26 sep 2020

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INFORME DE LA ONU

Las 769 muertes de inmigrantes en patera este año frente a España triplican las del 2017

Más de 56.000 simpapeles han llegado por mar este año frente a las 20.000 del anterior

Catalunya ha acogido este 2018 a 2.200 refugiados, que representan el 22% de los de todo el Estado

El Periódico

Catalunya ha acogido este 2018 a 2.200 refugiados, que representan el 22% de los de todo el Estado. / EFE/ROMAN RIOS. VIDEO: EFE

Un total de 769 personas han perdido la vida en el mar tratando de alcanzar las costas españolas hasta el 19 de diciembre, un 344 % más que en todo el 2017, cuando se contabilizaron 223 muertes de migrantes, según las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con el último informe de este organismo de la ONU para la migración en este ejercicio llegaron a las costas españolas 56.480 migrantes en pateras a través de la ruta del Mediterráneo occidental, un 281% más que los 20.043 del 2017.

Bajada en Italia e incremento en Grecia y Chipre

Según los datos de la OIM, las llegadas de inmigrantes a través de la vía marítima se redujeron de forma drástica en Italia este año -de los 118.914 de 2017 a 23.126- y se incrementaron en Grecia -de 28.800 a 31.310 este año- y Chipre -de 501 a 1.035-.

La OIM apunta que las llegadas a España hasta el 19 de diciembre supone casi la mitad -49,93 %- de todas las llegadas irregulares a través del Mediterráneo a la región conformada por España, Italia, Grecia, Chipre y Malta. El organismo calcula que el ejercicio, con una media de 160 personas por día, es posible que en 2018 se superen las 58.000 llegadas.

Sin derechos humanos

En uno de sus últimos informes, la OIM remarca que en la ruta del Mediterráneo occidental, que emplean grupos de migrantes que parten de Marruecos y Argelia, existen "notables dificultades" en materia de protección y graves violaciones de derechos humanos.

Entre ellas destacan, además de las muertes en el mar, el desierto y otros lugares de tránsito, las desapariciones de migrantes, situaciones de explotación y abuso físico y emocional, trata de personas, tráfico de migrantes, violencia sexual y de género, detenciones arbitrarias, trabajos forzosos, peticiones de rescate y extorsiones.

2.200 refugiados en Catalunya

En relación también con la inmigración, Catalunya ha pasado de acoger el 1% de los refugiados en todo el Estado a atender el 22% en los últimos dos años y medio, tras el inicio de la crisis europea de las migraciones, y según el Govern, la comunidad catalana ha hecho "un esfuerzo diferencial" pasando de tener 28 refugiados a cerrar 2018 con unos 2.200 beneficiarios de asilo.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, ha observado que 2.200 personas son pocas en relación a la necesidad humanitaria que hay en el mundo, pero "en relación a lo que se ha hecho en el conjunto del Estado --que pasó de 2.300 a 8.600 en el mismo periodo--, Catalunya ha hecho un esfuerzo diferencial claro".

Amorós ha asegurado que el Govern está plenamente comprometido con la causa democrática y de derechos humanos que es el refugio, y aunque tiene que hacerlo "sin recursos extra", ha considerado logrados los objetivos de acoger más y mejor que planteó la 'exconsellera' Dolors Bassa y el actual titular de Trabajo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, Chakir el Homrani.

Ha señalado que Catalunya apoya el programa de acogida del Estado así como las actuaciones de entidades, ha creado un programa para estudiantes refugiados del Líbano, plantea mejoras como implicar a más municipios con un programa en el que participan 20 pueblos pequeños y capitales de comarca y ha trabajado en el acceso de los refugiados a los servicios públicos.

Sin permiso de trabajo

"Creo que en Catalunya debe ser el lugar donde antes un niño refugiado es escolarizado, o uno de los primeros, sin duda. No tenemos queja en este tema y sabemos que es uno de queja en otras comunidades autónomas", y también es donde antes se accede a la tarjeta sanitaria.

"Es el único sitio donde el que el servicio de empleo acepta como miembros de las políticas activas de empleo a personas refugiadas antes de que tengan permiso de trabajo", una iniciativa que realizaron, superando dificultades jurídicas, porque vieron absurdo que no puedan trabajar durante seis meses.

Entre estas mejoras, el Govern modificó en junio de 2017 la ley de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) para que puedan acceder los que no logran inserción laboral al acabar el programa de refugio, y hasta finales de 2018 ha recibido 120 solicitudes, de las que se han aprobado 60 titulares --entre los que puede haber personas solas o familias--.

La mitad se denegó porque no estaban bien presentadas o se consideró que no cumplían los requisitos: "Estamos estudiando las causas de denegación para ver qué ha ocurrido. Que haya una denegación alta, a priori no significa nada, porque tal como está establecida la ley, todas las personas refugiadas que han pasado un programa de refugio, si están en situación de vulnerabilidad, tienen que poder acceder".

Necesidades médicas

Amorós ha lamentado que Catalunya no ha logrado el éxito esperado en la vía humanitaria de acogida: voluntarios catalanes les informaron de centenares de refugiados en campos de Grecia con necesidades médicas, por lo que el Govern pidió al Ejecutivo central reasentar a una cincuentena que eran menores, y que sumaban 300 personas con sus familias.

"Sucedió en el periodo en el que el Gobierno del PP había asumido unos compromisos que debía cumplir jurídicamente, tal como después se ha encargado de sentenciar el Tribunal Supremo", de reubicación y reasentamiento.

La sanidad catalana pública y concertada se ofreció a atender a este grupo, pero de las más de 300 personas propuestas llegaron una veintena, lamenta Amorós, que dice que el Estado aseguraba que estaba dispuesto pero que era Grecia no quería, lo que ve difícil de creer ante la situación en 2016 y 2017 en el país helénico: "Fue muy decepcionante", ha sentenciado.

La Generalitat ha rechazado en reiteradas ocasiones el internamiento de personas en situación administrativa irregular en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca en Barcelona, y preguntado por si ve un cambio de sensibilidad en el actual Gobierno del PSOE, ha respondido que, "en esta cuestión, no".

"El CIE ahora funciona a todo tren", ha observado, y ha añadido que una de las críticas que mantiene el Ejecutivo catalán es la cuestión de la transparencia, así como el hecho de que se encierre en un sitio atendido íntegramente por policías a personas que no han cometido delitos penales, ya que se encierran por faltas administrativas.