BARÓMETRO DEL TERCER SECTOR

Así financian los ayuntamientos el trabajo de las entidades sociales

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Carlos Márquez Daniel

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Resulta obvio porque son las administraciones con más poder adquisitivo en forma de presupuesto anual. Pero el análisis detallado de la inversión de los entes locales (también las diputaciones y los consejos comarcales) en las entidades sociales catalanas permite dibujar cómo se desarrolla la intervención más de cercanía, la que emana de la política municipalista. Según el barómetro del Tercer Sector Social, los consistorios son uno de los pilares de la financiación del trabajo social, aportando hasta el 85% del montante. Se hace, además, generando puestos de trabajo, y con la mirada puesta, sobre todo, en las personas con discapacidad.

El barómetro se ha presentado este martes durante la apertura del 6º Congreso del Tercer Sector Social, que en esta ocasión, y durante dos días, versará sobre 'Desigualdades sociales, soluciones locales'. De cada 100 euros de inversión local, 85 provienen de los ayuntamientos, 11 de las diputaciones y cuatro de los consejos comarcales. Si se analiza el porcentaje sobre el total invertido en entidades sociales, la media catalana es del 16%. El otro 84% lo asumen administraciones autonómicas y estatales, amén de las donaciones y aportaciones particulares y los fondos europeos. En el caso del área metropolitana de Barcelona, el porcentaje asciende hasta el 21,8%.

Actividad económica

Tan importante es la cantidad como el modo de usarla. En gran parte se le da forma de contrato laboral (87 de cada 100 euros), con lo que eso significa de generación de actividad económica, aunque también hay hueco para la subvención (8 euros de cada 100) y para los convenios (4 euros de cada 100). La situación en los consejos comarcales es bastante similar, pero varía sustancialmente cuando es una diputación quien se presta a ayudar. En este caso, 53 euros son pura subvención, 28 euros son convenios y solo 19 euros son contratos laborales.

En cuanto a los sectores más favorecidos por las arcas municipalistas, las personas con discapacidad reciben el 28,8% de la inversión. Luego viene la infancia (11,9%), las personas mayores (11,6%) y la pobreza y la exclusión social (11,4%). El ámbito de intervención mayoritario es el de la educación en el ocio (14,9%), la atención psicosocial y/o rehabilitación (11,2%), la atención diurna (8,1%) y la inserción laboral (7,6%). En el ámbito global, la educación en el tiempo libre ocupa el sexto lugar, lo que demuestra que los entes locales priorizan la financiación de “actividades que tienen que ver  con la calidad de vida de las personas”, tal y como detalla el barómetro.  

El estudio ha permitido concluir que en la mitad de las ocasiones en las que se establece una relación económica entre las administraciones locales y las entidades sociales, las aportaciones sirven para generar puestos de trabajo. En el 28% de los casos, los trabajos los ocupan personas con dificultades para acceder al mercado laboral. En el barómetro se ha consultado a 562 de las 3.138 entidades que forman parte de la Taula del Tercer Sector. Se les ha preguntado por sus principales inquietudes en su relación con los poderes municipalistas. El 65% hacen referencia a la financiación y a la obtención de recursos no monetarios, lo que vendría a demostrar hasta qué punto las entidades batallan para que unos y otros se unan a su causa.