Los VTC acusan al Govern de prometerles "mirar a otro lado" con los 15 minutos de reserva a cambio de aceptar el decreto

El presidente de Unauto VTC Catalunya, Josep Maria Goñi, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para aclarar los motivos de la marcha de Uber y Cabify de Barcelona y ha anunciado la principal consecuencia de todo ello: "Más de 3.500 despidos". A renglón seguido, el dirigente de la patronal ha añadido más leña al fuego al acusar a altos cargos de la Conselleria de Territori de haberles ofrecido un turbio cambalache en la reunión del pasado 25 de enero. Según Goñi, estos miembros del departamento les prometieron "mirar a otro lado" si las VTC no cumplían con los 15 minutos de precontratación estipulados a cambio de que estas empresas aceptaran el decreto ley propuesto por el equipo que dirige Damià Calvet. "Las multas de la Guardia Urbana se quedarían en el cajón", ha añadido.

"No podíamos aceptar este acuerdo porque era abrir la puerta de la corrupción", ha proclamado Goñi, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado de Eduardo Martín, presidente de Unauto España. "El 'conseller' Calvet es una persona joven, pero en su ADN lleva las viejas formas de la antigua Convergència", ha sentenciado el representante de las VTC en Catalunya, que ha rematado con que la "propuesta ilegal" de Territori perseguía arreglar "el desastre" y contentar a "grupos de matones" del taxi.

La respuesta del 'conseller'

Minutos después, el propio Calvet ha reaccionado rápidamente para negar tales acusaciones y atribuirlas a interpretaciones interesadas que nada tienen que ver con la realidad. "Estas declaraciones son una muestra más de su voluntad de confrontación, de engañar al ciudadano. Los VTC deben hacer de VTC, y los taxis de taxis", ha explicado Calvet, quien desmiente categóricamente que su departamente haya ofrecido ningún tipo de propuesta ilegal. "Simplemente se les dijo que este decreto  necesitaba un periodo de adaptación natural, como hacemos con otras medidas no se aplican con rigor desde el primer momento", ha añadido. 

El titular de la 'conselleria' de Territori ha manifestado que el Govern no quiere una prosperidad  "basada en la desregulación de la movilidad, la competencia desleal o la precariedad laboral" y que lamenta que determinadas plataformas digitales hayan anunciado que abandonan Barcelona y Catalunya "sin tan siquiera probar una regulación que hemos aprobado como Govern para regular de manera eficaz y proporcional el servicio de taxis y de VTC".

Calvet también ha anunciado su intención de rescatar las licencias VTC de Uber y Cabify, a las que sigue ofreciendo diálogo, aunque admite las dificultades jurídicas. "Si estas empresas o plataformas han manifestado la voluntad de no trabajar suponemos que harán una suspensión temporal de licencias o nosotros podremos comprobar que estas licencias no están operando. En este caso estudiaremos cómo las podemos recuperar. Porque las VTC son transporte público y las licencias son una concesión del Govern", ha recordado el 'conseller'. El Govern, ha dicho, quiere evitar que estas compañías "secuestren la licencias y las retengan de manera especulativa, porque eso nos estaría restando movilidad a la ciudad de Barcelona y al área metropolitana". "Estas empresas han anunciado que se van, pero las licencias se quedan", ha apostillado.

Una vez recuperadas, las licencias se pondrían nuevamente en concurso público. El 'conseller' confía encontrar empresas y plataformas interesadas en incorporar la normativa que ha aprobado el Govern y que convalidará el Parlament de Catalunya:"Las empresas se deben adaptar a la normativa de los países en los que pretende hacer negocio. Creemos que hacer negocio de movilidad en Barcelona, el área metropolitana y Catalunya es un buen negocio, pero adaptado a nuestras leyes". 

Esta misma semana Calvet ya anunció su intención de intervenir en el mercado de las licencias para acabar con una vorágine especuladora. El 'conseller', que avanzó la posible creación de una ley integral para todo el sector, admitió que la reforma requeriría un importante presupuesto. La creación de un fondo, que se podría financiar a través de una tasa, sería fundamental para resarcir a los actuales propietarios de estas licencias.   

Primer día sin Uber ni Cabify

La rueda de prensa de Unauto, que ha tenido lugar en el Col·legi de Periodistes justo el primer día en que la capital catalana ya no cuenta con Uber ni Cabify, ha servido para que los dirigentes de la patronal volvieran también a pedir la disimión del 'conseller' Calvet' y para que pusieran más datos sobre "el ERE más importante de los últimos 40 años". En concreto, hoy se podrían presentar tres expedientes de regulación de empleo: el de Vector, con 1.000 afectados, el de Moove Cars (750 damnificados) y el de Auro (330).  Según fuentes de Treball, todavía no se ha presentado ninguno.

La cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda, expertos en expedientes de regulación de empleo, han apuntado en un hilo de Twitter que estos contratos no se podrán extingir a bajo coste "sin demostrar la causa técnica, organizativa, económica o de producción que justifica los despidos". En este sentido, el colectivo asegura que será dificil argumentar que la necesidad de precontratar el servicio con antelación -uno de los rasgos diferenciales del VTC- justifican los despidos. Los servicios jurídicos de Unauto no están de acuerdo con esta apreciación: "No es una cuestión de que Uber y Cabify cierran porque quieren cerrar. Cierran porque no el negocio es inviable. El 95% de los clientes no está dispuesta a esperar 15 minutos", ha asegurado Martín.

"Con el Decreto del señor Calvet se destruye todo el tejido industrial del sector VTC catalán. Estamos hablando de decenas de empresas y muchos autónomos titulares de autorizaciones VTC que ven desaparecer su derecho a ganarse la vida dignamente", ha afirmado Martín, quien considera que el 'conseller' "ha cedido al chantaje del taxi". En esta línea, la asociación que representa al 90% del sector VTC en España, ha subrayado que la mitad de las personas que perderán el empleo por la entrada en vigor de este decreto son "mayores de 45 años, personas con cargas familiares y un grave riesgo de verse excluidas del mercado laboral".