Marruecos archiva la investigación judicial contra Helena Maleno por tráfico de personas

Siete años después de iniciada, la pesadilla termina para la activista y defensora de derechos humanos Helena Maleno. El Tribunal de Apelación de Tánger acaba de archivar la investigación abierta contra ella por un presunto delito de tráfico seres humanos por las llamadas a los servicios de Salvamento Marítimo alertando de pateras con inmigrantes jugándose la vida en el mar al no apreciar indicios de delito. Una investigación que se inició por parte de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF), que tras el archivo de la causa por parte de la Justicia española al no apreciar indicios de delito remitió el caso a Marruecos, lo que motivó el inicio de la nueva causa en el pais vecino.

De haber prosperado la causa, la activista, que colabora desde 2007 con la ONU y el Defensor del Pueblo español, se podía haber enfrentado a penas de entre seis meses de cárcel y cadena perpetua, dada la gravedad de los delitos que se le atribuían: tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular. Una acusación que Maleno atribuyó a la "criminalización" de los defensores de derechos humanos coincidiendo justo con los años de mayor afluencia de inmigrantes que trataban de alcanzar las costas españolas de manera irregular. Por eso, la activista no dudó en alzar la voz contra los enormes intereses económicos tras esos movimientos migratorios, especialmente por parte de empresas de armamento y control de las fronteras. Tras conocer la noticia del archivo definitivo, la activista española ha colgado en sus redes sociales un mensaje reconociendo que "Europa se ha convertido en un continente muy peligroso".

Desde la organización con la que trabaja, Caminando Fronteras, aseguraban que aún queda un paso más: "reparar el daño causado y restituirle sus derechos". Y es que el camino hasta este archivo no ha sido sencillo, dado que Maleno ha visto conculcados muchos de sus derechos en este tiempo, como relató a este diario. "Alargar esta situación es una forma de tortura», aseguró, «mis derechos se han deteriorado, ya no vivo una vida normal". La investigación de la UCRIF, que llegó a pinchar sus teléfonos e investigar su vida privada, comenzó en 2012 para vincularla con las redes de trata por su sistema de alertas a Salvamento Marítimo sobre embarcaciones a la deriva, que han permitido salvar cientos de vidas. El caso se archivó en 2017, pero las diligencias habían sido remitidas también a Marruecos, donde reside desde hace casi dos décadas, lo que derivó en una nueva apertura de la causa. El juzgado que lo instruía, y ante el que tuvo que declarar en tres ocasiones, cerró provisionalmente la investigación a finales del pasado año, pero tras el recurso de la Fiscalía marroquí, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la decisión de archivo.

En este tiempo, se ha sentido vigilada, ha sufrido amenazas, agresiones físicas e intentos de difamación, e incluso ha tenido problemas administrativos para renovar su tarjeta de residencia en Marruecos. Una situación en la que no se ha sentido acompañada por las autoridades españolas. No solo no remitieron a Marruecos el archivo de la denuncia abierta en España, que no llegó siquiera a prosperar al ser inadmitida por la Fiscalía, sino que reconocieron en junio de pasado año que fue el gobierno español de Mariano Rajoy (PP) quien remitió a la justicia marroquí el informe sobre la activista, aunque justificó que lo hacía atendiendo al requerimiento del Tribunal de Apelación de Tánger. Meses antes, el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido negó en reiteradas ocasiones tener constancia del informe y mucho menos haberlo enviado al país vecino.

La persecución y el hostigamiento sufrido por Maleno en estos años generó una gran movilización en la opinión pública española y en las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos, incluidas las asociaciones marroquíes. "No he hecho nada malo", insistió ella todo este tiempo, asegurando que no pararía ni un minuto en su "derecho a seguir defendiendo derechos".  Fruto de ese apoyo de la comunidad internacional y de los propios migrantes, la periodista e investigadora ha sido reconocida por Consejo General de la Abogacía Española (2015) o la Unión Progresista de Fiscales (2014) por la labor realizada a través de la organización Caminando Fronteras.