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Europa censura el almacén de gas en Doñana y pide cerrar los pozos ilegales

El Parlamento Europeo aprueba el informe elaborado por la misión que inspeccionó el parque el pasado año

Considera que el gaseoducto no es un proyecto "estratégico" y pone el foco en la presión hídrica que las extracciones ilegales causan en el humedal

Julia Camacho

Dunas en el parque nacional de Doñana, en Huelva.

Dunas en el parque nacional de Doñana, en Huelva. / CSIC / JOAN COSTA

Las instituciones europeas siguen presionando a España por la gestión del agua de uno de los principales humedales del continente, el parque nacional de Doñana. En una votación por mayoría, el Parlamento Europeo aprobó este jueves el informe elaborado por la misión que inspeccionó la zona el pasado tras la denuncia de asociaciones ecologistas u partidos políticos como IU, y en el que no solo se cierra la puerta al almacén de gas proyectado en su subsuelo, cuestionando la obtención de los permisos, sino que reclama a las autoridades españolas que detengan inmediatamente el robo de agua mediante los pozos ilegales que secan el acuífero.

La decisión del Parlamento europeo, que no tienen efectos legales, sí supone un fuerte rechazo político a la actuación de las autoridades españolas en Doñana. Y se suma además a la denuncia formal presentada el pasado mes de enero por la Comisión Europea contra España por no proteger adecuadamente el acuífero que nutre el parque para evitar su deterioro ante la presión que ejerce la actividad económica, fundamentalmente la agricultura y el turismo.

El acuerdo ha sido adoptado en el seno de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por 17 votos a favor y 8 abstenciones. Ya en el borrador se reclamaba una evaluación conjunta del impacto ambiental y sísmico de las cuatro fases del proyecto gasístico en el subsuelo de Doñana, que fue el argumento que motivó las denuncias de los colectivos ecologistas y la visita de la misión el pasado año. Pero tras entrevistarse con todas las partes, los europarlamentarios pusieron el foco en la deficiente gestión del agua, instando a cerrar los cientos de pozos ilegales y detener “de inmediato” estas extracciones ilegales de agua destinadas a la agricultura de fresas y frutos rojos en la comarca, principal sustento económico de la zona.

Riesgos sísmicos similares a El Castor

Ahora, el Parlamento da carta de recomendación a ese borrador y exige tomar medidas. Por un lado, rechaza por completo la construcción de un gaseoducto ubicado a tan solo 200 metros del parque natural y a dos kilómetros del parque nacional,  y de un almacén de gas en el subsuelo del parque aprovechando bolsas de gas ya existentes pero también inyectándolo del exterior. Así, al considerar que no se trata de una infraestructura estratégica, pide que se suspendan de momento todos los permisos del proyecto, que fue dividido en cuatro fases para agilizar su tramitación y minimizar administrativamente el impacto ambiental. Los eurodiputados expresan en este sentido su preocupación por haberse concedido esas autorizaciones sin contar con una evaluación integral o combinada del impacto ambiental y los riesgos sísmicos, aludiendo a la situación que se dio con el proyecto de gas Castor en las costas levantinas, y piden a las autoridades que se garantice el respeto a los principios de “prevención y precaución de la UE”.

Pero el grueso del informe se centra en la gestión de los recursos hídricos y el cumplimiento de la normativa europea en materia de agua, reclamando a las autoridades nacionales, regionales y locales, e incluso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que “trabajen juntas” para el cierre de todos los pozos ilegales “y que detengan de inmediato la extracción ilegal de agua existente”. Las asociaciones ecologistas como WWF estiman que en el entorno de Doñana existen casi un millar de estas captaciones ilegales, a las que se suman más de 3.000 hectáreas de cultivos fuera de la norma. El estrés hídrico fruto de la actividad humana es tal que hasta la Confederación Hidrográfica, organismo responsable de la gestión del agua, declaró como “sobreexplotado” parte del acuífero.

Aumentar la vigilancia

En este sentido, los europarlamentarios han abogado por aumentar la vigilancia y la seguridad en la zona a fin de evitar los robos de agua, solicitando además la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de los pozos ilegales. El informe, según recoge Europa Press, apoya los riegos legales y señala que “no toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el Parque Natural de Doñana, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua y un control continuo del agua que fluye hacia Doñana”. Eso sí, se solicita “una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial”.


Desde WWF se han mostrado muy satisfechos con el dictamen aprobado por el Parlamento Europeo, “una decisión importante” que avala el trabajo que las asociaciones ecologistas llevan tiempo realizando. No obstante, el portavoz de la asociación, Juanjo Carmona, consideró que el problema no se habrá resuelto hasta que “los agropiratas hayan desaparecido de Doñana y paguen por sus acciones”. Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía Antonio Maíllo celebró que el Europarlamento “no se ande por las ramas” al pedir el cierre de los pozos, al tiempo que instó a las administraciones de España y Andalucía a “mover ficha” y proceder a la “inmediata suspensión” del proyecto gasístico, ya que se reconoce que las concesiones estuvieron “plagadas de irregularidades”.