la gestión de la inmigración
España negocia que Marruecos se haga cargo de los rescates de pateras
El gobierno socialista quiere evitar la congestión que vivieron los puertos y los centros de recepción y acogida andaluces el pasado año al recibir a más de 64.000 personas que, según el Ministerio de Interior, intentaron alcanzar Europa en patera en el 2018. Para atajar ese aumento de la inmigración irregular, España negocia con Marruecos diversas vías para mejorar la capacidad de maniobra del país norteafricano y que este aumente el número de rescates que realiza, de manera que, atendiendo a la ley internacional, los náufragos auxiliados deberían ser conducidos al puerto más cercano del país que efectúa los trabajos de salvamento.
Hasta ahora, dada la escasa capacidad de reacción del país norteafricano, el grueso de los rescates en aguas del Estrecho de Gibraltar era asumido por Salvamento Marítimo, por lo que todos los inmigrantes eran conducidos al puerto español más cercano de Cádiz a Almería. Una situación que se producía aunque el rescate fuera en aguas conjuntas con Marruecos o incluso en zonas de responsabilidad de la guardia costera marroquí, dado que el auxilio era realizado nuestro país.
Según los datos de Salvamento Marítimo, Marruecos apenas lleva a cabo un 17% de las labores, por lo que el objetivo, aseguran, es que se equilibren esos esfuerzos de rescate de personas en un momento en el que según la agencia europea de gestión de fronteras externas, Frontex, la llegada de migrantes por la ruta del Estrecho creció un 157% el pasado año. Unas cifras que podrían aumentar este año, ya que el cómputo de Interior cifra en 4.889 los inmigrantes llegados a nuestro país hasta el pasado 14 de febrero, frente a los 1.793 contabilizados en el mismo periodo del pasado año. “Estamos trabajando con Marruecos para mejorar y reforzar las actividades de Salvamento cooperativamente para ser más eficaces y organizarse adecuadamente”, ha explicado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.
“Hay voluntad por su parte de mejorar su capacidad de rescate, y si ellos asumen las labores de salvamento, sería Marruecos quien se haría cargo de la posterior atención a esos inmigrantes”, prosiguió la dirigente del Ejecutivo en una entrevista en la Cadena Ser tras desvelar El País que ese acuerdo con el reino alauita para fortalecer su capacidad de auxilio podría incluir en una primera fase que aunque llegara primero Salvamento Marítimo, si el puerto más cercano es marroquí sería allí a donde se conduciría a los inmigrantes. Según la información del citado diario, la medida se aplicaría a los migrantes interceptados en operaciones en las que Salvamento Marítimo auxilie a los guardacostas marroquíes en su zona de responsabilidad “si lo necesitan”, y en ese caso, las personas rescatadas serían trasladadas al puerto seguro más cercano en el país vecino. Para favorecer esa mayor implicación magrebí, Marruecos recibiría dos embarcaciones similares a las que usa Salvamento Marítimo.
Devolución en caliente en el mar
Desde Interior insisten en que se mantienen “negociaciones fluidas” con Marruecos y que mientras tanto prosiguen las actividades coordinadas de rescate en el Mar Mediterráneo, por lo que “no hay cambio en las políticas de rescate hasta el momento”. La medida, en cualquier caso, no está exenta de polémica al tratarse de una suerte de “devolución en caliente” en el mar, según denuncian algunas oenegés que trabajan con inmigrantes ya que al conducir a los náufragos a Marruecos no se tendría en cuenta la existencia de perfiles vulnerables o solicitantes de asilo, ni habría garantías de que por ejemplo esa atención especial fuera realizada en Marruecos. La situación podría provocar además motines de los inmigrantes dentro de las embarcaciones al conocer que no son conducidos a Europa, sino de vuelta a Marruecos.
CCOO Andalucía ha tildado de “aberración” que los dispositivos de salvamento puedan desembarcar en puertos marroquíes a una parte de los migrantes rescatados “sin mirar las causas” que empujan a esos inmigrantes al mar, y han recordado que hay “unos mínimos derechos fundamentales que deben regir la vida de los países que se llaman democráticos y desarrollados”.
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