Las tres 'emes' sociales del 2019: mujeres, menores y migrantes

Las mujeres -con la controvertida sentencia de 'La manada' y la indignación ciudadana y política que desencadenó, con las calles abarrotadas por la huelga feminista del 8 de marzo y, como colofón, con el cruel asesinato de Laura Luelmo en Huelva-; los menores -las nuevas revelaciones sobre pederastia eclesial en todo el mundo y la llegada masiva a España de chavales extranjeros que, una vez aquí, escapan de cualquier tutela y caen víctimas de redes de delincuencia o de drogas baratas-; y los migrantes -con el punto y aparte que supuso el desembarco del 'Aquarius'-... Si en el 2018, la emergencia social ha tocado hueso en esas tres 'emes', todo apunta a que, irremediablemente, seguirá haciéndolo durante el año que ahora empieza.

Sin todavía presupuestos (ni del Gobierno central, ni de la Generalitat) se hace difícil saber por dónde irán finalmente las inversiones sociales para el 2019, pero sí hay indicios de que, al menos en lo que depende del Estado, algún cambio se va a producir. No está tan claro, en cambio, por dónde irán los tiros en materia autonómica, aunque existe el compromiso de que se van a seguir revirtiendo los recortes de los años de la crisis, sobre todo los que afectan a otras dos 'emes': maestros y médicos, quienes, al borde del colapso, ya protagonizaron el pasado noviembre una huelga histórica en el sector.

La primera 'eme': la de las mujeres

El 2019 va a ser, si los vaivenes de la política no lo impiden, el del endurecimiento de las penas contra aquellos que cometan agresiones sexuales. Eso, después de que el movimiento feminista marcara un hito en España con el paro general femenino convocado el pasado 8-M, que por primera vez en muchos años fue capaz de unir a miles de mujeres bajo una misma denuncia: 'ya basta'. Ya basta de que mueran mujeres por el mero hecho de ser mujeres, ya basta de violaciones y agresiones que pueden quedar incluso impunes porque la ley solo no tiene en cuenta que 'solo sí es sí'.

Apenas mes y medio después de aquella movilización masiva (que también bebió de las fuentes del internacional MeToo), la publicación de la sentencia de la Audiencia de Navarra contra los cinco machotes de 'La manada', condenados solo por delitos de abuso y no de agresión por la violación de una joven durante los Sanfermines del 2016, colmó el vaso y volvió a sacar a la calle la indignación femenina. La resolución fue tan escandalosa que el Gobierno, entonces comandado por el PP, encargó una reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales. Este diciembre se ha conocido ya el informe de la Comisión de Codificación que insta al Gobierno, ahora en manos del PSOE, a que desaparezcan los hasta ahora tipificados como abusos para que cualquier ataque a la libertad sexual sea considerado agresión. Al mismo tiempo, dice el documento, es necesario que se eleven las penas incluso para los delitos más menores.

Los avances, con todo, son tímidos y van lentos. Mientras decenas de mujeres y sus hijos (47 madres y siete niños hasta el pasado 29 de diciembre) siguieron muriendo el 2018 a manos de sus parejas o exparejas -o de perfectos desconocidos, como el de la joven profesora Laura Luelmo-, todavía quedan muchos asuntos sobre la mesa como la regulación de la gestación subrogada (o vientres de alquiler) o la trata de mujeres (lo que supondría la prohibición taxativa de la prostitución), que los legisladores deben empezar a abordar sin dilación los próximos meses.

La segunda 'eme': la de los menores

Algo más adelantada está, eso sí, la regulación de la violencia contra los menores. España se va a dotar este 2019 de una normativa que la colocará a la vanguardia en materia de protección de la infancia, sobre todo en abusos sexuales. El consenso político está, en este caso, garantizado. También la Iglesia católica parece que por fin se ha puesto las pilas, después de que afloraran nuevos escándalos el pasado año (entre ellos, el que en mayo llevó a la dimisión en bloque de todos los obispos chilenos). El Papa Francisco ha convocado a los responsables diocesanos de todo el mundo a un gran sínodo el próximo febrero en Roma para hacer autocrítica y para tomar medidas contra la pederastia. Las expectativas respecto al encuentro son muy altas, pero también son muy fuertes las presiones de los más conservadores dentro de la Iglesia.

Menos consenso hay, en cambio, respecto a qué hay que hacer para garantizar la atención de los denominados 'menas' (menores extranjeros no acompañados), que el pasado 2018 multiplicaron sus llegadas a España y desbordaron los servicios de acogida de algunas comunidades como Andalucía y Catalunya. La situación de estos jóvenes, cuya custodia queda en manos de las administraciones autonómicas, es en muchos casos de absoluto desamparo, como demuestran las ignominiosas imágenes de chicos durmiendo en el suelo de comisarías, la de campamentos urbanos de chabolas donde viven estos chavales o las de chicos esnifando pegamento que se fueron haciendo públicas a lo largo del año pasado.

La tercera 'eme': los migrantes

Parecía que el desembarco del barco 'Aquarius' el pasado junio en el puerto de València, con 629 personas rescatadas de pateras en el Mediterráneo central (y después de que Malta e Italia le denegaran poder atracar), iba a marcar un antes y un después en la política migratoria de España. Y quizás también en la de Europa. Lejos de eso, la UE sigue sin corresponsabilizarse con los países que son frontera exterior de Europa y a España siguen llegando buques cargados de vidas humanas en busca de un oportunidad. También siguen, dicho sea de paso, las concertinas o cuchillas que cubren las vallas de Ceuta y de Melilla, cuya retirada el Gobierno ha anunciado para este 2019. Dice que lo hará durante este primer trimestre. A ver...