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institución en entredicho

La DGAIA, el patito feo del Govern

La atención a menores desprotegidos se ha tambaleado en varias ocasiones por la endémica falta de inversión y de planificación en esta dirección general dependiente de Afers Socials

Elisenda Colell

Varios ’menas’ inhalan cola en el llamado parque verde, junto a Sant Pau del Camp, a principios de enero.

Varios ’menas’ inhalan cola en el llamado parque verde, junto a Sant Pau del Camp, a principios de enero. / ALBERT BERTRAN

Unas veces por acción y otras por omisión o quizá por incompetencia, pero la realidad es que con 30 años recién cumplidos, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) acumula un buen puñado de polémicas en los últimos años. Ya fuera por un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos. O por usar comisarías de los Mossos o la Ciutat de la Justícia como centros de acogida a menores migrantes. Hace dos años, porque niños tutelados en un centro de Amposta habían sido captados por una red de pornografía infantil. En el 2013, por no ver que un educador abusaba de los niños que acogía en su casa,  y si vamos una década atrás, porque nadie detectó el maltrato que durante seis años estaba sufriendo la niña Alba.

La DGAIA tutela, en este momento, a 9.512 menores. Niños y adolescentes que viven singladuras dramáticas y que tienen que experimentar la desagradable situación de dejar con vivir con su familia. Ya sea porque los padres toman drogas, porque están en la cárcel, porque han fallecido, porque abusan sexualmente de ellos, los maltratan física o psicológicamente (no les llevan a la escuela, no les dan de comer ni les lavan la ropa)... Cualquier negligencia o fallo acaba siendo un auténtico despropósito, teniendo en cuenta que esta institución trata con menores que no tienen a nadie más que les proteja.

Apagando fuegos

"Constantemente [la DGAIA] está apagando fuegos y vamos arrastrando problemas endémicos que se quedan en un cajón", señala el responsable de la UGT, Pedro González. Hace al menos una década que, cada año, en su informe anual sobre infancia, el Síndic de Greuges ve necesario "un aumento de presupuesto". Faltan plazas en los centros de acogida, los de "alta intensidad"(denominados CREI), los terapéuticos (donde se asiste a chicos con graves problemas de salud mental y adicciones) y es habitual que los centros atiendan a más niños de los que deberían. De hecho, hay lista de espera para muchos recursos. También cabe añadir las incesantes agresiones físicas sufridas por los trabajadores. El año pasado, la UGT detectó más de 200 casos. "Es un problema muy grave que hace 10 años que nadie ha resuelto", señala González.

Los distintos actores sociales coinciden en la necesidad de cambiar el modelo de atención a los menores. Prácticamente el 80% de los centros están en manos de fundaciones y entidades privadas, mientras que solo el 10% son de titularidad pública, "lo que impide que la DGAIA pueda controlar el correcto funcionamiento de estos establecimientos", afirma Toni Mora, de CCOO. Tanto este sindicato como UGT ven ahí el gran problema.

 "Además, los educadores cobran 500 euros menos al mes en el privado", añade González. Hay algunas fundaciones que "contratan a personas que no están cualificadas, no aplican el convenio y no cumplen las ratios de cada turno", sostiene el portavoz de Comisiones.

Homologar los salarios

Fuentes de las entidades sociales aseguran que hasta que no se aumente el dinero que les da el Govern por gestionar los centros, homologar los salarios es tan necesario como imposible. Recuerdan, además, que los impagos y las deudas afectan gravemente a su supervivencia. Hace dos años el Parlament aprobó crear una comisión para mejorar el sistema de protección. Apenas se ha reunido.

Pero siempre hay brechas para la esperanza. "Al menos, la directora general sabe de lo que habla", valoran ambos sindicatos. La ahora directora, Esther Cabanes, lleva más de 20 años trabajando en el sector. Varios de sus predecesores, lamentan, no tenían ni experiencia ni intención. "En plenos recortes tuvimos que lidiar con una veterinaria", recuerdan fuentes del tercer sector, en referencia a una ex directora de la época convergente.