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IRREGULARIDADES EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA

El exdirector de la DGAIA adjudicó contratos a la fundación en que trabajaba una 'exconsellera' de ERC

Algunos de los servicios prestados por entidades vinculadas a Ricard Calvo ran de gestión de plazas en centos de menores

Plataforma Educativa, otra entidad ligada al exalto cargo, está siendo investigada en un caso de corrupición en la Diputació de Barcelona

J. G. Albalat

Un menor mira por la ventana en un centro dependiente de la Generalitat.

Un menor mira por la ventana en un centro dependiente de la Generalitat. / RICARD CUGAT

El exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo, adjudicó de forma directa o avalando los informes técnicos, al menos, cinco contratos de servicios otorgados a la fundación Gentis, que había estado vinculada a él y cuya apoderada, según los contratos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es la ‘exconsellera’ d’Ensenyament en el Gobierno tripartito de la Generalitat Marta Cid, de Esquerra Republicana. El antiguo responsable de la atención a la infancia había sido concejal de este mismo partido en el Ayuntamiento de Girona. Dejó este puesto en agosto del 2017, cuando cesó como director de la DGAIA. En la Generalitat, la noticia sobre las presuntas irregularidades en las concesiones ha causado un gran revuelo.

Contactado de nuevo por este diario, Calvo ha respondido por escrito que ante la información publicada "en relación a la adjudicación de contratos por parte de la DGAIA entre los años 2016 y 2017" quiere "expresar que se trata de una información publicada anteriormente y que no aporta ningún dato nuevo" y que confía que este tema, que "está o ha estado en proceso de análisis por parte de algunos organismos", quedará "totalmente resuelto una vez analizados los datos". En su día, la Conselleria d'Afers Socials, tras la dimisión de Calvo, alegó que este no había firmado ninguna adjudicación, pero la revisión de una veintena de expedientes ha revelado ahora que este firmó adjudicaciones directas o avaló las valoraciones de las ofertas de mayor cuantía. 
 
"Espero que si es necesario aclarar algún aspecto de este periodo se pueda hacer lo antes posible, para poder dar las explicaciones que sea necesario y así resolver definitivamente esta presunta situación", añade Calvo, que ha regresado a actividades vinculadas con la fundación Plataforma Educativa. "Por mi parte continuaré trabajando para contribuir a la mejor de la atención a las personas, especialmente la infancia en riesgo", apunta el exdirector general.

Las adjudicaciones

Los servicios adjudicados a Gentis van desde el apoyo a las familia de menores y adolescentes en riesgo grave dependientes de la DGAIA en las comarcas de Girona por 13.050 euros a la atención psicológica para niños que hayan sido víctimas de abusos sexuales por 8.976 en diversas zonas de Catalunya. Dos de esos cinco contratos fueron firmados directamente por el mismo Calvo, al tener potestad para hacerlo por la cuantía menor de las adjudicaciones, y la ‘exconsellera’ d’Ensenyament Marta Cid. En algunos casos son prórrogas de servicios que ya prestaba la entidad beneficiaria.

Sin embargo, hay otros tres contratos de similares sumas económicas que los rubrica el que era secretario general de la Conselleria d’Afers Socials por ser un concurso público, pero en los que también participó el exdirector de la DGAIA dando el visto bueno a los informes técnicos. En total, Gentis logró adjudicaciones por, al menos, unos 62.000 euros. En ocasiones se disputaban el contrato esta fundación, otra también relacionada con Calvo, como Fasi, y una tercera entidad independiente. 

Centro de menores

Otras adjudicaciones en la que ha participado Calvo, y por las cantidades más importantes, se las llevó la fundación Resilis, que había estado vinculada también a Calvo. Por ejemplo, un contrato de mayo del 2017, esta vez firmado por la entonces ‘consellera’ Dolors Bassa, por la gestión de 20 plazas el  centro de menores de Juià, comarca del Gironès, para adolescentes de la DGAIA. El presupuesto de la licitación era de un poco más de un millón de euros, IVA incluido. El contrato era de ocho meses, aunque prorrogable a ocho años.

A Resilis también se le encargó en abril del 2017 la gestión de 20 plazas en el centro de menores de Tordera, en la comarca del Maresme, para adolescentes dependientes del organismo de atención a la infancia. El presupuesto era de 1,3 millones de euros por nueve meses. En esta licitación entraban desde los gastos diarios por menor hasta los servicios de vigilancia y seguridad del centro.  Esta entidad, sin embargo, también percibió adjudicaciones no tan abultadas, como una de 344.426 euros (julio del 2017) para el servicio de diagnóstico de los menores acogidos en centros de acogida en Girona.

La tercera fundación relacionada con Calvo, Fasi, fue contratada, por ejemplo, para gestionar los servicios de una unidad residencial en la Casa d'Infants de Gandesa, ubicada en dicha localidad, destinada a menores y adolescentes en situación de riesgo o desamparo, así como a sus familias. El contrato firmado en septiembre del 2016 por un plazo de siete meses ascendía a 276.102 euros. Fasi también se hizo cargo de otra unidad en la Casa d'Infants de Tortosa por otros 276.10 euros.

Otra investigación judicial

Se da la circunstancia de que Fasi, Resilis y Gentis están relacionadas de uno u otro modo con la fundación Plataforma Educativa, con sede en Girona. Esta entidad vio involucrada en mayo del 2018 en macroperación policial  por un presunto caso de corrupción en la Diputació de Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona está investigando desde entonces el reparto presuntamente irregular de fondos de cooperación a diversas entidades, entre ellas Plataforma Educativa.

El 24 de mayo del 2018, unos 500 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegaron una macrooperación con 20 registros y 30 detenciones a raíz de un presunto caso de corrupción en la Diputación de Barcelona. Las presuntas irregularidades se remontaban a la época en que Salvador Esteve (CiU) era su presidente. Los investigadores sospechan que el desvío de dinero público a través de subvenciones supuestamente anómalas asciende a más de dos millones de euros. La causa judicial está todavía bajo secreto de sumario.

La operación 'Estela' investiga el reparto supuestamente irregular a empresas, fundaciones y patronales de más de dos millones de euros que debían ser en realidad destinados a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo. Las pesquisas se iniciaron a raíz de un aviso anónimo.

El máximo responsable del reparto supuestamente irregular de esos fondos es Jordi Castells, que era director de Relaciones Internacionales de la Diputación y, tras cesar en ese cargo, fue rescatado por la Generalitat como jefe de servicio de gestión de la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Governació. Castells fue aupado al cargo en la Diputación tras la victoria electoral de CiU en el 2012 por el entonces coordinador, Josep Maria Matas.

Esta etapa convergente comportó cambios en la política de cooperación y desarrollo, dando entrada a entidades con un cariz totalmente diferente. Algunas oenegés y entidades sociales arraigadas en Catalunya fueron desapareciendo del listado, en beneficio de organizaciones estrictamente patronales, como la PIMEC (156.000 euros) y el lobi energético Fundación Empresa y Clima. Una de las subvenciones investigadas fue a Plataforma Educativa.