MEDIO AMBIENTE
El fiscal acusa a dos alcaldes de permitir la destrucción de nidos de golondrinas
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra los dos últimos alcaldes de la población de Puigdàlber (Barcelona) por haber permitido la destrucción de unos nidos de golondrina que había en una fachada de un edificio que fue derribado. La acusación pública atribuye a David Masdeu Vallès y Miguel Vallès Esteve un delito contra la fauna, otro de prevaricación administrativa y un último de falsedad documental.
La querella, firmada por el fiscal de Medio Ambiente Miquel Àngel Pérez de Gregorio, ha sido presentada en el juzgado de guardia de Vilafranca del Penedès, el órgano judicial del que depende la pequeña localidad de Puigdàlber. La acusación sostiene que en el 2016 los Agentes Rurales elaboraron un censo de nidos de un tipo de golondrina ('delichon urbicum') en esa población, constatando la existencia de 32 de estos refugios en la fachada del almacén de Cal Ferran, en el camino de Bellavista. Esta colonia de aves era controlada por los agentes desde el 2012 hasta tal punto que, en enero del 2018, fuera del periodo de nidificación, hicieron un reportaje fotográfico de los nidos.
La golondrina de la especie avión común está protegida por la ley. Esta situación comporta que no se puede realizar ninguna actuación que pueda perjudicar a estas aves en su periodo reproductivo, como retirar o destruir nidos. Para poder hacerlo se requiere una autorización de la Generalitat.
Edificio en ruina
El 27 de marzo del 2017, después de los informes del arquitecto municipal sobre desprendimientos espontáneos en el almacén de Cal Ferran, el alcalde en de Puigdàlber en aquel momento, David Masdeu, firmó un decreto por el que se declaraba el inmueble en ruina. Meses después, en noviembre, la junta del gobierno local, "sin tener en cuenta y con el pleno conocimiento de que necesitaban la autorización de la Generalitat", aprobó adjudicar la ejecución del derribo de la finca a una empresa, relata el fiscal.
Los agentes efectuaron los días 9 y 12 de enero del 2018 una inspección ocular de la fachada y comprobaron que había nidos. Pero meses después, el 18 de agosto, pudieron observar que el almacén se había destruido. A raíz de su investigación, se pudo determinar que las obras se habían realizado antes, el 17 y 18 de abril, "en plena época de nidificación y cría de pollos", detalla la acusación. Cuando los agentes rurales pidieron explicaciones, el sucesor de Masdeu, el querellado Miquel Vallès, respondió a través de un documento oficial que la demolición se hizo "fuera de la época de cría" y a finales del 2017, "con pleno conocimiento de estar faltando a la verdad", subraya el fiscal.
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