El Govern y Santa Coloma se culpan mutuamente por la agresión del metro

La detención de los 15 jóvenes de origen magrebí 15 jóvenes  acusados de perpetrar una agresión sexual y un apuñalamiento a una pareja este domingo en el metro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) ha vuelto a poner de manifiesto los límites del sistema de protección y, también, la incomodidad que estos casos generan. La dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), dependiente de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, se ha apresurado a desmentir que los presuntos autores fueran menores de edad. Una manera de decir, indirectamente, que están fuera de su responsabilidad.

"Aún se están haciendo las comprobaciones para saber si hay algún menor entre estos 15 jóvenes. Si los hay, el sistema los protegerá. De momento, sabemos que no hay ninguno que esté tutelado por la Generalitat", ha dicho Georgina Oliva, directora de la DGAIA, quien también ha pedido "no estigmatizar" al colectivo de menores extranjeros no acompañados (los llamados 'menas'). Tampoco ha tardado en producirse el habitual cruce de acusaciones entre las distintas administraciones.

La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha desmentido este lunes al 'conseller' de Afers Socials, Chakir el Homrani, al afirmar que su ayuntamiento sí había notificado al Govern, en diferentes reuniones de la Junta de Seguridad Local, que había jóvenes en situación de vulnerabilidad ocupando, de manera ilegal, el número 111 de la Avenida de la Generalitat de Santa Coloma. Este inmueble ha sido tapiado este lunes. Parlon ha denunciado que lo ocurrido el domingo en el metro "no es un problema aislado" y que se trata de un grupo "localizado".

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este lunes todavía permanecían detenidos cinco jóvenes. Dos del grupo de 15 declararon ser menores, por lo que fueron trasladados al hospital (y no a prisión) para realizarles las pruebas pertinentes. Así, el domingo ingresaron en prisión solo 13, de los cuales ocho ya están libres. Fuentes de la Regió Policial Metropolitana Nord han asegurado a este diario que la mayoría de ellos tenían sarna y que por eso hubo que desinfectar los calabozos de la policía local y de la comisaría de Mossos de Santa Coloma.

El sistema, "desbordado"

Andalucía, Melilla y Catalunya (por este orden) son las comunidades autónomas a las que más 'menas' están llegando. Durante el 2017, pusieron pie en territorio catalán un total de 1.489 menores, mientras que a finales del pasado octubre lo habían hecho ya casi unos 3.000. Es decir, el doble. España ha recibido este año unos 50.000 inmigrantes de todas las edades. "Esta gran llegada ha desbordado el sistema de acogida", reconoce Antoni Pérez, director de Save the Children en Catalunya. 

Por tanto, la situación es complicada, sí, pero hay cosas que la Generalitat podría hacer. "La Administración tiene que ser más previsora y organizar un plan integral que cubra todas las etapas del niño e incluya a 'consellerias' como Salut [lo que controlaría aquellos casos de enfermedades infecto-contagiosas] o Justícia. La DGAIA no puede ser la única administración que se encargue de esto", dice el director de Save the Children Catalunya.

Pérez, además, aboga por alargar el período de integración de estos menores de los 18 a los 21 años. "No puede ser que los dejemos en la calle porque tienen 18 años", dice. Esta última medida la ha llevado a cabo recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron, ampliando hasta los 21 años la ayuda social a la infancia. "Muchos de estos jóvenes tienen dificultades idiomáticas. Démosles más recursos educativos y de empleo. Nos chirría ver a chavales que están en conflicto con la ley antes de cumplir la mayoría de edad. O incidimos en cuanto llegan y los hacemos valiosos, o estamos buscándonos un problema".

Pese al deplorable episodio del metro Santa Coloma de Gramenet, Pérez hace hincapié en que en ninguna comunidad hay "evidencias" de que la llegada de 'menas' aumente la criminalidad. Además, recuerda también que la ciudadanía se encuentra en época de elecciones y que, desde determinados sectores, se pueden lanzar mensajes que generan falsas alarmas.

La mayoría de los jóvenes que llegan son magrebís y vienen a España empujados por múltiples factores, como el cierre de la ruta griega tras el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía en el 2016, el bloqueo de la ruta libia o el deterioro de Marruecos.

Así, la ruta de la frontera sur es hoy una opción real para muchos menores, que vienen, además, empujados por las mafias. Estas cobran dos veces (una por envío y otra por llegada) y mandar menores, dado que no pueden ser devueltos a sus países de origen, les sale económicamente mucho más a cuenta que enviar a adultos que luego son deportados.