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El Gobierno quiere dar un impulso definitivo a la mediación

En ciertos asuntos civiles y mercantiles será obligatorio para las partes asistir a una reunión exploratoria antes de ir al juez

El Periódico

La ministra de Justicia del actual Ejecutivo, Dolores Delgado.

La ministra de Justicia del actual Ejecutivo, Dolores Delgado. / FERRAN NADEU

Con la vista puesta en descongestionar los juzgados, acortar los tiempos de espera y ahorrar dinero a las partes, el Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de ley de impulso a la mediación, que pretende implantar de manera definitiva en España esta figura como vía para resolver extrajudicialmente los conflictos en los ámbitos civil y mercantil, como divorcios o impagos de alquileres, de forma más agil. 

En la actualidad los litigantes pueden acudir a la mediación de forma voluntaria, pero con la entrada en vigor de la norma, que se prevé tres años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para dar tiempo a que haya mediadores en todos los partidos judiciales, las partes deberán asistir de forma obligada a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias.

Dicha sesión será conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes. En la mediación no se requiere abogado ni procurador y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial.

Mejor formación

Para actuar como mediador será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o en los registros habilitados a tal fin por las comunidades autónomas. Se apostará además por una mejor cualificación profesional del mediador en el ámbito del Derecho de familia, por lo que se le exigirá formación en igualdad y detección de violencia de género, de forma que, si iniciado el procedimiento observa indicios de delito de violencia machista, ponga fin al mismo.

En el plazo de un año desde la publicación de la ley se prevé la modificación de los planes formativos del grado en Derecho así como de otros grados afines para incluir la asignatura de mediación como obligatoria.