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REFORMA DE LA LAU

Entra en vigor la ampliación de la duración de los contratos de alquiler a un mínimo de 5 años

El BOE publica el decreto aprobado por el Gobierno contra la burbuja del alquiler

Manuel Vilaseró

Piso en alquiler en Ciutat Vella, en Barcelona.

Piso en alquiler en Ciutat Vella, en Barcelona. / CHRISTIAN MORALES

Los contratos de alquiler que se firmen a partir de este miércoles tendrán una duración mínima de cinco años en caso de que el arrendador sea un particular y de siete si es una persona jurídica en vez de los tres años que en ambos casos tenían hasta este martes. Este es unos de los cambios que introduce en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado por el pasado Consejo de Ministros cuyo objetivo es atajar la burbuja de los precios en los centros urbanos de las grandes ciudades.

El nuevo texto legal, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes y por tanto entra en vigor el miércoles, no afecta a los contratos firmados anteriormente. Estos se seguirán rigiendo por la normativa anterior salvo que las partes decidan de común acuerdo lo contrario.

Las garantías 

La refoma incluye alargar de 1 a 3 años la prórroga tácita del contrato si ninguna de las dos partes lo denucia a su vencimiento, así como limitar al importe equivalente de dos mensualidades las garantías exigibles al margen de la fianza.

También se facilita la mejora de la vivienda en el transcurso del mismo contrato y sin esperar a su vencimiento y se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corran a cargo del propietario si es una persona jurídica.

Pisos turísticos

Asimismo se exime del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos documentados en el arrendamiento de vivienda para uso estable y se da más posibilidades a las comunidades de propietarios para poner coto a los pisos turísticos, uno de los motivos de los incrementos de precios y de la falta de oferta en las grandes ciudades.

Bastará con que tres quintas partes de una comunidad de vecinos rechacen su implantación para que esta prospere. Por último se introducen medidas para la accesibilidad de los edificios. El decreto no incluye acciones en contra de los pisos vacíos, pero mandata al Gobierno a continuar aprobando medidas para fomentar el alquiler.

Podemos acusó al Gobierno de «incumplir» la parte del acuerdo el que la reforma debía facilitar a los «ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler”.