Justicia pide a la Iglesia que le informe sobre los casos de pederastia

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidió este jueves a la Conferencia Episcopal que le informe sobre sus investigaciones internas en torno a los casos de pederastia. Esta acción se suma al escrito que dirigió el pasado martes al Fiscal General del Estado Fiscal General del Estadoen el que le solicita que le remita los datos de las investigaciones abiertas en torno al delito de abusos sexuales a menores, en el seno de la Iglesia. 

En su escrito a la Fiscalía, Delgado subrayó que, en muchos casos, por parte de las autoridades eclesiásticas se han ocultado los delitos. Por eso, según explicó en los 'Desayunos de TVE' donde adelantó la noticia, su intención es que los obispos españoles le informen "sobre sus investigaciones internas y si han comunicado algunas de las mismas [...] porque la verdad es importante prevenir y por las víctimas".

Con todos estos datos, la intención del Gobierno es "enriquecer" el anteproyecto de ley de protección a la infancia que el Ejecutivo aprobó en primera lectura el pasado diciembre. Dicha norma aumenta 12 años los plazos de prescripción del delito de abusos sexuales a menores, de forma que empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años. "En estos casos tienen que alargarse los plazos porque los niños y niñas tienen que tener la madurez suficiente para poder denunciarlo", señaló. 

La ocultación

Las Iglesia se han negado, hasta ahora, a hacer públicos sus archivos de denuncias o investigar a fondo, como sí han hecho la iglesia alemana o irlandesa, entre otras. Ante el aluvión de acusaciones en los últimos meses, los obispos españoles tan sólo han creado, el pasado octubre, una comisión destinada a actualizar sus protocolos de actuación, que datan del 2010 y no obligan a los eclesiásticos a denunciar sino que “invitan” a las víctimas a presentar ellos mismos la denuncia.

El Código de Derecho Canónigo sí exige a la Iglesia indagar cuando se tenga conocimiento de hechos tan graves, pero de manera interna, lo que ha provocado reacciones diversas, desde instituciones que pagaron, como el Monasterio de Montserrat a Miguel Hurtado para comprar su silencioMonasterio de Montserrat, a otras que han movido al párroco acusado de sitio y, en el mejor de los casos, lo han apartado del contacto con los niños o expulsado de la institución.

Arrojar luz

Ante esta situación, la ministra, en su carta a la Conferencia Episcopal, recuerda que estos delitos “sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución” no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados”, sino que merecen “el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal”.

“Más allá de la depuración de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad”, añade. “Se lo debemos a las víctimas, que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia, evitando extender injustamente la sospecha a toda la institución”.