Ir a contenido

La ley ya protege a las inmigrantes, es innecesaria la medida del PP

No se expulsa de forma generalizada a las madres 'simpapeles' que quieran dar sus hijos en adopción

Las entidades sociales consideran "intolerable" y "mercantilista" la iniciativa conservadora

Patricia Martín / Olga Pereda

Llegada de un grupo de menores y mujeres inmigrantes al puerto de Melilla tras ser rescatados por Salvamento Maritimo.

Llegada de un grupo de menores y mujeres inmigrantes al puerto de Melilla tras ser rescatados por Salvamento Maritimo. / G. GUERRERO (EFE)

Tras la polvareda que ha levantado su polémica iniciativa sobre las mujeres inmigrantes y la adopción, el PP se ha visto forzado a aclarar que es “falso que proponga” evitar su expulsión de España “a cambio de que entreguen” a sus retoños a familias adoptantes. Por lo visto su intención es que cuando una madre ya ha decidido dar en adopción al menor, el proceso en sí no suponga el inicio de los trámites de expulsión, "por razones humanitarias y para proteger al menor y a la madre”, según la argumentación de los populares. Si bien, la legislación ya ampara a las inmigrantes embarazadas y por ello los especialistas en adopciones, protección al menor e inmigración “no entienden” la “confusa” iniciativa conservadora, dado que no se ha detectado que haya un problema generalizado y se esté expulsando a las madres 'simpapeles' por este motivo, en un panorama ya lo suficientemente “regulado, legislado y controlado”.

De hecho, la ley de extranjería establece que no se podrá llevar a cabo una expulsión del país cuando la afectada esté embarazada y esta medida “pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre”. Es decir, en el supuesto de que se inicie el trámite, la afectada puede alegar su embarazo para evitar ser deportada. Por ello, Red Acoge apunta que “no tienen conocimiento de casos en los que se haya abierto un expediente” por el deseo de dar a un hijo en adopción.   

El arraigo

Tampoco en Save The Children “son conscientes” de que “sea un problema muy habitual”. Su directora de sensibilización y políticas de infancia, Ana Sastre, explica a EL PERIÓDICO que cuando una inmigrante embarazada llega a España de forma irregular, “no se la suele” expulsar sino que se la considera una persona “de especial vulnerabilidad” y por ello es derivada a los equipamientos de la Cruz Roja. Además, pasado un año, “dependiendo del caso y en algunas nacionalidades” la madre y su hijo son regularizados por arraigo, dado que en algunos países no se permitiría al menor otorgarle la nacionalidad al no haber nacido en su territorio. Por ello, la oenegé se ha dirigido al PP para solicitarle “más información” sobre su “confusa” propuesta.

Los populares sostienen que lo que pretenden es exportar a toda España, mediante una nueva ley de apoyo a la maternidad, la normativa existente en Madrid y que establece que “la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer”, dado que es un “proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la misma, dado que sus datos están sujetos a reserva”. Según la portavoz del PP en política social, Cuca Gamarra, esta legislación ha permitido que entre 30 y 40 niños no sean abandonados, por ejemplo, “en contenedores”, y sean entregados por los cauces legales. Si bien, según el coordinador general de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA), Benedicto García, la obligación de mantener la confidencialidad existe en todas las Comunidades Autónomas y no solo en Madrid. Por eso, su colectivo “no acaba de ver dónde está el problema”. Y fuentes de Sanidad confirman que las normas autonómicas sobre protección a la infancia contemplan la protección de los datos personales.

La confidencialidad

Cuando una mujer decide renunciar a su vástago, ya sea española o extranjera, de forma inmediata esa persona es derivada a los servicios sociales, que son quienes tienen que velar por su bien y el del menor. “Desconozco si servicios sociales avisan a Extranjería de la situación irregular de esa persona, pero no deberían poder expulsarla porque el menor está protegido y la mujer tiene hasta mes y medio después para decidir si se retracta y es asesorada en todo momento por un jurista”, explica García. Por eso, a su asociación, que agrupa a colectivos de padres adoptantes de toda España, “no les cosa” que se expulse a madres en este proceso y que, en algún lugar en concreto, “se vulnere el derecho a la confidencialidad”.

Además, según la propuesta del PP, la protección a la mujer será exclusivamente durante el proceso de adopción. Después pierde el ‘blindaje’ y podría ser deportada. Ante ello, las entidades de ayuda a los inmigrantes consideraron “intolerante”, “mercantilista” y “estigmatizadora” la iniciativa, al tiempo que señalaron que si lo que se pretende es ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, se les facilite ayudas económicas para evitar que se vean abocadas al aborto o a dar a un hijo en adopción. “Aprovechar la máxima vulnerabilidad de las madres migrantes para condicionar su situación legal a cambio de dar sus hijos en adopción, como si de mercancía se tratara, es intolerable”, apuntó la ONG Accem.