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El Gobierno devolverá a la Generalitat las competencias que le quitó la 'ley Wert'

Eleva al borrador de la nueva ley educativa la sentencia del Constitucional que legitima la inmersión lingüística

La Religión no contará para becas y selectividad y Valores Éticos será una mateira obligatoria para todos

Carmen Jané

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. / JOSÉ LUIS ROCA

El Gobierno del PSOE ya ha enviado a los grupos parlamentarios su propuesta para cambiar la ley educativa que aprobó el PP, la LOMCE o 'ley Wert', que tantas críticas había cosechado. El marco legislativo que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez es, desde el punto de vista técnico, una “nueva ley con articulado único", según el borrador al que ha tenido acceso este diario.

El nuevo texto del Ministerio de Educación y Formación Profesional propone devolver más competencias a la Generalitat y al resto de autonomías con lenguas cooficiales (hasta un 45%) para redactar los temarios curriculares, aunque sigue reservando al Estado el 55% de la “distribución de competencias”. 

Y también, al suprimir "la regulación del uso de la lengua cooficial", vuelve a dejar a las comunidades autónomas que legislen sobre la lengua vehicular de la enseñanza, incorporando expresamente la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2018 que anulaba la obligación de que la Generalitat abonara a los padres los gastos derivados de querer escolarizar a sus hijos en castellano, y avalaba la inmersión lingüística en catalán.

La propuesta se abrirá ahora a consulta pública con la intención de generar un debate y recabar el apoyo de la comunidad educativa, un aspecto contrario al camino que tomó el ministro José Ignacio Wert con su polémica ley, que provocó el rechazo sobre todo de los sectores más implicados en la renovación pedagógica. Sin embargo, entre consultas, trámites parlamentarios y demás matizaciones, el texto es difícil que se apruebe antes del verano.

Anuncio de Celaá

También plantea que la Religión confesional deje de tener una alternativa forzosa y que no puntúe para becas y otras medias académicas; es decir, que se considere "no evaluable", un aspecto que la ministra de Educación, Isabel Celaá anunció tan pronto llegó al Gobierno y al que la Conferencia Episcopal se oponía frontalmente. Se pretende así contrarrestar "la imposición académica a una parte del alumnado solo por el hecho de que otros opten por el estudio de Religión confesional", protegida, según el Gobierno, por "una regulación reglamentista" que considera "impropia de una ley orgánica". 

La intención del ministerio es también que la asignatura de Valores Éticos, que en la LOMCE se consideraba alternativa, sea obligatoria y puntuable para todos los alumnos, sin excepciones. 

También en el ámbito religioso, la propuesta del Gobierno no llega a la intención de la Generalitat de retirar el concierto económico a los centros educativos que segreguen por sexos, pero sí muestra su interés de reforzar el principio de la no discriminación por género. En este sentido, anuncia que "se eliminará la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género y se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para que los centros se organicen bajo el principio de coeducación". 

Sin segregación

El borrador del texto legislativo reclama también más atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades especiales y pide "evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de enseñanzas plurilingües". 

El proyecto del PSOE, que deberá ser aprobado por el resto de grupos parlamentarios en el Congreso, elimina también los “itinerarios” en la educación secundaria y asegura que “cualquier opción” conduce a “idéntica titulación”. Celaá se ha propuesto diseñar una ley que garantice "la equidad y la calidad educativa en todos sus niveles" y que facilite "que ningún estudiante quede excluido".

Por ello, persigue eliminar los "itinerarios" que proponía la LOMCE, recuperar el título único de Educación Secundaria Obligatoria, incluso para los titulados en Formación Profesional Básica, que tendrán además el título profesional correspondiente.

Cambio metodológico

Aun así, el texto permitirá que la "organización de los primeros cursos de ESO se haga por ámbitos" y que los estudiantes con más dificultades tengan una atención especial. En ese sentido, incluso, se propone "adaptar las enseñanzas al contexto territorial y, en su caso, al centro" utilizando las materias optativas que pueden incluir trabajos por proyectos, investigaciones o servicios a la comunidad. Y reclama que se fomente "la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional, con el fin de prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia". 

A los alumnos con necesidades especiales, el borrador de la ley propone flexibilizarles el número de años en que pueden cursar los estudios, sean de formación profesional o de bachillerato, facilitarles la promoción de curso o, si han de repetir, establecer "un plan de repetición individualizado".

No a las reválidas

También elimina las reválidas -que ya estaban suspendidas- aunque abre la opción a que los centros puedan hacer pruebas evaluatorias a los alumnos a efectos de evaluar los resultados. Sin embargo, los resultados de estas pruebas no podrán ser publicados en ningún caso, lo que impedirá confeccionar ránkings de centros.

El ministerio critica que la jerarquización de asignaturas que hizo la LOMCE permitiera que un alumno pudiera ir avanzando de curso con varias asignaturas suspendidas sin que le contara hasta llegar a cuarto de la ESO, cuando debía aprobarlas todas las que había ido arrastrando "lo que hace que los alumnos y los equipos docentes se encuentren con problemas de difícil solución". 

Temas: Catalunya

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