Bruselas abre expediente a España por la directiva contra el abuso sexual de menores

Los gobiernos europeos deberían haber trasladado a sus respectivas legislaciones nacionales, como muy tarde en diciembre de 2013, la directiva contra el abuso y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Cinco años después España –junto a Italia y Portugal- es uno de los Estados miembros que siguen sin aplicar la normativa, según la versión del Ejecutivo comunitario, y por ello Bruselas ha decidido actuar lanzando un procedimiento de infracción.

“Para garantizar la protección efectiva de los menores frente a los abusos sexuales, los Estados miembros deben cumplir plenamente las disposiciones de la directiva”, ha avisado Europa, recordando que las autoridades españolas tienen ahora dos meses de plazo para responder y corregir los problemas identificados. Si no, el Ejecutivo de la UE podría activar la segunda fase del procedimiento de infracción, con el envío de un dictamen motivado, previo paso a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

James Rhodes: "Es demasiado tarde para mí, pero no para los niños españoles"

La Unión Europea cuenta desde finales del año 2011 con una normativa "estricta" que penaliza estos abusos en toda Europa, que garantiza sanciones a los delincuentes y protege a las víctimas menores de edad. Los 28 deberían haberla transpuesto a más tardar en diciembre de 2013 pero, al vencer el plazo, solo 12 Estados miembros habían concluido el trámite para cumplir con una directiva que incorpora en un mismo instrumento jurídico disposiciones que cubren la investigación y el enjuiciamiento de los delitos y la asistencia a las víctimas y su protección.

Endurece las penas

Por ejemplo, la normativa tipifica un amplio elenco de situaciones que constituyen abusos o explotación sexual de menores con supuestos nuevos como el embaucamiento de menores a través de internet o los abusos sexuales por medios de cámaras web. También endurece las penas, amplía los plazos de prescripción e incluye la evaluación obligatoria de los obstáculos a la hora de denunciar y mecanismos para permitir inhabilitar a delincuentes condenados para el ejercicio de actividades profesionales que impliquen contacto directo y regular con menores.

Para el Gobierno español, todas estas disposiciones están ya incorporadas en la legislación, por lo que "España considera que la directiva ya está transpuesta", según fuentes del Ministerio de Justicia. Es más, el pasado diciembre el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de protección a la infancia que, cuando entre en vigor, según el Ejecutivo, situará al país "a la cabeza de la UE" en la lucha contra los abusos y el maltrato infantil, informa Patricia Martín. 

La normativa eleva, por ejemplo, 12 años, hasta que la víctima cumpla 30 años, el plazo a partir del cual comienzan a contar los plazos de prescripción, introduce nuevos tipos penales para castigar la incitación a través de internet al suicidio, la anorexia o a realizar actos sexuales, e incluye el deber de denunciar y protocolos de prevención y detección en colegios, institutos y centros sanitarios.