El Gobierno intenta a la desesperada salvar su decreto del alquiler

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Manuel Vilaseró

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El Congreso rechazará este martes la convalidación del real decreto ley de la vivienda de alquiler aprobado por el Gobierno el pasado diciembre salvo un improbable acuerdo de última hora que el Ejecutivo busca a la desesperda. Las negociaciones de este lunes con Unidos Podemos han fracasado. Ésta formación mantiene su negativa a apoyarlo al no incluir la posibilidad de que los municipos pongan límite a los precios mientras ni el PP ni Ciudadanos se muestran dispuestos a lanzar ningún salvavidas al Ejecutivo aunque sea en forma de abstención.

La derrota del Ejecutivo, además de poner en evidencia una vez más su debilidad parlamentaria, convertiría en papel mojado el alargamento de tres a cinco de la duración mínima de los contratos y las limitacioens a las fianzas que incluye el decreto. No habrían estado ni un mes en vigor y sólo afectaría a los contratos firmados durante este periodo.

No podrá reprocharse a Podemos que no avisara con tiempo. El decreto se aprobó por sorpresa el 28 de diciembre mientras la formación morada negociaba su contenido. A las pocas horas, su líder Pablo Iglesias recordó que “los pactos son para cumplirlos” en refencia a que la regulación de precios formaba parte del acuerdo prespuestario firmado con Pedro Sánchez.

A los pocos días, Lucía Martín, portavoz adjunta del grupo de UP y diputada de En Comú Podem, advertía que rechazarían el decreto. Lo habian leído a fondo y tampoco se respetaban los acuerdos en materia de desahucios, del derecho al tanteo y retracto de las administraciones frente a los voraces fondos de inversión, ni lo plazos de preaviso del arrendador al inquilino.

Podemos pide la retirada del decreto

La única opción que satisfaría a Podemos era la retirada del decreto o el compromiso de aprobar en un plazo concreto otro complementario. En las negociaciones de última hora, aunque ha habido avances, estos no satisfacen a Podemos "ni en el contenido de la futura norma ni en las garantías" de que se lleve adelante.

La propuesta de tramitar el texto como proyecto de ley una vez convalidado lanzada por el Gobierno ha convencido a otros dos grupos reticentes, PDECat y PNV, que sí votarán a favor, pero no a Podemos. Lucía Martín sostiene que con las tretas que la oposición emplea para retrasar la tramitación de otras normas podría acabar la legislatura sin que la regulación de precios se estableciera blanco sobre negro.

Aunque este argumento ha sido reiterado en innumerables ocasiones, Fomento no creyó al principio que la formación de Iglesias se atreviera hacer efectivas sus amenazas, entre otras razones, porque desactivaría medidas largamente reclamadas como la ampliciacón del plazo mínimo de los contratos.

El ministerio hizo un gesto la pasada semana que pretendía ablandar la posición de Podemos.  La secretaria general de Vivienda, Helena Beúnza, mandó una carta al Instituto Nacional de Estadística (INE) pidiéndole la elaboración de una estadística de los precios de alquiler. Su idea es que se interpretara como un paso previo hacia la regulación de los precios. Pero la formación morada cree que una cosa no tiene nada ver con la otra. “El Gobierno del PP ya anunció algo así en el 2017”, señala Lucía Martín.

El PP ha recordado que desde el primer momento mostró su desacuerdo porque “genera mayor inseguridad y desconfianza en el  mercado”. Es más, presentó una enmienda a la ley de vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que planteaba rebajar otra vez de cinco a tres años el plazo de los contratos.

 Ciudadanos decidió anuncio este lunes que votará en contra porque el decreto hace “justo lo contrario de lo que necesita el mercado, que es más oferta y más seguridad jurídica para los propietarios”. “Con menos oferta, como es obvio, los precios no bajarán”, añaden.