Las cárceles catalanas, cada vez más vacías

La población reclusa en Catalunya ha disminuido un 20% en los últimos ocho años debido entre otras razones a la reforma del Código Penal del 2010 (que reducía las penas por el delito de tráfico de drogas), a la mayor aplicación de medidas alternativas a la prisión (trabajos en beneficios a la comunidad o asistencia a cursos) y a los cambios en los movimientos migratorios. Está previsto que esta tendencia se mantenga y, por tanto, no será necesaria la construcción de nuevas cárceles, que están al 72% de su ocupación, según explica a EL PERIÓDICO el secretario general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Armand Calderó. Catalunya tiene una tasa de 115,5 reclusos por cada 100.000 habitantes, una tasa inferior a la del conjunto de España (130 por cada 100.000) y similar a la de Dinamarca, Suecia o Alemania.

A medio plazo, en concreto en los próximos dos años, está previsto que la población penitenciaria en Catalunya baje un 7%. En un periodo de cinco años, la cifra de 8.000 presos se estabilizará y seguirá alejada de los 10.000 que se llegaron a alcanzar en el pasado. Todo ello si se mantienen los factores normativos y legislativos, migratorios, poblacionales y económicos que han provocado el descenso de los últimos ocho años. Un dato: desde 1998 hasta el 2018, los centros penitenciarios catalanes han perdido 2.309 reclusos.

Los factores que inciden en este decrecimiento son múltiples, según el secretario general de Serveis Penitenciaris. La reforma del 2010 del Código Penal con la reducción de las penas por tráfico de drogas supuso, de entrada y con efectos inmediatos, que 105 personas fueran excarceladas en Catalunya por la revisión de sus sentencias. A partir de ese momento, la disminución de las condenas originó que el tiempo de estancia en un centro penitenciario por estos delitos (el segundo motivo más común para cumplir pena de prisión) fuera inferior.

Otras de las causas son la disminución de las personas que están en prisión preventiva a la espera de juicio. En el 2007 llegaron al 22% del total de la población reclusa. El 2018 se cerró con un 17% (en el 2014 y 2015 fue del 14%). Este dato está directamente relacionado con el estado de colapso histórico que padece la Administración de justicia, aunque va mejorando. En el 2017, el número de asuntos penales en tramitación en la comunidad catalana ascendía a 120.000; en el 2106, a 128.000, y en el 2015, a 144.000. Es decir, las causas pendientes también disminuyen. Además, los criterios para decretar la prisión provisional han evolucionado. "El ingreso en prisión ha de ser la última ratio de la respuesta penal. Hay mucha gente en la cárcel que no debería estar en ella. Se debería ser más valiente con las medidas alternativas a la prisión", asegura Calderó. 

Menos denuncias y más libertad provisional

Fuentes de la Conselleria de Justícia sostienen que durante los últimos ocho años ha habido menos denuncias a los Mossos d’Esquadra. Este hecho queda avalado por una tasa de victimización que cae especialmente entre el 2010 y el 2015 (del 25,6% al 23,3%), según la encuesta sobre esta materia del 2018 de Barcelona.

Otro elemento que explica la merma de la población reclusa es la mayor aplicación de la libertad condicional. Del 7,9% del 2010 (con 8.563 reclusos) se ha pasado al 10,8% en el 2018, con 6.957 internos en los centros penitenciarios catalanes. En otros periodos, por ejemplo en el 2014 y 2016, ese porcentaje fue del 13,3% y el 13,6%, respectivamente. Un reo puede disfrutar de la libertad condicional cuando está clasificado en tercer grado (el último de la escala y que permite al preso ir solo a dormir a la cárcel), que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta y que se haya observado buena conducta.

La aplicación de la circular de la ley de extranjería aprobada en el 2011 también ha facilitado las repatriaciones de personas de origen en el extranjero en situación irregular que cumplen condena en las prisiones catalanas. Las estadísticas apuntan que en el 2010 se produjeron 35 devoluciones a sus países de personas foráneas encarceladas, mientras que en el 2018 esta cifra resultó ser del 135 (hubo una punta en el 2012, con 256 repatriados). En los últimos años, la fiscalía se ha puesto manos a la obra para agilizar estos trámites.

Otro de los factores que más han influido en la caída del número de reclusos es la menor tasa de reincidencia actual. Y es que siete de cada 10 excarcelados no vuelven a la prisión en los cinco años posteriores. Este efecto está vinculado directamente con la mejora de los tratamientos individualizados que se ofrecen en los centros penitenciarios y una mejor evaluación de los riesgos sobre la posibilidad de que el reo recaiga. "Cuando teníamos las cárceles masificadas la individualización del tratamiento bajaba y ahora, en cambio, es más fácil. Así, tenemos la posibilidad de hacer mejor un pronóstico de futuro", explica el secretario general de las prisiones catalanas.

Semilibertad y medidas alternativas

La aplicación del tercer grado penitenciario o de semilibertad (los condenados solo van a dormir a la cárcel o a pasar unas horas) también se ha incrementando, pasando del 21,3% en el 2015 al 25% en el 2018. Esta herramienta aumenta el éxito de la reinserción del recluso, ya que este se va adaptando poco a poco en su entorno y rehacer su vida en libertad. En tres años, las ofertas de plazas en residencia fuera de las cárceles para personas en esta situación han pasado de las 219 a las 302. Es decir, dos de cada 10 internos en tercer grado pueden cumplir la condena en estos centros. Esto ha supuesto un aumento del presupuesto del 22% en estos recursos durante el 2018, lo que se ha traducido en una dotación de dos millones de euros. "Es necesario trabajar mucho el puente entre la prisión y la calle. Y tener especial en el apoyo a los reos en su salida a la cárcel. Un acompañamiento en temas como el de la vivienda, el trabajo o la salud", relata Calderó.

A todas estos factores, sin embargo, se debe sumar una importante: la mayor concienciación de los jueces, fiscales y de la Administración penitenciaria en la aplicación de medidas alternativas a la prisión (MPA), como la asistencia a cursos y los trabajos en beneficio de la comunidad (cuidar enfermos, hacer de jardineros, estar en perreras municipales o de informadores en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, por ejemplo). Aunque todavía es necesario más presupuesto económico, la lista de espera para cumplir la pena de esta forma se ha ido reduciendo en los últimos años. Cada mes se realizan de 7.000 a 8.000 medidas alternativas. En mucho de estos casos se impone por delitos de circulación, como alcoholemias. "Hemos de ser muy valientes en aplicar las MPA, nos lo tenemos que creer e, incluso, hacer cambios legales para ampliar los supuestos en que se pueden aplicar", sostiene Calderón.