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VOTACIÓN EN LA EUROCÁMARA

La nueva normativa europea de derechos de autor quiere hacer pagar a Google, Youtube o Facebook

El pleno del Parlamento Europeo avala, por 348 votos a favor y 274 en contra, el acuerdo negociado con el Consejo

Quiere garantizar una remuneración a creadores y artistas por parte de plataformas como Google, Youtube o Facebook

Silvia Martinez

Sesión en el Parlamento Europeo.

Sesión en el Parlamento Europeo. / PATRICK SEEGER (EFE)

Ha sido una de las normativas más batalladas, contestadas y polémicas de los últimos años pero la nueva directiva sobre derechos de autor, que adaptará las reglas del copyright a la nueva era de internet y garantizará una remuneración más justa a creadores y artistas por parte de plataformas como Google, Youtube o Facebook, ha superado este martes el último escollo, con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, tras un último y largo debate en el pleno del Parlamento Europeo que ha evidenciado de nuevo la profunda división que genera este asunto en Europa. 

El intento de última hora de los detractores del texto por reabrir la propuesta ha fracasado y la enmienda que abogaba por ello ha sido rechazada por un ajustado margen. El texto aprobado es el mismo al que ya dio luz verde el Consejo el pasado 20 de febrero con el voto en contra de Holanda, Finlandia, Italia, Polonia y Luxemburgo, que consideran la reforma como un paso atrás para el mercado único digital, que no garantiza un equilibrio entre la protección de los titulares de derechos y los intereses de los ciudadanos individuales y obstaculizará la innovación.

Para los críticos con el texto, como Ernest Urtasun (Catalunya en Común) o Florent Marcellesi (Equo) “un mal día para la libertad en internet” porque se trata de “un acuerdo nefasto para artistas, autores, pequeños editores y usuarios de internet” que "conducirá a un bloqueo más frecuente de contenido perfectamente legal". Ambos han votado en contra de la propuesta lo mismo que Podemos. Para los partidarios de la reforma, en cambio, se trata de “un gran día” que lanza una señal fuerte de protección a creadores, prensa y educadores, tal y como ha resumido la comisaria Mariya Gabriel. La reforma, que ha necesitado de dos años y medio de intensas negociaciones, ha enfrentado a ambos bandos hasta el último minuto en un ejercicio de presión sin precedentes.

Autorización previa

Entre los elementos que mayor discordia han generado, dos. El primero, el conocido artículo 13 reconvertido en 17, que obligará a los gigantes de internet que difunden contenidos de usuarios con fines comerciales a identificarlos y filtrarlos de forma automática para garantizar una protección adecuada, en vez de a posteriori como ocurre actualmente, y que no podamos acceder a contenido pirata. Para ello, las plataformas tendrán que obtener una autorización de los titulares de los derechos y en caso de recibirla garantizar que las obras protegidas, sean fotos, textos o música, son remuneradas si son reproducidas. Si los creadores no quieren autorizarlo tendrán que bloquear los contenidos y si hay una violación serán los responsables.

Según activistas digitales y eurodiputados como la alemana Julia Reda, del Partido Pirata, esta obligación de filtrado exigirá la instalación de un “filtro de carga” que limitará la libertad de expresión. “Tenemos sobre la mesa algo que supone censura y que será el fin de internet tal y como lo conocemos”, ha reprochado también el checo Jiri Mastalka durante el encendido debate previo a la votación. “No va a haber censura ni se va a limitar la libertad de expresión de ninguna manera. Lo que hacemos es crear una garantía jurídica para que se traten adecuadamente los derechos de autor”, ha respondido el ponente del informe, Axel Voss. 

Modernización de las normas

La nueva directiva, que nace con el objetivo de modernizar unas normas que se han quedado obsoletas y datan del 2001, antes de que existieran las redes sociales, garantiza que se podrán subir a internet obras protegidas con un objetivo de crítica, revisión, caricatura, parodia o cita, lo que garantiza que los memes y gifs continuarán gozando de una excepción y podrán ser compartidos.

La asociación de consumidores europeos (BEUC en sus siglas en inglés) no lo tiene tan claro y admite que los filtros podrían terminar bloqueando determinados contenidos y generando un efecto negativo en la libertad de expresión. “Apoyamos plenamente el objetivo de garantizar una remuneración justa para los creadores pero esto no debería suceder en detrimento de los consumidores. Existe un riesgo muy alto de que la nueva ley haga más daño que bien", considera su directora general, Monique Goyens, muy crítica con lo que considera un intento de proteger a una industria que se ha resistido a lidiar con el impacto del cambio tecnológico en su modelo de negocio. 

Memes y Linktax

En caso de problemas, los usuarios, aseguran los defensores de la propuesta entre los que figura el comisario responsable de la política digital, Andrus Ansip, podrán pedir que se vuelvan a cargar o impugnar el contenido eliminado. El acuerdo también especifica que subir trabajos a enciclopedias en línea de forma no comercial, como Wikipedia, o plataformas de software de código abierto, como GitHub, quedará excluido automáticamente de la normativa. Además las starups estarán sujetas a obligaciones más ligeras que las más establecidas.

El segundo gran frente de batalla durante los últimos meses ha sido el artículo 11, 15 en el nuevo texto, conocido como Linktax impuesto al enlace, que tiene por objetivo garantizar que los portales, redes sociales o agregadores de noticias pagan a los editores de prensa y periodistas por los contenidos que difunden. Una "canon perverso", según la activista de Xneet Simona Levi, equivalente a nivel europeo al canon vigente en España, que hizo que Google News cerrara su portal de noticias en español. La normativa permitirá que puedan seguir compartiéndose con libertad “fragmentos” de noticias siempre que sean "muy breves” pero incluye disposiciones para que los agregadores de noticias abusen de esta prerrogativa.

A juicio de Levi, la UE ha perdido una "oportunidad histórica" y ha desarrollado un texto "tecnófobo, a medida de los monopolios del copyright y que, además, no garantiza el derecho de los autores a vivir dignamente de su trabajo". Tras el acuerdo de la Eurocámara, los gobiernos de la UE ya tienen vía libre para ratificar la directiva que tendrán dos años para incorporar a sus respectivas legislaciones nacionales.