La ley contra la violencia infantil ampliará los plazos de prescripción

En España, cada día, se interponen más de 100 denuncias al día en los que la víctima es un menor de edad. Y se calcula que estos datos son solo la punta del iceberg, porque muchos niños no se atreven a revelar los ataques que sufren. En lo va de año, de hecho, 21 menores han muerto por causas violentas. Para intentar frenar este brutal drama, el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes un anteproyecto legal que, de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado antes de que se ponga fin a la legislatura, convertirá a España en un país pionero en la protección a los niños, el colectivo de población, sin duda, más vulnerable. Ese es, al menos, el propósito con el que está trabajando el Ejecutivo, que al llegar al poder creó un grupo ministerial, donde Justicia y Sanidad han llevado la voz cantante, pero en el que han participado también otros ministerios.

En la Unión Europea no hay ningún país que disponga de una ley integral para atajar la violencia en todos los entornos en los que viven los niños. Los países nórdicos tienen legislaciones ejemplares contra el maltrato dentro del ámbito familiar y también hay buenas experiencias en algunos países de América Latina. Pero si España logra dar luz verde al texto legal y este contiene las expectativas generadas “se convertirá en un referente mundial”, explica la directora de políticas de infancia de Save the Children, Ana Sastre.

Juega a favor de la legislación que, a priori, hay consenso político en torno a la necesidad de mejorar la protección legal e institucional del los menores. Si bien, contra la violencia machista también hay un acuerdo de base pero las diferencias políticas han lastrado, en muchas ocasiones, los avances. Las oenegés de la infancia confían no obstante en que, en esta ocasión, PP, Ciudadanos o los partidos nacionalistas no pongan demasiadas piedras en el camino. 

Estos son los principales contenidos de la llamada ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, según ha ido desgranando el Gobierno en diversas comparecencias y conforme al borrador elaborado por Save the Children y la Universidad Pontificia que ha manejado el Ejecutivo:

Definiciones y ámbito de aplicación

La ley prohibirá toda forma de violencia contra menores de acuerdo con la definición contenida en la Convención de los Derechos del Niño en aspectos como el abuso, el maltrato físico y mental, el abandono, la explotación y el abuso sexual y la restauración de los derechos de las víctimas. Además, contendrá medidas específicas contra el acoso en internet y de protección a los colectivos más vulnerables, como menores con discapacidad o LGTBI.

Los objetivos de la norma son fortalecer la conciencia ciudadana en torno al problema con campañas de concienciación, el establecimiento de medidas de prevención efectivas, la mejora de la detección temprana con protocolos en colegios y otras instancias, el empoderamiento de los niños para que sepan detectar el peligro y los actos de violencia, el fomento de una parantelidad positiva y el fortalecimiento del marco jurídico para el correcto enjuiciamiento de los casos y la reparación a las víctimas.

El deber de denunciar

La nueva normativa incluirá el deber de cualquier persona a comunicar los indicios de un delito contra un menor. Para proteger a los denunciantes, estos podrán declarar bajo el anonimato y en condiciones de confidencialidad.

Los colegios, protocolos de actuación

Todos los colegios deberán contar con un responsable de proteger a los niños, cuyo trabajo será supervisado por las Comunidades Autónomas. Asimismo, dispondrán, al igual que los centros sanitarios, los servicios sociales o los ámbitos de ocio y deportivos, de protocolos sobre cómo detectar los casos de violencia y cómo actuar ante ellos. De hecho, se incrementará la formación en estos delitos de profesores, policías, jueces y fiscales y los funcionarios de los servicios públicos tendrán consideración de autoridad pública en situaciones de emergencia.

El registro único de datos

Se creará un registro unificado de menores víctimasregistro de todo tipo de malos tratos y vejaciones, con el fin de que conocer de forma más precisa la magnitud del problema, así como quienes son los sujetos que ejercen la violencia, para que la sociedad tome conciencia y las administraciones puedan adoptar medidas. Y es que, aunque Interior contabiliza el número de denuncias de delitos contra menores, más de 38.000 el año pasado, para precisar la cifra de niños muertos por ataques violentos Save the Children tuvo que recurrir a los casos difundidos en los medios de comunicación. El balance es de 100 menores en cinco años.

Juzgados y fiscalías especializadas

Las oenegés han pedido que se creen juzgados y fiscalías especializadas en violencia infantil, similares a las que ya existen en el ámbito de la violencia machista, y que los menores solo tengan que declarar una vez. Y es que la justicia es uno de los puntos negros de esta lacra. Se calcula, por ejemplo, que solo el 15% de los menores que sufren abusos sexuales se atreve a denunciar y de ellos solo el 30% de los procesos llegan a enjuiciarse.

Aumento de los plazos de prescripción

Uno de los motivos de la impunidad de los pederastas es que cuando sus víctimas se atreven a denunciar lo que sufrieron, en demasiadas ocasiones el delito ya ha prescrito. Por eso, el Congreso aprobó, a iniciativa de ERC, que los plazos de prescripción –de entre 5 y 15 años en función del delito- comiencen a contar cuando el agredido cumpla 30 años. Las oenegés solicitaron en su borrador que se eleve hasta los 50 años. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una visita al Vaticano llegó a decir de que los abusos sexuales a niños serían imprescriptibles, algo difícil de encajar en la Constitución. En cualquier caso, el objetivo del Gobierno es acabar con la impunidad actual.

La inhabilitación y la guardia y custodia

La ley también contemplará una actualización de la inhabilitación especial que atañe a los profesionales y voluntarios que quieran trabajar con niños en el caso de haber sido condenados; así como medidas para restringir la patria potestad, tutela, guarda o adopción en aquellos casos en los que el padre esté siendo investigado o haya sido condenado por violencia machista. Es una de las peticiones recogidas, además, en el Pacto de Estado contra el maltrato.