La Fiscalía pide prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño Gabriel Cruz

Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable. La Fiscalía de Almería la considera autora de un delito de asesinato con alevosía y agravante del parentesco, dado que en esos momentos era la pareja sentimental del pare del menor. El ministerio público le reclama además que asuma los 200.203 euros del despliegue operativo que durante once días buscó al niño desaparecido cuando salió de la casa familiar en Rodalquilar (Níjar).

El escrito de calificación de la Fiscalía apunta a que la muerte del niño se produjo el mismo 27 de febrero, cuando se le pierde la pista. Falleció por “asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz”, asfixia mecánica por sofocaciónpara lo que la mujer utilizó una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor “hasta vencer la resistencia de la víctima”. El texto menciona que “con la finalidad de encubrir su actuación criminal” Ana Julia ocultó el cuerpo en una fosa que cavó en el exterior de una finca de su pareja, cubriéndolo con tierra y piedras, y que posteriormente trasladó la ropa del niño hasta un contenedor alejado de este lugar.

El ministerio público hace hincapié en la “farsa” que la asesina confesa montó durante la búsqueda de Gabriel para alejar cualquier sospecha sobre su implicación. Así, reprocha el fiscal, apareció “afligida, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo”. Es más, recuerda el escrito que ante la presión cada vez mayor que sentía, simuló haber hallado una camiseta del niño en un cañaveral frecuentado por una expareja que vivía en las inmediaciones, “con la evidente finalidad de despistar en la búsqueda e incluso con el propósito de dirigir sospechas contra la referida expareja”.

En este sentido, el escrito de la Fiscalía hace alusión a la “importante afectación psíquica” que padecen ambos progenitores como consecuencia de la muerte de Gabriel y del conocimiento de la implicación de Quezada y su proceder tras la desaparición del niño, ya que la mujer estaba "integrada en el más íntimo entorno familiar". Por eso, acusa a Quezada también de dos delitos de lesiones psíquicas y pide 10 años de prisión y la prohibición de comunicarse o acercarse a ellos durante 30 años. Solicita además una indemnización de 300.000 euros para cada uno y 160.000 euros para la abuela paterna en concepto de reparación por el daño moral causado, además de reclamarle el pago de 170.000 euros en concepto de lesiones psíquicas, secuelas y gastos médicos y farmacéuticos acreditados por los padres.