se prescindiera de forma repentina de las miles de plazas que ofertan los centros maristas, propiedad de la orden pero financiados con el dinero público de la Generalitat. Avanza, no obstante, que se llegaría a ese extremo únicamente si la sentencia judicial fuera contundente sobre la responsabilidad de los Maristas o si el expediente que planea iniciar Educació comprobara que estos, en la gestión interna de los casos de pederastia que han salido a la luz pública durante los últimos tres años, han incumplido gravemente las condiciones que establece la Administración para recibir la subvención pública.

Árbitro parcial en el 2013

El trabajo de los inspectores de la Generalitat no será sencillo. Implicará, entre otras cosas, rehacer incluso la conclusión elaborada en el informe que examinó el comportamiento de la dirección del colegio de Sants-Les Corts cuando recibió, a finales del 2013, el aviso de Manuel Barbero, padre de una víctima con la que arrancaría este escándalo de pederastia en febrero del 2016, tres años más tarde. Un informe del Consorci d’Educació -ente gestor participado por la 'conselleria' (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%)- resolvió entonces que la actuación de la orden religiosa con Barbero había sido correcta. "Fue un informe que no se hizo bien, escuchaba solo a una parte -la de los Maristas- y compraba íntegramente su versión de los hechos", critica sin tapujos Bargalló.

En el 2013 Barbero acudió al colegio para avisar de que su hijo Toni acababa de decirles que había sufrido los abusos del profesor de educación física Joaquim Benítez. La respuesta del centro fue que ese docente ya no trabajaba allí desde el 2011 y que entonces había sido apartado por abusar de otro alumno. Pero ni le ofrecieron ayuda a Barbero ni tampoco trataron de averiguar si había más víctimas entre sus alumnos. Las había, dado que enseguida comenzaron a aflorar con la cuenta de correos que abrió Barbero a principios del 2016 (abusosenmaristas@gmail.com).

La investigación que EL PERIÓDICO inició el 4 de febrero del 2016 halló pruebas del encubrimiento sistemático de los maristas a profesores como Arnaldo FarréFeliu Martí, A.E.A.B. o Lucio Zudaire, entre otros. Porque desoyeron denuncias presentadas contra Farré; cambiaron de colegio al hermano A.B. hasta en tres ocasiones por quejas de progenitores de hijos abusados; promocionaron a Martí después de prometer a una madre que este sería apartado del centro; disuadieron de comunicar a la policía los tocamientos de A.E.; o refugiaron en una casa de colonias a Zudaire –donde siguió magreando a críos– después de haberlo sacado con grúa de Badalona por las protestas de familias afectadas por su pederastia. 

La Generalitat estudia reparar a todas las víctimas 

El 'conseller' Bargalló asegura que el plan 'Tolerància Zero', que persigue la erradicación de cualquier tipo de abuso físico, psicológico o sexual en las escuelas catalanas, tendrá tres patas: prevención, actuación y acompañamiento. Y se abrirá un correo que permitirá a las víctimas de abusos sexuales en escuelas catalanas, con denuncias prescritas o sin ellas, contactar con la 'conselleria'. "Dentro del tercer punto, el acompañamiento, intentaremos buscar el modo de que todas las víctimas -de abusos cometidos en centros públicos, concertados o privados, religiosos o laicos- puedan ser indemnizadas. No podremos hacerlo desde Educació y deberá ser el Govern el que se implique", avisa. 

Hasta la fecha, la única vía que se abrió -y se ha cerrado- para indemnizar a las personas con delitos prescritos fue una negociación entre Manuel Barbero y los Maristas que contó con la medicación de la 'conselleria', a través de la letrada Susana Marín, del gabinete jurídico. En este caso, Educació actuó únicamente de juez imparcial, matizan Bargalló y la abogada. En el futuro, con el plan de 'Tolerància Zero', debería ser el Govern quien lidere la vía para repararlas.