Los expertos que revisan los delitos sexuales pedirán una prórroga

El mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha comenzado a estudiar los recursos contra la sentencia de La Manada, que desató una protesta ciudadana tal que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió resucitar la Sección de Penal de la Comisión de Codificación para encargarle la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, el Ministerio ha convocado a sus 28 miembros por primera vez desde el pasado 24 de mayo.

Los catedráticos, jueces, fiscales y abogados que la componen han sido citados para el próximo día 15, fecha en que vence el plazo que, a través de los medios de comunicación, les concedió la actual ministra, Dolores Delgado, para emitir un dictamen. No obstante, al no haberse vuelto a reunir desde que se incorporaron mujeres, fuentes de la comisión señalaron a EL PERIÓDICO que será imprescindible solicitar una prórroga para poder entregar un informe.

Consideran que aunque parten de un borrador, sobre el que Justicia les ha pedido total discreción para no interferir en su importante labor, la puesta en común de los distintos criterios de los miembros para elaborar un dictamen, que sea de la comisión en su conjunto, hará necesario pedir un aplazamiento de la fecha de entrega prevista en un principio. Sobre todo, al no haber vuelto a reunirse desde mayo ni haber mantenido contacto a través de correo electrónico.

Últimos contactos en junio

Los únicos contactos de este tipo que han tenido los miembros de la Comisión se produjeron a principios de junio y se ciñeron al núcleo duro, es decir, a la subcomisión de seis miembros en los que el pleno de la Sección de Penal delegó un primer acercamiento a la reforma para facilitar el debate. 

El trabajo de este grupo quedó interrumpido con el cambio de Gobierno, que se produjo tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y la llegada a Justicia de la actual ministra y su secretario de Estado, Manuel Dolz, que, a diferencia del equipo anterior, son juristas, porque ambos son fiscales.

Desde entonces, los miembros de la Sección de Penal designados para el trabajo preliminar no volvieron a intercambiarse propuestas. De ahí que en la comisión surgiera la sospecha de que el encargo que habían recibido para la reforma de los delitos sexuales se había diluido en la iniciativa legislativa del propio Ejecutivo o en el acuerdo de gobierno suscrito con Podemos, en el que se incluía una ley de protección integral de la libertad sexual y la erradicación de las violencias sobre la mujer. 

Solo agresiones

En su ley, Podemos proponía que todo fuera considerado agresión con distinta graduación de las penas, para dejar de diferenciar entre agresiones y abusos, como ocurre en la legislación sueca, que está entre las estudiadas por los expertos. Así se conjuraría una de las principales críticas que recibió la sentencia de la Manada: que condenó por abusos en lugar de por agresión, aunque las penas impuestas no fueran leves, porque llegaron a los nueve años de prisión. 

Esta opción también estará sobre la mesa de la comisión, porque es compartida por los expertos partidarios de castigar los delitos sexuales cometidos en adultos de una forma similar a como ya se recogen los perpetrados a menores en el artículo 183 del Código Penal.

El órgano asesor del ministerio no iniciará el debate hasta el mismo día 15, y Justicia, como no puede ser de otro modo, tiene total libertad para utilizarlo o no. De hecho, está acometiendo reformas penales en las que no ha entendido necesario consultarlo.