La fiscalía recurrirá que el suicidio asistido se enjuicie como violencia machista

La fiscala de sala de violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera, anunció este jueves que el ministerio público recurrirá la decisión de la jueza de Madrid de inhibirse y traspasar a un juzgado de violencia machista la investigación en torno al suicidio asistido de María José Carrascosuicidio asistido  y por el que su marido, Ángel Hernández, pasó una noche en el calabozo y quedó en libertad con cargos. Miembros del Gobierno rechazaron asimismo la derivación, que la defensa de Hernández también recurrirá.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, que asumió inicialmente el caso, se ha inhibido con el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo marca, según su interpretación, que cualquier homicidio por parte de un hombre hacia su pareja debe de ser investigado en los tribunales especializados.

"Valoración sesgada"

Sin embargo, según la fiscalía, el magistrado ha hecho una "valoración sesgada" de la doctrina del Alto Tribunal al considerar de manera "automática" que es un delito de violencia de género, sin tener en cuenta que para que concurran estos hechos, según establece la ley integral contra esta lacra, es necesario que haya una "situación de discriminación, de desigualdad y de dominación del hombre sobre la mujer". 

Un caso muy distinto al de María José Carrasco quien, según destacó Martín Nájera, "había pedido reiteradamente de forma pública y voluntaria terminar con su sufrimiento, había adquirido las herramientas para llevarlo a cabo, había decidido el momento y pidió ayuda a su marido para ejecutar este hecho". Por todo ello, la fiscalía recurrirá ante el juez la inhibición y, si este insiste en su decisión, probablemente recurrirá ante la Audiencia Provincial, que será el órgano encargado de determinar qué instancia judicial instruye el caso.

La interpretación de la norma

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, también consideró que la muerte de María José, que sufría un estado muy avanzado de esclerosis múltiple y no se podía valer por sí misma, por eso necesitó ayuda para morir, es “diferente” del maltrato machista. La titular de Justicia reconoció, eso sí, que “habrá que estudiar la interpretación de la norma” y si la jurisprudencia del Supremo es “aplicable” porque “hay muchos factores que se pueden tener en cuenta para determinar si no es competencia del juzgado de violencia de género”. Su compañero de Gabinete, Fernando Grande-Marlaska, apuntaló que “evidentemente” la conducta de  Ángel Hernández no es equiparable a la de los maltratadores, mientras que la vicepresidenta de Dret a Morir Dignament, Nati Hidalgo, pronosticó que al no encajar en este delito el proceso “no tendrá recorrido y será sobreseído”.

Si bien, no todos los juristas lo tienen tan claro, puesto que el Código Penal castiga el suicidio asistido con penas de entre dos y diez años, un castigo que podría agravarse si fuera calificado de violencia machista.