Sanitarios y pacientes rechazan "privatizar" la sanidad a través de las farmacias

En medio de un panorama de centros de salud saturados y médicos y enfermeras reclamando más medios para atender a una población cada vez más envejecida, en algunas comunidades autónomas se están dando pasos encaminados a que sean los farmacéuticos los que hagan ciertas prestaciones sanitarias, como la atención domiciliaria, el control de pacientes crónicos o el seguimiento de las embarazadas. Ante esta situación, enfermeras, médicos, sociedades científicas y usuarios de la sanidad pública se han levantado en pie de guerra para denunciar el intrusismo y el riesgo de que se produzca una “privatización encubierta”, dada la posibilidad de que las farmacias cobren por prestar determinados servicios.

Así, diez asociaciones, entre las que destacan el Consejo General de Enfermería, el sindicato de enfermería Satse, la asociación de médicos y titulados superiores de Madrid Amyts, Facua o la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, publicaron este martes una declaración conjunta en contra de lo que ellos consideran la “mal llamada farmacia comunitaria”, en el que piden a la Comunidad de Madrid que dé marcha atrás en el anteproyecto que permite a las oficinas privadas de dispensación de medicamentos el desarrollo de determinadas actividades sanitarias que “no son de su competencia”, lo que a su juicio provoca “duplicidad” de actuaciones y un “grave conflicto de intereses”.

El médico jubilado y portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, enumeró en rueda de prensa los riesgos de la externalización de estos servicios. En primer lugar, para la salud de los pacientes, puesto que los farmaceúticos no están formados para hacer atención domiciliaria y no disponen, por ejemplo, del historial médico del enfermo. Y, en segundo lugar, para la equidad del sistema, dado que se cobra por ciertos servicios y existe el riesgo de que los profesionales “promocionen” entre los pacientes otros productos, no sujetos a receta médica y de los que las farmacias obtienen cuantiosos beneficios.

Catalunya, metadona, VIH y colon

Madrid es la región con un anteproyecto a favor de las “farmacias comunitarias” más avanzado, pero también hay iniciativas similares en País Vasco y Comunitat Valenciana. En Catalunya el departamento de Salud ha concertado con las boticas la dispensación de metadona, los test rápidos de VIH y las pruebas de detección precoz de cáncer de colon. Por ello, el sindicato catalán de enfermeras iniciará en breve una campaña de protesta, según adelanta Satse.

A nivel nacional, la Mesa de la Profesión de Enfermera ha reclamado a la ministra de Sanidad, María Luisa Carccedo, que aclare si apoya el respaldo que la directora general de Farmacia ha prestado públicamente a las boticas en cuestión.