El PSC y Ciutadans exigen explicaciones al Govern sobre las adjudicaciones de la DGAIA

La diputada del PSC Beatriz Silva ha presentado este miércoles por la mañana una batería de preguntas en el Parlament en las que exige explicaciones al Gobierno catalán a raíz del artículo publicado por EL PERIÓDICO sobre la participación del exdirector de la Direcció General d'Antenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), Ricard Calvo, en las adjudicaciones de servicios por valor de, al menos, casi seis millones de eurios a tres fundaciones a las que había estado vinculado.

La parlamentaria, además, ha solicitado la comparecencia en la Cámara catalana del actual 'conseller' d'Afers Socials, Chakir el Homrani. La anterior responsable de esta cartera, Dolors Bassa, negó que el exalto cargo hubiera firmado contratos con entidades afines, una situación que desmienten los expedientes administrativos analizados por este diario. La diputada de Ciutadans Laura Vilchez se ha sumado a la petición de comparecencia del 'conseller', a la vez que ha solicitado que se le entregue una serie de documentación sobre los expedientes informativos abiertos por la Generalitat. Este partido ya pidió en su día su dimisión.

Un exdirector de la DGAIA adjudicó a tres fundaciones vinculadas a él

La diputada socialista considera necesario que se "ponga luz" sobre la polémica gestión de Calvo al frente de la DGAIA y las cuatro investigaciones abiertas desde diferentes ámbitos por su actuación. Un juzgado de Barcelona, la Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes y la misma Generalitat están rastreando la actuación de Calvo, que dimitió de su cargo en agosto del 2017. El sindicato CGT denunció que era un caso de "puertas giratorias", ya que, tras su cese, volvió a trabajar en entidades relacionadas con las fundaciones a las que había beneficiado. El PSC ha instado al Ejecutivo de Quim Torra que aclare qué papel está jugando en estas investigaciones y si se les ha requerido información.

El destino del dinero

La diputada ha preguntado al Govern el estado en que se encuentra el expediente informativo abierto por la Conselleria d'Afers Socials en julio del 2017 para conocer cuál había sido el destino de los fondos públicos en la época de Calvo, así como que dé explicaciones de por qué firmó el visto bueno de las valoraciones técnicas de adjudicaciones a fundaciones a las que había estado vinculado y qué medidas se han tomado desde el Ejecutivo catalán para evitar que se repitan estas situaciones.

La Generalitat reconoció en el 2017 a los medios de comunicación, según Silva, que de los 235 millones de euros de la DGAIA, 115 se invirtieron en externalizaciones y que, de estos, un 10% fueron a parar a Fasi, una de las fundaciones en la que Calvo trabajó y que percibió adjudicaciones. Fasi forma parte de un conglomerado de entidades que colaboran a través de otra fundación: Plataforma Educativa, entidad en la que Calvo había sido gerente. Este diario ha corroborado telefónicamente que el exalto cargo trabaja actualmente en la sede de esta fundación.

Los socialistas también quieren saber si se cumplieron los procedimientos internos para realizar las adjudicaciones, qué cantidad se otorgó a las fundaciones vinculadas a Calvo (Fasi, Resilis y Gentis) y que se encuentan bajo el paraguas de Plataforma Educativa. En este sentido, Silva ha recordado que la ley de régimen de incompatibilidades "establece que los altos cargos durante dos años siguientes al cese en el cargo" no pueden desarrollar actividades profesionales privadas relacionadas con expedientes en los que hayan intervenido directamente en el ejercicio de su cargo. Por esa razón, Silva reclama saber que medidas ha adoptado la Conselleria d'Afers Socials para garantizar el cumplimiento de este precepto.

Falta de recursos

La diputada asegura que Calvo dimitió en plena polémica y tras ser acusado de haber vuelto a trabajar en fundaciones que habían recibido adjudicaciones públicas cuando él estaba como máximo responsable de la DGAIA. Había concursos para licitaciones de servicios en los que solo se presentaba la fundación con la que había estado relacionado el exalto cargo y, por lo tanto, se le acababa adjudicando. Según la parlamentaria del PSC, "en un momento en que el modelo de atención a la infancia está siendo cuestionado y que faltan recursos para atender a los niños más vulnerables, es más necesario que nunca aclarar a dónde han ido estos recursos".

El PSC también ha hecho una serie de preguntas al Gobierno catalán sobre el informe de la Sindicatura de Comptes en el que detalla irregularidades en la DGAIA en el 2016, en la época de Calvo. En concreto, el dictamen del órgano fiscalizador recoge que se aplicaron criterios de cálculo no previstos o contrarios a las bases de las convocatorias de concursos y que se ha constado una carencia en la supervisión de los procesos de licitación y de los gastos de personal de los servicios que recibieron dinero público.