La Sindicatura de Comptes detecta irregularidades en la DGAIA

La Sindicatura de Comptes ha detectado una serie de irregularidades en las subvenciones y prestaciones que concedió la DGAIA durante el año 2016, cuando Ricard Calvo dirigía este organismo. Introducir criterios no previstos o contrarios a la base de la convocatoria para calcular ayudas, “debilidades” en el control de las subvenciones y carencias en la comprobación de los servicios a extutelados son algunas de las anomalías recogidas en su informe.

El dictamen resalta entre las irregularidades que “el cálculo de las cantidades otorgadas a las entidades beneficiarias de las subvenciones en régimen de concurrencia introdujo criterios que no estaban previstos o eran contrarios a los previstos en las bases de la convocatoria”. Uno de ellos, por ejemplo, era el mantenimiento del servicio prestado el año anterior.

En algún caso, según el organismo fiscalizador, se aplicaron criterios de cálculo que no eran directamente proporcionales a la puntuación obtenida tras la valoración de las solicitudes, contrariamente a lo que exigían las bases de la convocatoria. En el análisis de los documentos de cálculo que justificaban los importes del dinero otorgado a las entidades, la Sindicatura ha encontrado “errores que ponen de manifiesto debilidades en los circuitos internos”, en concreto en 14 acciones subvencionadas desarrolladas por ocho entidades.

Los gastos más significativos imputados en las cuentas justificativas de las actividades subvencionadas son los correspondientes a retribuciones de personal adscrito al desarrollo de la labor. En este sentido, el informe destaca que los circuitos de “control del gasto de personal” imputado al servicio financiado “presentan debilidades”. Señala que se han hallado porcentajes de dedicación de trabajadores que no concuerdan, y justificantes acreditativos de los gastos imputados a proyectos que han recibido ayuda pública que fueron presentados por las entidades beneficiarias fuera de plazo.

Ayudas directas incompletas

La Sindicatura también recoge que, en el 2016, la DGAIA concedió dos subvenciones directas por un total de 36.000 euros en las que la documentación aportada no incluyó la memoria explicativa del cumplimiento de la actividad financiada y en uno de los dos casos tampoco la liquidación definitiva de la actividad.

En cuanto a las prestaciones para menores de edad en situación de riesgo, el dictamen sostiene que se ha encontrado que los expedientes de concesión de estas ayudas no incluyen los preceptivos informes semestrales de seguimiento del compromiso socioeducativo.  

Sobre las prestaciones para jóvenes extutelados, la fiscalización ha puesto de manifiesto "carencias en la comprobación del cumplimiento del requisito de ingresos de la actividad laboral para ser beneficiario de la prestación o de la residencia legal efectiva a Catalunya". Por otra parte, en siete de los 15 expedientes analizados no hay constancia de la revisión periódica de los criterios de evaluación de objetivos y actividades previstas en el plan individual" suscrito por el joven, o bien esa valoración se realizó con una periodicidad superior a la que se establecía.

Por todo ello, la Sindicatura recomienda a la Conselleria d’Afers Socials, de la que depende la DGAIA, que apruebe instrumentos y criterios internos para valorar las subvenciones, que controle si se realizan las actividades que perciben ayuda pública y el cumplimiento de la finalidad de los fondos otorgados, así como que se valore la situación de necesidad de los beneficiarios y la posibilidad de hacer auditorías para verificar el cumplimiento contractual en el caso de la gestión de los jóvenes extutelados.