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un negocio controvertido

España, en el podio del consumo de prostitución por el vacío político y legal

La falta de consenso en torno a si regular o abolir el sexo de pago y la tolerancia social impulsan la gran demanda

El porno, el deseo de demostrar la virilidad y una legislación laxa con los proxenetas favorecen la industria

Patricia Martín

Prostitución en una carretera, en una imagen de archivo

Prostitución en una carretera, en una imagen de archivo / RICARD CUGAT (ARCHIVO)

España es uno de los países líderes en consumo de prostitución. Según algunos estudios, podría ser el tercer país, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico, aunque dado que la compraventa de un cuerpo para practicar sexo es ilegal en muchos estados, no hay datos del todo fiables. Tampoco en España se ha hecho una investigación a fondo. En cualquier caso, empezando por el Gobierno, continuando por el Consejo General del Poder Judicial y siguiendo por la mayoría de los especialistas, hay consenso en torno a que la industria del sexo en España es de las más importantes del mundo. Pese a ello, las discrepancias, incluido en el ámbito feminista, sobre si conviene regular la prostitución o abolirla, para así garantizar mejor los derechos de las mujeres, son constantes y se han acrecentado ahora que se acerca el 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

De hecho, la comisión coordinadora de la segunda huelga feminista ha decidido dejar de lado el tema e incluir entre los motivos para hacer el paro y tomar las calles en actos reivindicativos la bandera que sí une al feminismo: la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas ejercen esta actividad de forma forzada y de sus cuerpos se lucran, por tanto, las mafias y los proxenetas.

La falta de un consenso en torno a qué hacer con la prostitución es uno de los motivos que provocan precisamente el auge del sexo de pago, según Sara Vicente, especialista en la materia de la oenegé Comisión para la investigación de los malos tratos. Salvo el PSOE e IU, que se declaran abolicionistas -pero el primero, estando en el Gobierno, no ha llegado a alumbrar ninguna medida tendente a esta solución-, el resto de partidos se mueven entre la indefinición del PP, el debate interno de Podemos y la apuesta de Ciudadanos por regular esta práctica.

“Los políticos solo abundan en la normalización del fenómeno y en la culpabilización de las mujeres que ejercen la prostitución, con el discurso de que están ahí porque quieren, por lo que se merece lo que les pase”, opina Vicente. También se queja de que, al contrario de lo que ocurrió con la lucha contra la esclavitud, ahora los abolicionistas son “tachados de no respetar los derechos humanos de las mujeres”, bajo el discurso de que prohibir la actividad puede sumir a las víctimas en mayor desprotección, si cabe.

La tolerancia social

A la indefinición política se une una sociedad que tolera y normaliza el pago por sexo. No todo el mundo con malos ojos que un hombre o varios en una despedida de soltero acudan a un prostíbulo, como sí ocurre en otros países. Y es que España tiene aún hoy una sociedad muy patriarcal en la que pervive el modelo de masculinidad de “vividor-follador”, en palabras de Águeda Gómez Suárez, socióloga y coautora del libro ‘El Putero español’. Estos varones acuden a los lugares de alterne, además de para satisfacer su deseo sexual, para “demostrar su masculinidad, que son supermachos y no homosexuales, como si se tratara de un acto de reafirmación en masa y del patriarcado”. En su opinión, esto enlaza con un cambio en el paradigma afectivo-sexual. En el mayo del 68, sostiene, el sexo era mayoritariamente “un acto de comunicación, hedonista y democrático”, mientras que ahora “predomina la lógica materialista, donde el dinero lo rige todo. Ellos pagan y mandan y ellas dicen hago lo que quiero con mi cuerpo”.

En este contexto, muchos medios de comunicación “apoyan la industria del sexo”, se benefician de la inserción de publicidad y muestran “imágenes de putas felices”, que contribuyen a normalizar la prostitución, denuncia. Además, la falta de una educación afectivo-sexual en las escuelas hace que muchos jóvenes aprendan en el porno lo que no les enseñan en los institutos o sus casas. Y la pornografía predominante “cosifica a la mujer y fomenta la cultura de la violación, dando el mensaje de que, aunque las mujeres digan que no, en el fondo quieren practicar sexo”, añade.

La laxa legislación

A todo ello se une la legislación española, que solo penaliza la prostitución forzada y no introdujo el delito de trata con fines de explotación sexual hasta el año 2010. El paradigma legislativo dio un vuelco, según denuncia Sara Vicente, cuando en 1995 el entonces Gobierno socialista despenalizó el proxenetismo lucrativo, lo que provocó la multiplicación de locales de alterne. “Antes de la entrada en vigor del cambio legal, la prostitución era algo residual, ejercida por mujeres españolas sin recursos. La ley provocó un tránsito de pensamiento y actuación al permitir a un tercero organizar un negocio donde se puede explotar a las mujeres”, explica, lo que ha multiplicado el número de prostíbulos y, para dotarlos de mano de obra, las redes que trafican y traen hasta España mujeres de todo el mundo. Pese a ello, diversas operaciones anticorrupción han puesto de manifiesto que muchos políticos cierran sus negocios corruptos en prostíbulos. “La connivencia entre autoridades y la industria sexual existe”, añade Águeda Gómez.

A ello se suma que las pocas mujeres que se atreven a denunciar que han sido víctimas de un tratante tienen que demostrarlo. “Es su palabra contra la del proxeneta; es muy difícil demostrar el delito”, explica Vicente. Y lo corrobora incluso la fiscalía de extranjería, que en un reciente informe achacó las dificultades de persecución a que “las redes de crimen organizado convierten a las víctimas en personas muy vulnerables” que, debido al miedo, no suelen denunciar.

Los datos hablan por sí solos. De las 600 investigaciones abiertas desde el 2012, el 48% de los casos se archivaron y solo 66 acabaron en condenas.

El negocio

La falta de persecución penal hace que los delincuentes prefieran optar por la industria del sexo a otros negocios ilícitos como las drogas. Además, la prostitución “mueve muchísimo dinero y suele ocupar, por tanto, el segundo o tercer puesto de las economías ilícitas”, que se ven beneficiadas “por estructuras que hacen posible que el dinero negro que se gana pueda ser blanqueado”, según las investigaciones de Rosa Cobo, autora de ‘La prostitución en el corazón del capitalismo’.

La falta de datos fiables

“La mayoría de investigaciones sobre prostitución coinciden en señalar la dificultad de encontrar datos fiables”, señalaba la última proposición no de ley del PSOE sobre este tema.

Y es que los datos oficiales hasta la fecha arrojan que el 27,3% de los hombres confesaba en el 2004 haber tenido alguna vez en su vida relaciones sexuales de pago, un porcentaje que subió hasta el 32% en el 2009, año en que la 'Encuesta Nacional de Salud Reproductiva' del INE -que el PSOE quiere recuperar- dejó de publicarse. Datos más recientes, recabados por la investigadora Carmen Meneses, de la Universidad Pontificia de Comillas, bajan el porcentaje al 20%. Por eso, la profesora juzga fundamental que el Gobierno realice “un estudio serio” y no se fíe de los datos “alarmistas” y “antiguos” que se citan en informes de la ONU y otros, que sitúan a España en el tercer país del mundo en consumo de prostitución.

El resto de especialistas consultadas por EL PERIÓDICO coinciden en señalar que es necesario que se mida, de manera lo más fiable posible, el consumo de sexo de pago en España. No llegará tan lejos, pero la delegación del Gobierno contra el maltrato está a punto de licitar la realización de un estudio sobre la problemática de la trata de mujeres, en cumplimiento de la medida 266 del pacto de Estado contra la violencia machista. El adelanto electoral no afectará a la investigación, que se prevé que arroje resultados dentro de dos años.

Respecto al negocio en torno a la prostitución, el INE estima que representa el 3% del PIB y la Fiscalía que “mueve más de cinco millones de euros al día”. Y es que el coste para un tratante de introducir en España a una mujer es de apenas 2.000 euros, mientras que la víctima puede reportarle a partir de 50.000 euros anuales, sin incluir la posible venta de la mujer explotada a otro tratante, según las investigaciones de Meneses.