ANUNCIO DE LA MINISTRA CARCEDO
Todos los colegios deberán tener un protector de los niños
Tal como había prometido, el Gobierno dará luz verde al anteproyecto de ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia antes de que acabe el año. Eso sí, 'in extremis': verá la luz en el último Consejo de Ministros, el del día 28 de diciembre. La pionera normativa incluirá medidas de prevención, sensibilización y detección para tratar de atajar una de las violencias más crueles, la que se dirige contra los niños, en todos sus ámbitos.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, detalló este martes que la ley incluirá el deber de cualquier persona a denunciar los indicios de delito, para lo que se garantizará confidencialidad. Además, se obligará a los colegios a diseñar protocolos frente a la violencia y a nombrar a un responsable de "bienestar y protección", cuya actividad será supervisada por las Comunidades Autónomas. También se instará a la adopción de protocolos en los ámbitos sanitarios, de servicios sociales o deportivos. En este sentido, se considerá a los funcionarios de los servicios sociales como autoridad pública en situaciones de emergencia.
El Consejo de Ministros estudió un primer informe sobre la ley primer informe el pasado 7 de septiembre y desde entonces ha recabado opiniones de las oenegés especialistas en menores, así como de algunos niños, que también han sido invitados a dar su parecer.
Registro único de datos
El primer informe especificó que la normativa pondrá en marcha un registro único que contabilice a los menores víctimas y permita agrupar toda la información estadística, ante la escasez de datos. De hecho, se sabe que el año pasado se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra la infancia, casi 1.000 más que en el 2016, pero para conocer la cifra de niños fallecidos Save the Children tuvo que recurrir a los medios de comunicación y contabilizó 100 asesinatos en los últimos cinco años.
En cuanto a los abusos sexuales, se calcula que la mitad se dirige contra menores y que uno de cada 10 estudiantes dicen sufrir acoso escolar, pero la estadística está años luz de ser completa y fiable, entre otros motivos porque pocos menores se atreven a denunciar.
La prescripción
En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a ampliar los plazos de prescripción, ante la evidencia de que cuando muchas víctimas han sido capaces de digerir la situación para dar el paso de denunciar, el delito de abusos sexuales ha prescrito. Las oenegés pidieron al Ejecutivo que los plazos (de entre 5 y 10 años dependiendo del delito) comiencen a contar a partir de que la víctima cumpla 50 años y Carmen Calvo ha llegado a hablar de que sean "imprescriptibles", algo difícil de encajar con la Constitución española.
Por otro lado, la ministra de Sanidad, en un desayuno informativo, detalló este martes que la eliminación del copago farmacéutico, anunciada ya para los pensionistas, se ampliará a las rentas inferiores a los 9.000 euros con hijos a cargo, si es que salen adelante los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, las cuentas incluirán 800 millones destinados a la dependencia, tanto para eliminar la listas de espera (de 269.9000 pacientes) como para recuperar la cotización de los cuidadores familiares de dependientes.
En un contexto de huelgas y protestas del personal de atención primaria, Carcedo aseguró que pondrá en marcha un marco estratégico para su mejora, que "consolide la política de recursos humanos y que contribuya a su modernización". Igualmente, aseguró que está trabajando para paliar la situación de desequilibrio territorial de profesionales en algunos territorios.
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