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70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN

"La Declaración de los Derechos Humanos sigue plenamente incumplida"

Amnistía Internacional denuncia las carencias de España en la protección de inmigrantes, mujeres y libertad de expresión

Nacho Herrero

Una mujer visita la exposición Creadores Valencianos por los Derechos Humanos, organizada por la Universitat de València y Amnistia Internacional.

Una mujer visita la exposición Creadores Valencianos por los Derechos Humanos, organizada por la Universitat de València y Amnistia Internacional. / MIGUEL LORENZO

El 10 de diciembre de 1948, este lunes hace 70 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Treinta derechos que van de la igualdad, la libertad o la prohibición de la esclavitud y la tortura a la seguridad jurídica o la propiedad, que se han convertido en lo que vendría a ser la Constitución de la Humanidad.

España se acercó decisivamente a la declaración con la firma en diciembre de 1976 de los Pactos de Nueva York, que desde 1966 le dan apoyo jurídico y la amplían con aspectos como la libre determinación de los pueblos y los derechos de las minorías. Finalmente, hace 40 años, la Constitución de 1978 la asumió como propia al recoger que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades (...) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Tras cuatro décadas de vigencia, Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), una oenegé cuya actividad gira en torno a la defensa de estos derechos, analiza para EL PERIÓDICO la salud de la misma. "La declaración sigue plenamente vigente y plenamente incumplida", sentencia Beltrán. Subraya la importancia que tuvo asumir "que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos" y también el hecho de que "los derechos están juntos son interdependientes e indivisibles y que no hay mas importantes que otros". Para el responsable de AI, la declaración "es la base de la humanidad que trasciende fronteras" pero recalca que "no se trata solo de un cuerpo moral sino también de un cuerpo legal de obligado cumplimiento".

Una mujer toma una foto en la exposición Creadores Valencianos por los Derechos Humanos. / MIGUEL LORENZO

Amnistía Internacional España y la Universitat de València han organizado una exposición en la que 30 ilustradores reflejan su visión de cada uno de esos derechos y que ha dado pie a que esta oenegé ponga el foco en cuatro derechos, o parejas de ellos, que necesitan una especial atención en el país.

Artículo 2

"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión…"

Beltrán remarca que este derecho "impregna" toda la declaración. Apunta que en el caso de España hay una situación muy grave con las mujeres y recuerda que más de 900 han sido  asesinadas por sus parejas o exparejas. "Hay una buena noticia que es el pacto de Estado que se ha firmado y una mala que es que tarda mucho en verse sus efectos", explica.

Artículos 13 y 14

"Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio…"
"En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".

Desde AI recuerdan que "vivimos la mayor crisis de personas que huyen de conflictos desde la II Guerra Mundial" y cifran en 61 millones a las personas que han tenido que huir pero "la mayoría están en países limítrofes a los suyos, no vienen a Europa".
Por eso califican de "vergonzosa" la respuesta del primer mundo, incluida la de Europa que "está protagonizando una recepción cicatera, limitada y utilizando como guardianes a Libia y a Turquía". Solo Alemania se libra. "El resto se mueve entre la negación xenófoba y racista y la inacción", señala.

Artículo 19

"Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión".

Beltrán recuerda algo obvio. "La libertad de expresión si no molesta no es libertad de expresión", señala. Y recuerda que "no tiene nada que ver con los delitos de odio sino con expresar tus ideas sin que sean delito". El diagnóstico desde AI es claro: "En España hay libertad de expresión pero la tendencia es limitadora".

Artículo 22

"Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo personal".

El director de AI España subraya que "la Constitución solo protege de los derechos sociales el de la educación, que está entre los fundamentales, ni la vivienda ni la salud están adecuadamente protegidos y depende del gobierno de turno que sean olvidados o maltratados".

Enemigos invisibles en España

Desde Amnistía Internacional aseguran que esos cuatro grupos de derechos se enfrentan a escollos invisibles que ponen en grave riesgo su cumplimiento. En el caso de la discriminación de las mujeres, por ejemplo, piden abrir el foco para incluir "la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, hablamos del trabajo, la calle o la universidad", explica Esteban Beltrán, director de la sección española.

Para la oenegé "se trata de un problema masivo" y aseguran que en una reciente macroencuesta "3,2 millones de mujeres dijeron haber sido víctimas en algún momento de violencia o acoso sexual" fuera del ámbito de la pareja.
En la gestión de la inmigración y los refugiados el obstáculo que ven es la enorme distancia entre el discurso del gobierno y su acción real. "En España vivimos un momento de política de discursos positivos pero de acción muy discutible", destaca Beltrán, que recuerda el viraje del nuevo Gobierno para pasar de acoger en junio a los más de 600 inmigrantes del 'Aquarius' a la resistencia a recibir a los 12 del pesquero 'Nuestra Madre Loreto' hace unos días.

Una de las ilustraciones de la muestra con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en València. / MIGUEL LORENZO

Desde la oenegé apuntan que "además, ha habido y sigue habiendo, devoluciones en caliente que violan los derechos humanos porque no hay garantías de que no vayan a ser torturados y se ha aumentado la responsabilidad con las 'devoluciones exprés', que llegan tras un simulacro de garantías procesales que apenas dura un día".

Para Beltran la libertad de expresión tiene un inesperado enemigo. "El problema está en la legislación", sentencia. Apunta a varios frentes, empezando por la 'ley mordaza'. "Ha provocado ya 73.000 sanciones. Su impacto es brutal porque es masivo, hablamos de ochenta multas diarias", recalca.

Beltrán incide también en el código penal y destaca tres elementos "muy preocupantes". "Por un lado, el enaltecimiento del terrorismo que hace que por cualquier expresión en redes sociales sobre ETA o el GRAPO, aunque no haya riesgo de delito ni directa ni indirectamente, se puede ser condenado", recuerda.

"Luego están las injurias a la Corona o en que romper una fotografía del Rey pueda ser perseguido aunque afortunadamente los tribunales europeos ya han dicho que es una opinión política. Y finalmente está la llamada ofensa a sentimientos religiosos, que puede hacer que personas que tienen una determinada opinión sobre algo abstracto puedan ser condenados", remarca. Todo eso junto, explica, extiende la idea de la falta de libertad y también provoca una preocupante autocensura.

En cuanto a la salud y a la vivienda, su falta de blindaje constitucional hace, para Beltrán, que "no se considere que sean iguales que otros y de ahí por ejemplo que el decreto del 2012 retirara el derecho a los inmigrantes (irregulares) en la atención primaria, lo que supuso que se retiraran 740.000 tarjetas". Aunque el decreto ha sido abolido "aún no está definitivamente restituido", afirma. Esa falta de protección constitucional también permite la degradación del sistema, que se palpa en el aumento de las listas de espera o en los copagos farmacéuticos. 
Pero para AI "el caso más grave es el de la vivienda porque nunca se ha legislado como un derecho". Beltrán apunta que "en España no hay un parque publico de viviendas como sí hay en muchos países de Europa, aquí es del 2% y en el Reino Unido es del 17% y en Francia del 32%". Esa situación impide, según dice, que haya "alquileres populares y pone en riesgo de desahucio a la gente". "Si no hay vivienda pública lo que hay son fondos buitres y empresas", sentencia.

Unade las paredes de la exposición. / MIGUEL LORENZO

El director de AI España tira de datos para contextualizar la situación de los menores extranjeros no acompañados (menas), inflamada en la opinión pública por situaciones como el caso del apuñalamiento y la agresión sexual que sufrió una pareja en el metro de Santa Coloma hace ahora un mes o la detención de cuatro de ellos en un centro de Barcelona al no poder contenerlos sus educadores.

"Por un lado hay que recordar que 28 millones de menores han sido víctimas de desplazamientos forzosos pero que de esos, 17 millones se han quedado en sus países", remarca Beltrán. Afirma que "el 51% de los refugiados son menores y que Europa se ha convertido en un continente de destino". 

Pero, con todo eso, señala que "el número de menores extranjeros no acompañados en España no es tan alto, hasta octubre había algo más de once mil cien". Andalucía, Catalunya, País Vasco y Melilla son los principales núcleos. En parte, esa concentración puede estar detrás de algunas situaciones.

En cualquier caso, más allá de que en el último año el número total haya crecido en casi cinco mil menores, el global subraya, es "mínimo", por eso critica "cualquier declaración hablando de falta de recursos o de colapsos". De hecho desliza que hay a quien se le niega esa condición de menor y la protección que implica. En cualquier caso, destaca, lo que falta sería voluntad y políticas de acompañamiento. 

"No se les acoge bien y hay fallos en la detección de la edad que deja a muchos fuera", denuncia. "Con ese número no debería haber problema y ahora el Gobierno ha dicho que va a dedicar 40 millones así que no hay ninguna justificación para no protegerles", afirma.

Porque para AI antes que nada son potenciales víctimas y se destaca especialmente su situación de vulnerabilidad en la Ciudad Autónoma. "En algunos lugares como en Melilla están en la calle y eso no se pude permitir", apunta. "Tienen que estar protegidos por el sistema, pueden ser más víctimas que delincuentes, lo que son es vulnerables", recuerda.